México destina más recursos para la persecución y deportación de migrantes que para la ayuda humanitaria, publica El Universal

Ciudad de México.- El gobierno federal tiene previsto destinar en 2024 un total de 18 mil 948 millones de pesos para el tema migratorio en México. Sin embargo, más del 90% de estos recursos se asignarán a labores de aseguramiento, contención y deportación, en lugar de destinarlos a ayuda humanitaria o asistencia.

De acuerdo a fuentes de El Universal, se espera que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el año 2024 sea aprobado sin modificaciones por la mayoría oficialista. Sin embargo, es importante destacar que este presupuesto asigna únicamente 51 millones de pesos a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), a pesar del incremento significativo en la crisis migratoria y el aumento en las solicitudes de asilo. Se estima que en ese año las solicitudes podrían superar las 150,000.

La mayoría de los recursos para el tema migratorio se destinan a través de la Guardia Nacional (GN), que contará con más de 17,000 millones de pesos, representando casi el 70% del presupuesto total de 2024 de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Hasta junio de 2023, cerca de una cuarta parte de la fuerza de la Guardia Nacional está dedicada a la detección y contención de migrantes en las fronteras norte y sur, de acuerdo con su comandante, David Córdova Campos.

En otras palabras, cerca del 23% de esa fuerza combinada de fuerzas policiales y militares se asigna específicamente para labores de detección. Esto significa que los fondos que el gobierno federal planea destinar a lo que se ha denominado por organismos de derechos humanos y activistas como la "Border Patrol Mexicana" serían aproximadamente de 17 mil millones de pesos.

Esto no incluye los recursos y personal militar de las secretarías de Marina y Defensa, que también participan en operativos, retenes y redadas en las fronteras y rutas migratorias.

A pesar de la crisis de solicitudes de asilo y refugio que se espera supere las 150 mil este año, las autoridades de la Comar se encuentran desbordadas. Los solicitantes tienen que esperar hasta 10 meses para ser atendidos, lo que los obliga a cruzar el país sin documentos, exponiéndolos a deportaciones y al crimen organizado al tener que usar rutas alternativas, ferrocarriles y contratar a coyotes como guías.

En cuanto al presupuesto del INM para el 2024, se establece un aumento de 128 millones 568 mil 908 pesos con respecto al año anterior, llegando a un total de mil 897 millones 727 mil 910 pesos. Sin embargo, activistas y expertos en migración señalan que la mayor parte de estos recursos no se destina a labores humanitarias o al mejoramiento de las estaciones de detención y calidad de alimentos, sino a operaciones de deportación.

Durante el primer semestre de 2023, se gastaron aproximadamente 252 millones de pesos en operaciones de deportación, que incluyen la renta de autobuses y operativos para trasladar a los extranjeros a sus países de origen o a la frontera sur.

Eunice Rendón, de Agenda Migrante, argumenta que los presupuestos asignados para atender a este sector no son suficientes y están limitados, sin proporcionar una respuesta adecuada a la crisis que se vive en ambas fronteras.

La Comar está rebasada actualmente con escasos 40 millones de pesos anuales que no sirven de mucho para atender las más de 100 mil solicitudes de refugio que cada uno de los últimos cuatro años se tiene y que en lo que va de este 2023 ya van 90 solicitudes, por lo que se romperán récords en materia de flujos migratorios”, aseguró.

Señaló que algunos migrantes tienen que esperar hasta 10 meses para recibir atención por parte de la Comar debido a la falta de oficinas, mientras que, en contraste, se han asignado más de 34 mil miembros de la Guardia Nacional para llevar a cabo tareas de contención de extranjeros en las fronteras.

Jerónimo del Río de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho opina que la política migratoria de México y los presupuestos asignados están orientados hacia la persecución y detención de los migrantes en las instalaciones del INM con el propósito de deportarlos. Argumenta que se les trata como criminales en lugar de reconocerlos como personas que huyen de situaciones de violencia y extremas, negando su condición de refugiados.

La Comar es la institución, a pesar de la crisis humanitaria de los migrantes, que recibe la menor rebanada del presupuesto federal, frente a los altos recursos del INM y de otras instituciones de formación castrense, como la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina, que están siendo utilizadas en este sexenio en tareas de control migratorio”, afirmó.

Con información de El Universal.

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