Violencia vicaria: madre denuncia incumplimiento de sentencia de amparo y riesgo de perder la custodia de su hijo en Morelos
La violencia vicaria es una forma de violencia de género en la que una persona utiliza a las hijas o hijos, u otros seres queridos, para causar daño emocional a la madre.
A pesar de que una jueza federal reconoció que una mujer fue víctima de violencia vicaria y ordenó medidas para protegerla a ella y a su hijo, el caso continúa sin cumplirse por completo. La madre denuncia que el padre incumplió con obligaciones como el pago de la pensión y evaluaciones psicológicas, mientras enfrenta un proceso que podría derivar en la pérdida de la guarda y custodia del menor. El caso fue documentado por Proceso y corresponde a un litigio judicial en curso, por lo que las acusaciones forman parte de expedientes y resoluciones judiciales.
¿Qué ocurrió en este caso de violencia vicaria?
Una mujer identificada como Salma “N”, cuya identidad fue reservada por motivos de seguridad, obtuvo en abril de 2025 una sentencia de amparo en la que una jueza federal concluyó que existían elementos para acreditar que había sido víctima de violencia vicaria presuntamente ejercida por su exesposo mediante conductas dirigidas hacia el hijo de ambos.
Sin embargo, más de dos años después del inicio de las medidas de protección y varios meses después de la sentencia, la madre afirma que diversas órdenes judiciales continúan sin cumplirse.
Entre ellas señala:
- El incumplimiento del pago de la pensión alimenticia.
- La falta de estudios psicológicos ordenados al padre.
- La omisión de asistir a un taller para padres libres de violencia.
- El riesgo de perder la guarda y custodia de su hijo durante el proceso.
¿Qué es la violencia vicaria?
La violencia vicaria es una forma de violencia de género en la que una persona utiliza a las hijas o hijos, u otros seres queridos, para causar daño emocional a la madre.
Puede manifestarse mediante acciones como:
- Manipulación emocional de los menores.
- Obstaculización de convivencias.
- Amenazas relacionadas con la custodia.
- Incumplimiento de obligaciones familiares para ejercer presión.
- Exposición de los hijos a conflictos constantes entre los padres.
Cada caso debe analizarse de manera individual y ser valorado por las autoridades judiciales.
¿Cómo inició el conflicto familiar?
De acuerdo con la investigación publicada por Proceso, la pareja inició su proceso de divorcio en 2021 ante un juzgado del estado de Morelos.
Durante ese procedimiento, Salma denunció violencia familiar y sostuvo que el padre manipulaba al hijo de ambos para provocar rechazo hacia ella.
En febrero de 2024 ambas partes firmaron un convenio mediante el cual acordaron:
- Que el menor viviría con su madre.
- Que ambos conservarían la patria potestad.
- Un régimen de convivencias para el padre.
- El pago de gastos escolares por parte del padre.
¿Por qué cambió de escuela el menor?
Según el expediente citado por Proceso, un mes después del convenio el padre acudió al domicilio de la madre para amenazarla, motivo por el cual ella presentó denuncias por:
- Violencia vicaria.
- Amenazas.
- Otros posibles delitos que resultaran de la investigación.
Posteriormente, la dirección del colegio solicitó que el niño fuera cambiado de escuela debido a conflictos generados por la conducta atribuida al padre dentro del plantel.
La madre pidió que el nuevo domicilio escolar permaneciera reservado para proteger al menor, pero inicialmente un juzgado local rechazó esa solicitud.
Fue precisamente esa decisión la que motivó el juicio de amparo.
¿Qué resolvió la jueza federal?
La entonces jueza Quinto de Distrito en Morelos, Martha Eugenia Magaña López, concedió el amparo y determinó que revelar la nueva escuela del menor podía poner en riesgo su bienestar.
En la sentencia también señaló que existían antecedentes dentro del expediente relacionados con:
- Amenazas.
- Mensajes ofensivos dirigidos a la madre.
- Conflictos sobre el peso del menor.
- Conductas que podían generar afectaciones psicológicas.
La resolución ordenó diversas medidas, entre ellas:
- Mantener protegida la información de la nueva escuela.
- Practicar estudios psicológicos al menor.
- Evaluaciones psicológicas a ambos padres.
- Analizar si el régimen de convivencia debía modificarse.
- Investigar los hechos de violencia denunciados.
¿Qué ocurrió con el menor durante el juicio?
Antes de emitir la sentencia, la jueza federal entrevistó al niño.
Durante esa diligencia, el menor no manifestó directamente haber sufrido maltrato de alguno de sus padres, pero expresó que ambos seguían viviendo juntos.
La juzgadora interpretó esa respuesta como un posible mecanismo de defensa propio de su edad y consideró necesario profundizar mediante evaluaciones psicológicas especializadas.
¿Qué pasó tras el cambio de jueza?
Después de la reforma judicial, Martha Magaña dejó el cargo y el expediente quedó bajo responsabilidad de la jueza Perla Fabiola Estrada Ayala.
De acuerdo con la representación legal de la madre, la explicación de la sentencia al menor —que debía realizarse en formato de lectura fácil— se llevó a cabo meses después de la resolución.
La defensa sostiene que durante esa diligencia no se desarrolló el protocolo previsto para facilitar la participación del niño, incluyendo el uso de un perro de apoyo emocional que, según la abogada, no pudo cumplir la función prevista.
¿Qué incumplimientos denuncia la madre?
Según la información publicada por Proceso, la madre sostiene que el padre no ha cumplido diversas obligaciones establecidas durante el proceso, entre ellas:
- Pago regular de la pensión alimenticia.
- Estudios psicológicos ordenados judicialmente.
- Participación en un taller para padres libres de violencia.
Mientras tanto, afirma que el juzgado local ha solicitado información adicional relacionada con:
- El neurólogo que atiende al menor por TDAH.
- El colegio donde estudia actualmente.
- Sus horarios laborales.
¿Por qué existe riesgo de perder la guarda y custodia?
La defensa legal explicó que recientemente se notificó un régimen provisional de convivencias supervisadas entre el padre y el menor.
Sin embargo, asegura que:
- La notificación llegó apenas dos horas antes de la primera convivencia.
- Se promovió un incidente de nulidad por considerar insuficiente el tiempo de aviso.
- Dicho incidente no habría sido comunicado al área encargada de supervisar las convivencias.
Como consecuencia, ese departamento registró la ausencia del menor.
Según la abogada, la madre fue advertida de que, si no acudía a las convivencias ordenadas, podría perder la guarda y custodia del niño.
¿Cuál es la situación actual del caso?
El litigio permanece abierto y las resoluciones definitivas aún no concluyen.
Hasta el momento:
- Existe una sentencia federal que reconoció la existencia de violencia vicaria en favor de la madre.
- Continúan pendientes diversas medidas ordenadas por el amparo, de acuerdo con la defensa.
- El juzgado local mantiene actuaciones relacionadas con el régimen de convivencias.
- La controversia sobre la guarda y custodia del menor sigue en trámite.
Al tratarse de un procedimiento judicial en desarrollo, las decisiones finales dependerán de las resoluciones que emitan las autoridades competentes conforme avance el proceso.
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