Sheinbaum delimita la intervención del Gobierno en los derechos de las audiencias y asegura que solo actuará ante incumplimientos de las concesionarias de radio y televisión, no por opiniones o posturas editoriales
El Gobierno sostiene que las sanciones recaerán en incumplimientos de las empresas y no en periodistas, conductores u opiniones difundidas.
México — La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró este martes 4 de agosto que los nuevos lineamientos sobre derechos de las audiencias no permitirán al Gobierno decidir qué información es verdadera ni sancionar a una persona por expresar una opinión distinta.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria sostuvo que las disposiciones buscan garantizar el derecho del público a recibir información y conocer cuándo un programa presenta noticias, opiniones o publicidad.
Así como el Gobierno tiene que ser transparente, también los medios de información tienen que tener un código de ética para garantizar el derecho a la información”, declaró Sheinbaum.
La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, explicó que los medios elaborarían sus propios códigos de ética, nombrarían a sus defensores de las audiencias y establecerían mecanismos para recibir quejas.
El proyecto fue publicado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones y permanece en consulta pública del 27 de julio al 21 de agosto de 2026. Por lo tanto, todavía no es el texto definitivo ni genera nuevas obligaciones inmediatas.
¿Qué dijo Sheinbaum sobre las acusaciones de censura?
Sheinbaum rechazó que los lineamientos pretendan controlar las opiniones de periodistas, conductores o comentaristas.
La Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece que las reglas deben respetar la libertad de expresión, la libertad editorial y la libertad de programación. También prohíbe expresamente cualquier tipo de censura previa sobre los contenidos.
El proyecto de lineamientos repite esa protección y señala que sus disposiciones no pueden interpretarse para limitar el derecho a la información o ejercer censura previa.
La Presidenta había señalado previamente que las sanciones no se dirigirían contra comunicadores ni se impondrían por el contenido de una opinión.
De ninguna manera tiene que ver con un comunicador, con sancionar a un comunicador o sancionar por el contenido de la comunicación”, declaró el 31 de julio.
¿Qué tendrían que hacer las estaciones de radio y televisión?
Las concesionarias tendrían que cumplir con obligaciones destinadas a que las personas identifiquen la naturaleza de los contenidos que reciben.
Entre las principales medidas se encuentran:
- Elaborar y publicar un código de ética.
- Designar a una persona defensora de las audiencias.
- Ofrecer un procedimiento para presentar quejas.
- Diferenciar la información noticiosa de las opiniones.
- Identificar la publicidad, los patrocinios y los contenidos pagados.
- Garantizar medidas de accesibilidad para personas con discapacidad.
Los códigos de ética incluirían los principios editoriales de cada medio, sus valores, los mecanismos para nombrar al defensor y la forma en que las audiencias podrán presentar inconformidades.
¿Cómo se distinguirán las noticias de las opiniones?
En televisión se utilizarían mensajes, cortinillas, placas o elementos visibles al inicio y al final de los programas.
Estos avisos indicarían si el conductor presenta información noticiosa, combina noticias con opiniones o participa en un espacio dedicado principalmente al análisis y los comentarios.
En radio se emplearían mensajes sonoros con la misma finalidad.
La medida no impediría que un conductor opine. Su objetivo sería informar al público sobre el tipo de contenido que está escuchando o viendo.
¿Qué cambiaría para la publicidad dentro de los programas?
- El proyecto prohíbe presentar publicidad o propaganda como si fuera información periodística.
Los espacios comerciales integrados dentro de un programa tendrían que identificarse. En televisión se utilizaría un símbolo o aviso visible, mientras que en radio debería informarse verbalmente que se trata de publicidad.
También se tendría que anunciar cuando un programa contó con espacios comercializados o patrocinados.
¿El Gobierno decidirá qué noticia es verdadera?
- El proyecto no crea una oficina gubernamental encargada de certificar cada noticia antes de su difusión.
Los propios medios tendrían que establecer en su código de ética los criterios utilizados para verificar información y demostrar que, al momento de publicarla, contaban con elementos para considerarla verdadera.
El borrador también establece que las concesionarias deben adoptar medidas para evitar la difusión de información falsa, descontextualizada o de hechos históricos presentados como actuales.
La revisión comenzaría cuando una persona presente una queja ante el defensor de las audiencias del medio, no mediante una autorización previa del Gobierno.
¿Cómo funcionará una queja contra un programa?
La persona afectada podrá acudir a la defensoría del propio medio y señalar el programa, contenido o publicidad que considere contrario a sus derechos.
El defensor pedirá información a la concesionaria y analizará el material transmitido. Si determina que existió una vulneración, podrá emitir una recomendación para rectificar o modificar el contenido, el programa o la publicidad.
El medio deberá informar qué acciones realizó para atenderla. Cuando no cumpla, el defensor podrá solicitar la intervención de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.
El defensor será nombrado por la empresa, pero deberá actuar con imparcialidad e independencia y no podrá haber trabajado para la concesionaria durante los dos años anteriores a su designación.
¿Habrá multas para los medios de comunicación?
Sí existen sanciones económicas previstas para las concesionarias, pero el Gobierno afirma que no se impondrán por pensar diferente ni directamente contra periodistas.
La ley vigente establece multas equivalentes a entre 0.01% y 1% de los ingresos acumulables por no ofrecer mecanismos de defensa, no nombrar a un defensor de las audiencias o no emitir un código de ética.
Cuando se trate de la primera infracción, la Comisión deberá emitir una amonestación antes de aplicar la multa.
El borrador sometido a consulta también contiene una cláusula que permitiría sancionar infracciones a las disposiciones de los lineamientos dentro del mismo rango porcentual. Además, señala que la Comisión podrá realizar monitoreos y requerimientos.
El alcance definitivo de esa disposición dependerá del texto que apruebe la Comisión después de revisar las opiniones presentadas durante la consulta.
¿Las reglas aplicarán a redes sociales y periódicos digitales?
El proyecto está dirigido principalmente a:
- Estaciones de radio.
- Canales de televisión abierta.
- Servicios de televisión y audio de paga.
- Empresas programadoras de contenidos audiovisuales.
No establece las mismas obligaciones para periódicos impresos, portales informativos independientes ni usuarios de redes sociales.
Las plataformas digitales están sujetas a otras leyes y discusiones regulatorias, pero no forman parte directa de estos lineamientos sobre concesionarios de radio y televisión.
¿Cuándo entrarían en vigor los lineamientos?
Primero deberá concluir la consulta pública el 21 de agosto de 2026.
La Comisión analizará los comentarios de medios, especialistas, organizaciones y ciudadanos antes de aprobar el documento final.
El proyecto plantea que las disposiciones entren en vigor 30 días naturales después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
A partir de ese momento, las concesionarias tendrían plazos específicos para registrar sus códigos de ética y defensores de las audiencias. Mientras no exista una publicación definitiva, las reglas permanecen como una propuesta.
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