El Gobierno de México reporta la localización de más de 16 mil personas desaparecidas mediante cruces de datos y operativos de búsqueda, pero reconoce que algunos casos aún requieren confirmación antes de actualizar el registro nacional.

CIUDAD DE MÉXICO.— La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó que, como resultado de la Estrategia Nacional de Búsqueda, el gobierno federal reporta la localización de 16 mil 003 personas que habían sido registradas como desaparecidas. Sin embargo, las propias autoridades reconocieron que una parte de los casos requiere verificaciones adicionales antes de modificar oficialmente su estatus en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

El anuncio se realizó en vísperas de la presentación del informe anual del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED), organismo que ha solicitado la intervención de la Asamblea General de la ONU ante la situación de las desapariciones en México.

Durante una conferencia de prensa, Rodríguez Velázquez, acompañada por el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina Padilla, y la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Martha Lidia Pérez Gumecindo, explicó que los resultados derivan de distintas estrategias, entre ellas el cotejo de bases de datos gubernamentales, la coordinación con las autoridades estatales, la activación de mecanismos de búsqueda inmediata y las labores de campo.

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La funcionaria precisó que varios hallazgos se relacionan con la identificación de trámites oficiales realizados por personas después de haber sido reportadas como desaparecidas. No obstante, aclaró que corresponde a las fiscalías y comisiones estatales de búsqueda modificar el estatus de cada persona en el registro nacional, una vez que existan elementos que acrediten su localización.

Cruces de datos y coordinación estatal, entre las principales vías de localización

De acuerdo con las cifras presentadas por la Secretaría de Gobernación (Segob), los 16 mil 003 casos se distribuyen en diferentes mecanismos de búsqueda.

La Plataforma Única de Identidad permitió localizar a 6 mil 939 personas, mediante el cotejo de diversas bases de datos gubernamentales para identificar posibles trámites administrativos posteriores al reporte de desaparición.

Por otra parte, las autoridades atribuyeron 4 mil 788 localizaciones a la coordinación con las entidades federativas. A través de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata (ANBI), activada tras recibirse un reporte de desaparición, se habrían encontrado otras 3 mil 473 personas.

En tanto, las búsquedas realizadas directamente en territorio dieron como resultado la localización de mil 214 personas.

Las autoridades también informaron sobre revisiones en hospitales, centros penitenciarios y otras instituciones, donde se identificaron registros de personas que podrían corresponder a quienes habían sido reportados como desaparecidos.

En el sistema penitenciario estatal se reportó la posible ubicación de 457 personas, mientras que en centros penitenciarios federales se identificaron 181 casos.

Sin embargo, la secretaria de Gobernación reconoció que, dentro de este último grupo de hallazgos, sólo se contaba con información confirmada en 161 casos: 159 correspondientes a centros penitenciarios estatales y dos a personas detenidas en Colima.

“De estos 161 falta robustecer el dicho de las autoridades penitenciarias de manera técnica y científica a la luz de un experto, no sólo porque ya nos dijeron ‘aquí está’, podemos nosotros cambiar el estatus, se tiene que ir a verificar”, explicó Rodríguez Velázquez.

La declaración evidencia que la identificación de registros administrativos no equivale, por sí sola, a la confirmación definitiva de que una persona desaparecida ha sido localizada. Para actualizar el registro nacional, las autoridades deberán verificar cada caso y contar con elementos suficientes que respalden la información.

Especialistas nacionales e internacionales revisarán el registro

Como parte de las medidas anunciadas, la Segob informó que expertos mexicanos y extranjeros colaborarán en el mejoramiento y la depuración del RNPDNO, con el propósito de fortalecer la información disponible sobre las personas desaparecidas y no localizadas.

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Arturo Medina Padilla dio a conocer que los especialistas fueron recomendados por la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).

Entre los expertos internacionales se encuentran Mayank Kejriwal, investigador del Instituto de Ciencias de la Información de la Universidad del Sur de California; Zubin Jelveh, profesor del Departamento de Criminología y Justicia Penal de la Universidad de Maryland, y Ted Enamorado, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Washington.

La lista también incluye a cinco especialistas mexicanos: Astrid Adriana Pozoas, del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), unidad Veracruz; Esteban Salmón, profesor del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Ernesto Isunza Vera, también del CIESAS-Veracruz; Guillermo Guevara, politólogo del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), y Rodrigo Canales, egresado de la Universidad de Boston.

La participación de estos especialistas busca aportar herramientas técnicas y científicas para revisar la calidad de los datos, fortalecer los procesos de identificación y mejorar la confiabilidad del registro nacional.

La intervención ocurre en un contexto de cuestionamientos sobre la dimensión de la crisis de desapariciones en México y la capacidad de las instituciones para determinar el paradero de las víctimas, así como para garantizar que los registros oficiales reflejen adecuadamente cada caso.

Gobierno rechaza la intervención de la Asamblea General de la ONU

Medina Padilla señaló que viajaría a Nueva York para incorporarse a la delegación mexicana que participará en las actividades relacionadas con el informe del CED, cuya presentación está prevista para el 20 de octubre.

El subsecretario afirmó que su encomienda será exponer las acciones emprendidas por el gobierno mexicano, en particular las derivadas de las reformas legales aprobadas en 2025, a las que la administración atribuye parte de los resultados presentados.

Al mismo tiempo, reiteró que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum no comparte la determinación del Comité de llevar la situación de las desapariciones en México ante la Asamblea General de Naciones Unidas, en el contexto de las preocupaciones sobre posibles crímenes de lesa humanidad.

El funcionario sostuvo que México mantiene una estrategia de cooperación internacional con distintas oficinas de la ONU y destacó el vínculo establecido con el alto comisionado para los derechos humanos, Volker Türk, después de su visita al país.

Durante la conferencia, Medina afirmó que la desaparición forzada cometida desde el Estado no representa, según la posición del gobierno, la explicación general de los casos registrados actualmente en México. Reconoció, no obstante, que existen situaciones en las que participan autoridades, particularmente funcionarios municipales.

“Nosotros hemos dicho que la desaparición en México, hoy, no es desaparición forzada, cometida desde el Estado, hay casos donde participan y donde los principales implicados son autoridades municipales, es lo que hemos visto”, declaró.

Añadió que la prioridad del gobierno es localizar a las personas desaparecidas, investigar todos los casos y evitar que permanezcan impunes.

Caso Tamaulipas: el subsecretario evita responder a cuestionamientos

Durante la conferencia, Medina Padilla fue cuestionado sobre el caso de Nuevo Laredo, Tamaulipas, relacionado con la desaparición de al menos 37 personas y la presunta participación de elementos de la Secretaría de Marina.

La pregunta se centró en las denuncias recientes de familiares de las víctimas, quienes cuestionaron la liberación de 30 de los presuntos implicados y señalaron deficiencias en la actuación de la Fiscalía General de la República (FGR).

El subsecretario no respondió directamente a los señalamientos. En su lugar, argumentó que el informe que presentará el Comité contra la Desaparición Forzada abordará el trabajo del organismo en distintas partes del mundo y no estará dedicado exclusivamente a México.

“El informe que va a dar este comité es un informe de su trabajo en todo el mundo, no es un informe sobre México”, sostuvo.

La respuesta dejó sin aclarar, durante la conferencia, la posición específica del gobierno federal sobre los cuestionamientos de los familiares y las actuaciones judiciales relacionadas con el caso.

Bajas de contenidos digitales vinculados con posible reclutamiento ilícito

En otro apartado de la presentación, Medina Padilla informó sobre acciones para prevenir el reclutamiento forzado de jóvenes, realizadas en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Centro Nacional de Inteligencia y la Guardia Nacional.

Según el funcionario, mediante acuerdos con empresas de redes sociales se ha gestionado la eliminación de mil 737 contenidos y perfiles, de los cuales mil 406 habrían sido dados de baja.

Asimismo, señaló que se eliminaron 613 publicaciones que contenían mensajes relacionados con posibles actividades de reclutamiento ilícito.

Las cifras fueron presentadas como parte de las medidas preventivas del gobierno federal frente a los riesgos de captación de jóvenes por parte de grupos delictivos.

La exposición de estos resultados se produce en medio del debate nacional e internacional sobre la magnitud de las desapariciones, la responsabilidad de las instituciones y la necesidad de fortalecer los mecanismos de búsqueda, identificación e investigación.

Aunque el gobierno federal sostiene que las medidas recientes han permitido localizar a miles de personas, la revisión técnica de los registros y la confirmación individual de los casos serán fundamentales para determinar el alcance de los resultados anunciados y su correspondencia con la situación real de las personas desaparecidas en México.