A 12 años de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, familiares cuestionan las nuevas investigaciones sobre funerarias y el Semefo de Iguala mientras el gobierno de Sheinbaum asegura que el caso sigue abierto
Emiliano Navarrete Victoriano, padre del estudiante desaparecido José Ángel Navarrete González, afirmó que las familias no están dispuestas a aceptar avances que consideren insuficientes.
TIXTLA, Gro. — A cuatro días de que se cumplan 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, madres y padres de los normalistas, así como organizaciones de derechos humanos, cuestionaron el rumbo de las investigaciones relacionadas con funerarias privadas y el Servicio Médico Forense (Semefo) de Iguala.
Durante el arranque de la jornada de lucha por el aniversario de la desaparición, familiares acusaron que el avance en estas nuevas líneas de investigación no ha resuelto las preguntas que persisten sobre la participación de autoridades en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.
El gobierno de Claudia Sheinbaum, por su parte, sostiene que existen nuevas líneas de investigación y que se han realizado diligencias a partir del análisis de comunicaciones telefónicas y otros elementos. La Secretaría de Gobernación informó en agosto que también se trabaja en nuevas detenciones y en la revisión de hechos y actores relacionados con el caso.
Padres rechazan retrocesos en la investigación
Emiliano Navarrete Victoriano, padre del estudiante desaparecido José Ángel Navarrete González, afirmó que las familias no están dispuestas a aceptar avances que consideren insuficientes.
“A estas alturas no estamos dispuestos a retroceder con migajas”.
Las declaraciones se produjeron mientras los familiares preparan una serie de movilizaciones que culminarán el 26 de septiembre, fecha en que se cumplen 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
La jornada incluye actividades en Guerrero y Ciudad de México, en un contexto en el que las familias continúan reclamando información sobre el paradero de los estudiantes y el esclarecimiento de las responsabilidades.
¿Qué ocurre con las funerarias y el Semefo?
Una de las líneas recientes de investigación se relaciona con restos humanos localizados en una funeraria de Iguala. En marzo de 2026 se informó del hallazgo de restos que databan de 2014, aunque las autoridades no han confirmado que correspondan a alguno de los 43 estudiantes.
La investigación también ha puesto atención en el funcionamiento del Semefo de Iguala y en posibles vínculos de personas relacionadas con ese servicio. Documentos oficiales de investigaciones anteriores ya habían registrado comunicaciones de integrantes de Guerreros Unidos con una persona vinculada al Semefo, a quien consultaban sobre personas fallecidas.
Estos antecedentes forman parte del contexto que las autoridades deben esclarecer, pero no permiten por sí mismos establecer responsabilidades penales ni confirmar el destino de los normalistas.
ONU-DH pide acceso a información militar y civil
Durante el inicio de la jornada, el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Alan García Campos, sostuvo que el Estado mexicano está sujeto a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
La exigencia se relaciona también con información militar que los familiares consideran necesaria para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.
En marzo de 2026, documentos de la Suprema Corte dieron cuenta de una resolución judicial relacionada con la entrega de más de 800 folios militares vinculados con información generada en 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia de Iguala y otras instancias castrenses. La cifra reportada en distintas etapas del litigio ha variado, por lo que el número exacto de documentos pendientes debe distinguirse de los folios ya entregados.
La discusión sobre los archivos militares es relevante porque los organismos internacionales han recomendado garantizar el acceso a documentos estatales pertinentes para investigar desapariciones forzadas y determinar responsabilidades.
Gobierno anuncia nuevos avances antes del aniversario
La administración federal sostiene que no ha cerrado la investigación. En agosto, la Secretaría de Gobernación informó que existen cuatro líneas prioritarias de trabajo, entre ellas nuevas detenciones, análisis de comunicaciones telefónicas y revisión de hechos y actores relevantes.
La dependencia también anunció que antes de la movilización del 26 de septiembre se presentará a las familias un informe con los avances más recientes.
Así, a 12 años de la desaparición de los estudiantes, el caso permanece abierto y con posiciones encontradas sobre el alcance de las nuevas investigaciones. Mientras las familias exigen acceso completo a la información y resultados sobre el paradero de los jóvenes, el gobierno afirma que continúa ampliando las líneas de investigación para esclarecer lo ocurrido en Iguala.
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