Sobornos que comprometen la legalidad del sexenio de Enrique Peña Nieto: Proceso

CIUDAD DE MÉXICO.- A la luz de las revelaciones sobre el caso Emilio Lozoya Austin y el esquema de presuntos sobornos de la constructora brasileña Odebrecht "ponen en duda la legalidad" de la Presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018), ya que habría sido financiada con dinero ilícito, lo cual todavía puede investigar el Instituto Nacional Electoral (INE) al contar con un expediente abierto sobre la materia, de acuerdo a Proceso.

La periodista Jesusa Cervantes, en la edición 2286 del semanario, señala que en documentos del INE, cuyo titular es Lorenzo Córdova Vianello, tienen vigentes investigaciones sobre "presuntas aportaciones ilegales a la campaña de Peña Nieto mediante la empresa Blunderbuss Company de México, las empresas fachada creadas por Odebrecht: Constructora Internacional del Sur y Research Enginnering and Development LTD, así como la suiza Latin America Capital Holding".

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Cabe destacar que en el informe del 12 de febrero de 2020 el Instituto clasificó la denuncia por “probable aportación de entes prohibidos” contra el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Verde Ecologista de México (PVEM), quienes postularon al político mexiquense en 2012, como “sustanciación”. Es decir, no se ha cerrado.

El exconsejero del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), Alfredo Figueroa Fernández, indicó que de comprobarse las acusaciones del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) estaríamos ante una “Presidencia fraudulenta”.

Sumado, dijo el sociólogo, a las indagatorias que mantiene el INE sobre la presunta conexión entre el "modus operandi" de los comicios presidenciales de hace ocho años y de la Gobernatura del Estado de México en 2017, donde ganó Alfredo del Mazo Maza (2017-2023), primo de Peña Nieto.

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Por lo que, apuntó, la pena máxima que tendría que haber aplicado a ambos partidos por superar el límite de campaña, y recibir financiamiento de compañías privadas de México e internacionales es la pérdida del registro.

Figueroa Fernández precisó:

Eso lleva no solamente a sanción. Son partidos que han sido reincidentes plena, absoluta y claramente en términos de estas conductas. ¿Y qué consecuencias puede haber? La cancelación del registro, porque lo que corresponde ahora es poner un alto a este tipo de cosas”.

En consecuencia, afirmó que, al estar en sustanciación el Instituto “está obligado a solicitarle a la Fiscalía General de la República (FGR) la denuncia de hechos y pruebas que aporte Emilio Lozoya, para que como autoridad electoral investigue y aplique la sanción en caso de corroborar los dichos del exdirector de Pemex”, se lee en el reportaje de Cervantes.

En ese sentido, el exconsejero agregó en entrevista con Proceso, que tiene evidencia de que el INE ha estado requiriendo información, no obstante, en el sexenio anterior, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la extinta Procuraduría General de la República (PGR) no hicieron caso de las solicitudes.

“Mi pregunta es qué hizo el Instituto si la Fiscalía no le dio información. Debió denunciarlo y hacerlo público, puesto que el secreto bancario ya no opera para la autoridad electoral", concluyó Figueroa Fernández.

Con información de Proceso