Denuncian que el Gobierno de Tulancingo habría simulado la entrega de ayudas a personas vulnerables mediante firmas falsas, fotografías montadas y cheques cobrados sin que el dinero llegara a los supuestos beneficiarios
La Fiscalía Anticorrupción revisa una partida de hasta 4 millones de pesos anuales, tras detectarse registros de apoyos a personas que niegan haber recibido dinero, domicilios fuera del municipio y beneficiarios repetidos.

Habitantes de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, denunciaron un presunto esquema de simulación en la entrega de apoyos sociales, que incluiría falsificación de firmas, uso indebido de credenciales de elector y emisión de cheques que nunca fueron entregados a los supuestos beneficiarios.
Las acusaciones apuntan a la administración municipal encabezada por la alcaldesa Lorena García Cázares, emanada de Morena, y ya derivaron en una investigación penal por posibles actos de corrupción.
De acuerdo con testimonios y documentos oficiales, personas registradas como beneficiarias jamás recibieron el dinero, pese a que existen recibos firmados y comprobaciones de salida de recursos públicos.
La información forma parte de una denuncia presentada ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, integrada en la carpeta de investigación 12-2026-04645, abierta el pasado 13 de abril, según consta en documentos a los que tuvo acceso Proceso.
Cheques cobrados en papel, pero no en la realidad
Uno de los casos es el de Juan Carlos Mejía Vera, habitante de la comunidad de Acocul Guadalupe y dedicado a actividades del campo.
En los registros municipales aparece como beneficiario de mil 900 pesos, con fecha del 10 de abril de 2025. Sin embargo, él sostiene que nunca solicitó ni recibió ese apoyo.
Mejía Vera asegura que las firmas que aparecen en la solicitud y en el recibo no son suyas, aunque reconoce que la copia de su credencial de elector sí le pertenece, sin saber cómo fue obtenida por el ayuntamiento. “Yo no firmé nada ni pedí ayuda”, afirmó.
Fotografías como “prueba” de apoyos que no existieron
Otro testimonio es el de Maricarmen Velázquez Picasso y su hija Citlali Velázquez, quienes también figuran como beneficiarias sin haber recibido recursos.
Maricarmen relató que una regidora local le pidió tomarse fotografías bajo el argumento de un apoyo, imágenes que después fueron utilizadas como evidencia de una entrega de dinero por 2 mil 500 pesos.
Las fotos fueron tomadas frente a un fondo blanco, en el polígono de la colonia Guadalupe, para simular que el apoyo había sido entregado en oficinas oficiales.
“Acepté porque me ayudaron a entrar a trabajar, pero no imaginé que usarían las fotos para justificar dinero que nunca recibí”, explicó.

La partida de apoyos bajo la lupa
Los casos se suman a una denuncia más amplia por el presunto desvío de recursos de la Partida de Apoyos y Ayudas a la Población (441001), que maneja hasta 4 millones de pesos anuales.
La querella fue presentada por el síndico procurador hacendario, Pedro Hiram Soto Márquez, quien documentó beneficiarios fantasma, apoyos duplicados, falta de estudios socioeconómicos y ausencia de pruebas de entrega.
Según la denuncia, las solicitudes se autorizaban sin verificación previa, pese a tratarse de recursos destinados a personas en condición de vulnerabilidad.
“Sin mayor investigación ni corroboración, se decide su entrega”, se lee en el documento oficial.
Funcionarios que autorizaban y validaban los pagos
De acuerdo con la querella, los apoyos eran autorizados por el secretario particular de la alcaldesa, Fernando Vital Licona, y validados por el tesorero municipal, José María Guevara Hernández.
Posteriormente, se expedían cheques que, una vez cobrados, se dispersaban en efectivo, en ocasiones fuera del edificio de la presidencia y sin evidencia fotográfica.
El denunciante subrayó que se anexaban copias de INE y CURP, además de firmas de recepción, sin pruebas suficientes de que el dinero llegó realmente a las personas registradas.
Apoyos a personal del propio ayuntamiento
Entre los beneficiarios señalados aparecen funcionarios municipales, lo cual está prohibido por la normatividad.
La denuncia menciona, entre otros, al director del Panteón Municipal, Juan Carlos Zambrano López; a Giovanna Mayte Zambrano Corte, auxiliar en la oficina de la presidenta; y a Agustina Elizondo Flores, trabajadora del DIF municipal.
También se documentó el caso de Karla Isabel Cuanalo Vargas, quien recibió múltiples apoyos por distintos conceptos y montos, además de recursos del programa Mujer Emprende y Transforma.
Posteriormente, fue contratada por el ayuntamiento en septiembre de 2025 como auxiliar administrativa.

Domicilios repetidos y beneficiarios fuera de Tulancingo
La investigación detectó 38 apoyos concentrados en solo 11 domicilios, ubicados en colonias como Lindavista, Jardines del Sur, Campo Alegre, Huapalcalco y San Nicolás. En un solo domicilio, en calle Chiapas 200, colonia Lindavista, se registraron cinco apoyos distintos.
Además, hay beneficiarios con domicilios en otros municipios e incluso en otros estados, sin acreditar residencia en Tulancingo. Un ejemplo es la póliza de egresos 4419, que documenta apoyos a personas con domicilio en Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero.
Apellidos repetidos y apoyos duplicados
El síndico también documentó familias completas beneficiadas, lo que sugiere un reparto discrecional de recursos. Entre los apellidos que se repiten están Flores Cázares, Cuanalo Vargas, Galindo Martínez, Lemus Salinas y Zambrano López.
Asimismo, se identificaron 37 casos de apoyos duplicados o triplicados, como el de Jessica González Gómez, quien recibió tres entregas distintas, y Nieves Vargas Ibarra, con dos apoyos de 3 mil pesos cada uno.

Solicitudes genéricas y sin sustento
Entre las irregularidades figuran solicitudes con argumentos genéricos, sin estudios socioeconómicos ni comprobación de vulnerabilidad.
En un caso, una mujer identificada como Teresa recibió 3 mil pesos, pese a no acreditar residencia en Tulancingo. En otro, un hombre llamado Gregorio obtuvo mil pesos, sin evidencia fotográfica de la entrega.
En ambos expedientes, la falta de documentación no impidió la autorización del apoyo, según la denuncia.
Qué sigue en la investigación
La carpeta de investigación se encuentra en manos de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, con información adicional proporcionada por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo.
Las autoridades deberán determinar si existió desvío de recursos públicos, falsificación de documentos y uso indebido de datos personales.
Mientras tanto, los denunciantes exigen transparencia, rendición de cuentas y sanciones, al considerar que los apoyos sociales fueron utilizados para simular ayuda a personas vulnerables que nunca recibieron un solo peso.
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