Salomón Jara admite que la Fiscalía de Oaxaca entrega vehículos asegurados a funcionarios y alcaldes

La polémica comenzó después de que una persona cuyo vehículo había sido robado lo localizó mediante el sistema GPS.

La unidad no estaba en un corralón oficial. De acuerdo con la información difundida sobre el caso, el automóvil se encontraba en manos de terceros y habría sido utilizado por el comisionado de Mazatlán Villa de Flores, en la Sierra de Flores Magón.

El caso provocó cuestionamientos sobre la forma en que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) administra los vehículos asegurados durante investigaciones o procesos judiciales.

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La propia Fiscalía informó que abrió una investigación interna para revisar el procedimiento y el documento de depositaría que presuntamente permitió la salida de la unidad. La Contraloría Interna inició el expediente 83/A.I./C.I./2026, mientras que la Visitaduría General abrió el 466/vis.gral./2026.

¿Qué dijo Salomón Jara sobre los vehículos asegurados?

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, reconoció que algunas autoridades municipales han recibido vehículos asegurados o bajo resguardo de la Fiscalía.

El mandatario explicó que esta práctica se habría utilizado principalmente para apoyar a municipios con pocos recursos, incluidos aquellos gobernados mediante sistemas normativos internos.

Muchos presidentes municipales nos piden vehículos, entonces yo le pido al fiscal que nos apoye, con los vehículos que están (…) en depositaría o decomisados y hay varios presidentes municipales que los tienen”, declaró.

Jara justificó el mecanismo al señalar que algunas unidades llevaban hasta 10 años abandonadas y que autoridades locales las repararon para volver a utilizarlas.

Según el gobernador, el caso de Mazatlán Villa de Flores ocurrió bajo este esquema y el funcionario municipal habría solicitado directamente el automóvil al fiscal general del estado, Bernardo Rodríguez Alamilla.

¿Por qué el uso de estos vehículos generó cuestionamientos?

El punto central de la polémica es que se trata de vehículos asegurados por la autoridad, algunos de ellos relacionados con reportes de robo o investigaciones.

Por ello, su entrega a funcionarios o autoridades municipales generó cuestionamientos sobre el fundamento legal del procedimiento, el control de las unidades y la posibilidad de que un vehículo pudiera ser utilizado por terceros mientras su situación jurídica aún no estaba completamente resuelta.

La Fiscalía señaló que sus investigaciones buscan esclarecer el destino legal del vehículo asegurado y la posible responsabilidad de los servidores públicos involucrados.

La institución también aseguró que cualquier persona servidora pública que haya actuado al margen de la ley será sancionada conforme a derecho.

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Fiscalía anuncia el fin de las depositarías municipales

Después de la polémica, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca anunció nuevas medidas para reducir la discrecionalidad en el manejo de los vehículos asegurados.

Entre las acciones anunciadas se encuentra la eliminación del esquema de depositarías municipales. La autoridad informó que el número de vehículos entregados bajo esta figura pasó de 60 a 22, con el objetivo de desaparecer por completo este mecanismo.

La Fiscalía también anunció que asumirá un mayor control directo sobre las unidades aseguradas.

¿Qué pasará con los vehículos recuperados?

La FGEO informó que, una vez que una persona acredite legalmente ser la propietaria de un vehículo recuperado, la unidad deberá ser devuelta en un plazo máximo de 72 horas.

La medida busca evitar que los automóviles permanezcan durante largos periodos en depósitos o bajo esquemas que dificulten su localización y devolución.

Además, la Fiscalía anunció la creación de un padrón público en línea con información sobre vehículos robados y recuperados en Oaxaca.

La herramienta permitirá consultar el estatus de las unidades y busca ofrecer mayor transparencia sobre el destino de los vehículos recuperados.

También habrá un servicio gratuito para revisar autos antes de comprarlos

Como parte de las nuevas medidas, la Fiscalía anunció un servicio de verificación gratuita de vehículos.

Las personas podrán solicitar una revisión mediante cita en el Centro de Atención en Línea para confirmar que un automóvil no tenga reporte de robo antes de concretar una compra.

La medida busca reducir el riesgo de que compradores adquieran vehículos con antecedentes que no conocen y facilitar la revisión de la situación legal de las unidades.

El caso que provocó la polémica mantiene abiertas las investigaciones internas, mientras la Fiscalía busca modificar el manejo de los vehículos asegurados y establecer controles para que las unidades recuperadas regresen a sus propietarios legítimos.