Caso Inés Gómez Mont: Estos serían los años de cárcel que enfrentaría por los tres delitos que la acusan en México
La defensa legal de Gómez Mont promovió un recurso de habeas corpus ante la Corte Federal del Distrito Sur de Florida.
MÉXICO.- Inés Gómez Mont enfrenta tres órdenes de aprehensión vigentes libradas por jueces federales en México por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada, delitos que en conjunto contemplan un tope legal de hasta 60 años de prisión de acuerdo con el Código Penal Federal.
La exconductora fue detenida el pasado 30 de octubre en Florida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) debido a una falta migratoria, por lo que su entrega a las autoridades mexicanas dependerá de la resolución de los procesos de deportación o extradición en curso.
La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, precisó que los mandamientos judiciales corresponden a una causa iniciada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y dos más a cargo de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOR) por irregularidades en los ejercicios fiscales 2014 y 2016.
La investigación documenta un esquema de desvío de 2,450 millones de pesos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPR) mediante empresas fantasma que triangularon fondos públicos hacia las cuentas bancarias personales de la señalada.
¿Cuántos años de prisión podría enfrentar Inés Gómez Mont en México?
La legislación penal mexicana establece rangos de sanción específicos para cada uno de los delitos imputados por la FGR.
Aunque la acumulación matemática teórica de las penas máximas daría 73 años de reclusión, el artículo 25 del Código Penal Federal fija un límite general punitivo de 60 años de prisión para la suma de condenas en el país.
El cálculo final que determine un juez de control dependerá de la acreditación del grado de participación de la acusada dentro de la estructura delictiva, así como de la aplicación de las reglas del concurso de delitos contempladas en el artículo 64 del marco legal.
| Delito Imputado | Fundamento Legal | Pena Mínima | Pena Máxima | Sanción Económica (Días Multa) |
|---|---|---|---|---|
| Delincuencia Organizada (Funciones directivas/supervisión) | Ley Federal contra la Delincuencia Organizada (Art. 4) | 20 años | 40 años | 500 a 25,000 días |
| Delincuencia Organizada (Sin funciones directivas) | Ley Federal contra la Delincuencia Organizada (Art. 4) | 10 años | 20 años | 250 a 12,500 días |
| Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita | Código Penal Federal (Art. 400 Bis) | 5 años | 15 años | 1,000 a 5,000 días |
| Defraudación Fiscal Equiparada (Monto mayor a $3.79 MDP) | Código Fiscal de la Federación (Art. 108 y 109) | 3 años | 9 años por ejercicio | Conforme a liquidación fiscal |
Proceso migratorio en Estados Unidos y recursos de la defensa
Tras ser arrestada en Miami y quedar recluida en el Broward Transitional Center, la defensa legal de Gómez Mont promovió un recurso de habeas corpus ante la Corte Federal del Distrito Sur de Florida para impugnar la detención ejecutada por la autoridad migratoria estadounidense.
El juez federal Jeffrey T. Kuntz otorgó un plazo que vence este miércoles 4 de noviembre para que el ICE presente la justificación legal de la aprehensión, aunque desestimó la solicitud para congelar un posible traslado de la detenida a otro centro de custodia.
En caso de que las autoridades norteamericanas resuelvan su deportación por la estancia migratoria irregular, la FGR notificó que ejecutará las tres órdenes de aprehensión al momento de su arribo a territorio nacional. Paralelamente, la representación diplomática mexicana mantiene activa la solicitud formal de extradición tramitada desde septiembre de 2025 en coordinación con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Estado procesal de Víctor Manuel Álvarez Puga y estatus de fichas internacionales
El expediente judicial de Gómez Mont se vincula de manera directa con la situación de su cónyuge, Víctor Manuel Álvarez Puga, quien fue asegurado por el ICE en septiembre de 2025 bajo causales migratorias y posteriormente obtuvo libertad con supervisión electrónica.
La solicitud de extradición formulada por el gobierno mexicano contra Álvarez Puga fue rechazada por instancias estadounidenses al considerar que los ilícitos imputados no corresponden a delitos de impacto violento.
Adicionalmente, las autoridades federales confirmaron que la Interpol canceló la notificación roja que permanecía vigente contra la pareja desde octubre de 2021. Las dependencias del Estado mexicano reconocieron que la imputada mantiene la presunción de inocencia mientras no se dicte una sentencia condenatoria firme por parte de los tribunales competentes.
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