Víctimas de desplazamiento forzado en Chiapas marchan por sus derechos

CHALCHIHUITÁN.- En una manifestación llevada a cabo este miércoles en la comunidad Tulantic, situada en el municipio de Chalchihuitán, en el estado de Chiapas, en el sureste de México, unas 300 familias indígenas tzotziles, víctimas de desplazamiento forzado en 2017, exigieron al Gobierno que cumpla con una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y que aplique las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Transcurridos seis años desde el desplazamiento forzado en Chalchihuitán, las víctimas denunciaron que las más de 5.000 personas que huyeron de un ataque perpetrado por un grupo civil paramilitar aún no han recibido justicia y son ignoradas por los gobiernos municipal, estatal y federal.

Roberto Guirón Pérez, defensor de derechos humanos y víctima de desplazamiento forzado, declaró a EFE:

El Gobierno mexicano ha rechazado todas nuestras demandas a pesar de las recomendaciones. No ha brindado asistencia humanitaria, a pesar de que hay varias demandas en esas recomendaciones. Por eso, después de seis años, exigimos que el Gobierno cumpla con sus responsabilidades.

El 18 de octubre de 2017, 5.023 personas fueron desplazadas de nueve comunidades. Sin embargo, el 2 de enero de 2018, alrededor de 4.000 personas fueron obligadas a regresar sin contar con condiciones de seguridad ni garantías, bajo la gestión del expresidente municipal y exgobernador Manuel Velasco, según el portavoz de los desplazados, que prefirió mantener su nombre en anonimato por razones de seguridad.

El portavoz explicó que al menos 1.054 personas se resistieron a regresar debido a que ni las autoridades municipales ni estatales registraron sus datos para llevar a cabo un censo, como corresponde, y tampoco proporcionaron medidas de seguridad.

En vista de esta situación, los desplazados instaron al Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a cumplir con las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, fechadas el 28 de diciembre de 2018, y las emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su resolución sobre la reparación integral del daño sufrido por aquellos que perdieron la vida, sufrieron pérdidas en sus cosechas y animales de granja, o perdieron sus hogares y parcelas.

Los manifestantes recibieron el apoyo de organizaciones civiles y de derechos humanos que proporcionaron asistencia humanitaria y jurídica en su momento.

Durante su protesta, los manifestantes recordaron que entre las personas que se negaron a regresar había 255 mujeres, 550 niñas, niños y adolescentes, y 206 hombres. Así declaró Elidia Gómez García, una de las personas desplazadas:

No existen las condiciones necesarias; hemos perdido todos nuestros derechos, incluyendo nuestras tierras.

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Añadió:

Ya no tenemos dónde cultivar nuestros alimentos, nuestras cosechas, como café, maíz y cacahuate. Estamos sufriendo junto con nuestros hijos y nuestros familiares ancianos, porque no tenemos viviendas dignas.

Las víctimas de desplazamiento forzado llevaron a cabo un ritual maya en el que expresaron su gratitud por la vida, pidieron paz y amor para la humanidad, solicitaron que las guerras no se propaguen y demandaron que el Gobierno cumpla con su parte.