De 1 a 12 años de edad: El hallazgo de restos de cerca de 80 menores en Zacapu que destapa redes de trata y recién llega al Senado
Por tres años, la posibilidad de que decenas de niños de entre uno y 12 años fueran víctimas de homicidio e incineración clandestina en Michoacán permaneció estancada en los laboratorios de la FGR. Hoy, la presión social llevó la tragedia a la tribuna del Poder Legislativo.
CIUDAD DE MÉXICO.— Tenían entre uno y 12 años de edad. Es el rango que los peritajes preliminares e independientes del colectivo Buscando Cuerpos en Todo México han asignado a las víctimas de uno de los hallazgos más atroces en la historia reciente del país. La estimación indica que en un predio del municipio de Zacapu, Michoacán, habrían sido cremados los restos de cerca de 80 menores de edad, un caso que destapa redes de trata y violencia infantil que apenas logra colarse a la agenda del Senado de la República.
Aunque los primeros hallazgos en la zona comenzaron en 2021 y la acumulación de evidencias se intensificó en 2023, tuvieron que transcurrir tres años de silencio institucional para que el asunto tomara relevancia nacional, forzado por un plantón de las familias frente a la Fiscalía General de la República (FGR).
El método de criba que expuso la omisión oficial
El caso tomó una dimensión inédita cuando las madres buscadoras, encabezadas por la activista Margarita López, detectaron que las herramientas convencionales utilizadas por los peritos oficiales dejaban pasar evidencia crucial. Tras confirmar la presencia de un primer resto infantil en la zona de intervención, el colectivo redujo el tamiz de sus cribas a solo un cuarto de centímetro.
Esta minuciosa labor artesanal permitió filtrar de la tierra lo que las revisiones previas ignoraron: alrededor de 1,600 dientes de leche, además de piezas dentales de adultos, vértebras y falanges en un sitio identificado como punto de cremación clandestina.
Fue a partir del análisis del tamaño y tipo de las piezas dentales recuperadas que las familias establecieron la hipótesis de que las víctimas eran niños de corta edad, un dato que cambió la naturaleza de las investigaciones cívicas en la región.
¿Trata o explotación? Las sombras sobre los 80 menores
La naturaleza de los restos y las condiciones del predio llevaron a las familias a plantear líneas de investigación que involucran a la delincuencia organizada en delitos de extrema gravedad. Entre las hipótesis del colectivo destacan la explotación sexual, las redes de trata y el tráfico de órganos.
A la fecha, la FGR no ha acreditado ni descartado formalmente estas explicaciones. En un comunicado emitido el pasado 18 de septiembre, la dependencia federal reconoció que los análisis científicos continúan pendientes y que aún no valida oficialmente el origen humano, el número de víctimas ni las causas de muerte en Zacapu.
La degradación de las muestras óseas provocada por el fuego ha sido el argumento técnico esgrimido por las autoridades para justificar la demora en la extracción de perfiles genéticos de ADN.
Tres años de parálisis que terminaron en la tribuna del Senado
La falta de resultados periciales empujó al colectivo a instalar un plantón de más de 15 días frente a las oficinas centrales de la FGR en la Ciudad de México. La exigencia era clara: acelerar las pruebas genéticas para cotejar los restos con el registro nacional de personas desaparecidas.
La presión mediática desplazó el reclamo al terreno político el 23 de septiembre, cuando la senadora Laura Esquivel Torres llevó el expediente al pleno del Senado. Tras solicitar un minuto de silencio por los menores presuntamente fallecidos en el predio, la legisladora presentó un punto de acuerdo para exigir cuentas inmediatas a la FGR y al gobierno del estado de Michoacán.
La urgencia de nombrar a las víctimas
El expediente de Zacapu pone de manifiesto la saturación del sistema forense mexicano y la ausencia de protocolos especializados para la búsqueda e identificación de menores de edad en escenarios de criminalidad compleja.
Mientras los dientes de leche permanecen almacenados en los laboratorios federales a la espera de un dictamen definitivo, las familias advierten que no levantarán la voz. Para las madres que pasaron meses cerniendo tierra a milímetros de distancia, los 1,600 dientes recuperados son la prueba de que cerca de 80 niños de entre uno y 12 años fueron borrados por la violencia, y que hoy el Estado tiene la obligación legal y moral de identificarlos.
Sigue nuestro canal de WhatsApp
Recibe las noticias más importantes del día. Da click aquí
Te recomendamos
Un sitio de 
Grupo Healy © Copyright Impresora y Editorial S.A. de C.V. Todos los derechos reservados