Fiscalías cambiarán protocolo ante desapariciones y estrenan nuevo manual contra la extorsión

MÉXICO. — Las instituciones de procuración de justicia de las 32 entidades federativas del país acordaron la actualización de herramientas clave para el combate a la delincuencia y la protección de los derechos humanos.

Entre las medidas adoptadas destaca la actualización del Protocolo Homologado de Investigación en materia de desaparición forzada de personas y la presentación de un nuevo manual operativo para atender el delito de extorsión.

De acuerdo con información publicada por el medio Expansión de CNN, estos compromisos se alcanzaron durante la LIV Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), llevada a cabo en el estado de Nayarit.

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Las resoluciones buscan fortalecer la capacitación del personal ministerial, optimizar el uso de recursos presupuestales y agilizar el intercambio de información forense a nivel nacional.

¿Qué cambios habrá en la investigación de desapariciones y materia forense?

Los fiscales generales del país acordaron acciones coordinadas para garantizar que la búsqueda de personas y la atención a las familias cuenten con respaldo institucional y técnico adecuado:

• Capacitación y certificación: Se impulsará la difusión del protocolo actualizado, así como la capacitación y certificación obligatoria del personal policial, pericial y ministerial.
• Presupuesto garantizado para 2027: Las autoridades se comprometieron a prever recursos específicos en los presupuestos del año 2027 para dotar a las Fiscalías Especializadas de personal e infraestructura suficiente.
• Banco Nacional de Datos Forenses: Se dará seguimiento continuo a los registros forenses y se mejorará el intercambio de información entre el gobierno federal y los estados.

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Un nuevo protocolo para proteger a defensores de derechos humanos

Durante la reunión plenaria, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) celebró la adopción de un protocolo especializado para investigar delitos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos.

La implementación de este protocolo responde a un diagnóstico de violencia registrado por el organismo internacional:

• Cifras de agresiones: La ONU-DH documentó que, entre los años 2016 y 2025, 184 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas y 43 fueron desaparecidas en relación con su trabajo.
• Detección temprana: La nueva herramienta obliga a las autoridades a identificar desde el inicio de las indagatorias si el delito está vinculado con la labor de defensa de la víctima.
• Líneas de investigación prioritarias: En caso de existir indicios de esta relación, las fiscalías deberán agotar de forma prioritaria las hipótesis ligadas a las actividades de protección de derechos humanos.

¿Cómo operará la estrategia contra la extorsión y los nuevos manuales?

Para hacer frente al delito de extorsión en el país, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia presentó un manual de operación dirigido a las unidades especializadas de atención y persecución de esta conducta ilícita:

• Herramienta operativa: El manual servirá para homologar criterios, compartir experiencias y elevar la capacidad de respuesta institucional.
• Oferta educativa especializada: Se acordó difundir y aprovechar los programas académicos del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) en materia de combate a la extorsión.
• Respaldo al personal: La fiscal general de Nayarit, Elvia Ludmila Heredia Verdugo, destacó la importancia de estas herramientas al señalar que detras de cada indagatoria existen servidores públicos que requieren “preparación, herramientas y condiciones adecuadas para realizar su trabajo”.

Feminicidio y reformas legales: Los otros temas de la agenda

La asamblea plenaria abordó además asuntos prioritarios para el marco legal de la procuración de justicia:

• Prevención del feminicidio: Las fiscalías revisaron los detalles de la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Feminicidio, con el fin de alistar los mecanismos para su futura aplicación.
• Ajustes al Código Nacional de Procedimientos Penales: Se analizaron propuestas de reforma legal orientadas a agilizar los procesos de investigación penal en todo el territorio nacional.