Mientras México acumula 44 mil 894 reportes de violencia digital en menos de dos años, un colectivo de hacktivistas ha identificado a más de 540 agresores y elimina contenido íntimo para proteger a las víctimas

La violencia digital continúa creciendo en México y miles de personas enfrentan sus consecuencias cada año. Mientras las autoridades reportan decenas de miles de denuncias relacionadas con violación a la intimidad sexual, amenazas, difamación, extorsión y robo de identidad, un grupo de mujeres en Oaxaca ha decidido actuar directamente para ayudar a las víctimas a retirar contenido íntimo que circula en internet.

De acuerdo con información recopilada por El Universal y datos proporcionados por la Guardia Nacional, del 1 de octubre de 2024 al 29 de mayo de 2026 se registraron 44 mil 894 reportes ciudadanos relacionados con distintos delitos de violencia digital. Al mismo tiempo, el Colectivo DLR, integrado por sobrevivientes de este tipo de agresiones, recibe cerca de 80 denuncias diarias y ha identificado a más de 540 presuntos agresores sexuales.

La problemática ha puesto sobre la mesa una realidad que afecta principalmente a mujeres y menores de edad: la rapidez con la que se difunden imágenes, videos y datos personales en internet, frente a procesos de denuncia que en muchos casos resultan lentos o poco efectivos.

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¿Qué es el Colectivo DLR y cómo ayuda a las víctimas de violencia digital?

El Colectivo DLR nació en Oaxaca en 2019 y fue fundado por Andy Torres. Está integrado por nueve mujeres sobrevivientes de violencia digital que utilizan conocimientos técnicos para localizar y retirar contenido sexual compartido sin consentimiento en redes sociales y plataformas digitales.

Según explicó Torres, el proyecto comenzó después de ayudar a una amiga cuya intimidad había sido vulnerada, formando parte de grupos donde hombres compartían fotos privadas de sus novias.

Borré las fotos, capturé la información de todos los que estaban ahí e hice una publicación con fotos de los integrantes, sus nombres, todos sus datos y lo que habían hecho”, dijo.

A partir de esa experiencia, el grupo comenzó a investigar comunidades digitales donde se distribuían fotografías y videos íntimos de mujeres sin autorización.

Actualmente, además de solicitar la eliminación de contenido, las integrantes realizan investigaciones digitales, rastrean información relacionada con los agresores, elaboran campañas de prevención y generan denuncias públicas cuando identifican conductas que consideran delictivas.

También han construido dos registros de presuntos agresores sexuales: uno estatal y otro nacional.

¿Por qué muchas víctimas buscan ayuda fuera de las autoridades?

Una de las principales razones es la urgencia.

Las integrantes del colectivo explican que muchas personas llegan después de haber acudido a fiscalías sin obtener respuestas rápidas. Mientras los procedimientos legales avanzan, el contenido íntimo continúa circulando en internet, generando daños emocionales y sociales.

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Por ello, DLR suele recomendar que las víctimas denuncien formalmente antes de retirar el material, ya que eliminarlo puede dificultar la preservación de pruebas para una investigación judicial.

Sin embargo, muchas personas priorizan detener la difusión del contenido debido al impacto inmediato que enfrentan en su vida diaria.

¿Cuáles son las consecuencias de la violencia digital para las víctimas?

Especialistas consultados por El Universal señalan que los efectos pueden ser profundos y prolongados.

La abogada penalista Vianney Martín del Campo explicó que en diversos casos acompañados por ella, las víctimas fueron diagnosticadas con trastorno de estrés postraumático, ansiedad y depresión.

Las afectaciones también pueden extenderse al entorno social, académico y laboral.

El colectivo ha documentado casos de personas que abandonaron sus estudios, dejaron de trabajar o redujeron significativamente su vida social por temor a que familiares, compañeros o empleadores vieran el material difundido.

Una sobreviviente identificada como Ana relató que tras la filtración de contenido íntimo experimentó ansiedad, incertidumbre y miedo ante la posibilidad de que su familia se enterara. Además, afirmó que inicialmente recibió respuestas revictimizantes por parte de algunas autoridades.

“Lo que buscamos es poder borrar la información para que puedan regresar a su entorno social, que no vivan con ese miedo y que puedan vivir su vida”, dijo el colectivo.

¿Qué tipo de delitos encuentran los hacktivistas durante sus investigaciones?

Las integrantes de DLR aseguran que la difusión de imágenes íntimas suele ser apenas una parte de una cadena más amplia de violencia.

Entre los delitos que han identificado se encuentran amenazas, acoso, exhibicionismo, violencia psicológica, abuso sexual, corrupción de menores, pornografía infantil y otros delitos sexuales.

Andy Torres relató que durante sus investigaciones han detectado grupos donde se comparte material relacionado con abuso sexual infantil y otros espacios digitales donde presuntamente se comercializan imágenes obtenidas de manera ilegal.

Estas investigaciones, afirman, representan uno de los mayores retos emocionales para quienes integran el colectivo.

¿Qué obstáculos existen para aplicar la Ley Olimpia en México?

Aunque la llamada Ley Olimpia permitió tipificar y sancionar la violencia digital en gran parte del país, especialistas y activistas consideran que aún existen importantes desafíos para su aplicación efectiva.

Uno de los principales problemas es la falta de protocolos homologados entre estados y fiscalías.

Según denuncian las activistas, muchas víctimas encuentran dificultades para presentar denuncias debido a la falta de capacitación especializada o desconocimiento sobre cómo investigar delitos cometidos en entornos digitales.

Además, la legislación presenta diferencias entre entidades federativas, lo que puede complicar la atención de los casos.

“Cuando una víctima va a denunciar. Te evaden, te dicen: ‘Híjole, no, es que esto no esto no no aplica, así no funciona’”, y hace que las personas desistan.

“Actualmente, no tenemos quien aplique ‘La Ley Olimpia’, no tenemos quien investigue, entonces aunque se denuncie podrías quedarte exactamente igual. El delito cambia en diferentes estados, no en todos es violación a la intimidad sexual y no en todos los estados cuentan con el conocimiento para llevar la denuncia de la manera adecuada. A las víctimas las hacen perder el tiempo, te las hacen bolas y las regresan para que lleven más información: ‘Traéme el nombre de la personas, porque ahí me aparece ‘anónimo 1’ y yo no sé quién es anónimo 1’”, reclamó Andy Torres.

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Han recibido amenazas

El colectivo DLR fue el encargado de exhibir la existencia del denominado “Grupo Sierra XXX”, integrado por alrededor de 140 funcionarios de Oaxaca, entre ellos Donato Vargas, actual Coordinador General de Delegados de Paz Social del estado. En ese espacio se difundía contenido sexual de mujeres de la Sierra Mixe, una situación que fue denunciada por la abogada y activista Sandra Domínguez. La defensora estuvo desaparecida desde octubre de 2024 y sus restos fueron localizados en abril de 2025.

Además: Señalan a exasesor de alcaldesa de Acapulco por el asesinato de opositor a la presa La Parota; la víctima había denunciado extorsiones.

“Por ejemplo, encontramos un grupo de profesores que hacían contenido de abuso sexual en las escuelas; les subían la falta a las niñas y les tomaban fotos. Ahora, trabajamos en un caso de grupo de abuso sexual infantil, todos son bebés. Para entrar es necesario que los integrantes pongan un nickname en una hoja, la colocan sobre la cara al bebé y toman una fotografía. En el grupo suben imágenes y videos haciéndoles muchas cosas”, denunció Andy Torres.

Debido a los riesgos que implica su labor de hacktivismo, integrantes de DLR explicaron que han implementado diversas medidas de protección. Entre ellas, mantener en reserva la identidad de las integrantes, designar a Andy como vocero del colectivo, utilizar capuchas en sus apariciones en redes sociales y operar bajo seudónimos.

¿Qué dicen las autoridades sobre el aumento de la violencia digital?

Juan Carlos Báez Martínez, titular de la Dirección General Científica de la Guardia Nacional, reconoció que México ha avanzado en materia legislativa, pero admitió que aún existen desafíos importantes para investigar delitos digitales.

El funcionario señaló que gran parte de las agresiones contra la intimidad sexual se originan en relaciones de confianza que posteriormente son traicionadas.

También advirtió que muchos agresores aprovechan los sentimientos de culpa y vergüenza que experimentan las víctimas para dificultar que denuncien.

Por ello, hizo un llamado a la sociedad para rechazar y denunciar cualquier contenido íntimo compartido sin consentimiento.

¿Qué herramientas existen para denunciar violencia digital en México?

Las autoridades federales destacan cuatro mecanismos principales.

El primero es el Centro Nacional de Delitos Cibernéticos Contra Menores, enfocado en investigar material relacionado con abuso sexual infantil.

El segundo es la línea telefónica 088, donde las víctimas pueden recibir orientación jurídica y técnica.

El tercero son los ciberpatrullajes realizados por la Guardia Nacional para identificar posibles delitos en internet.

Finalmente, existe coordinación con empresas tecnológicas y plataformas digitales para gestionar la eliminación de contenido que infrinja normas comunitarias o constituya un delito.

¿Qué hacer si una persona es víctima de violencia digital?

Especialistas recomiendan actuar lo más rápido posible.

Entre las principales medidas se encuentran:

• Conservar evidencia del contenido difundido.
• Elaborar una cronología de los hechos.
• Evitar borrar pruebas antes de recibir orientación.
• Solicitar apoyo a la línea 088.
• Acudir a una fiscalía especializada cuando exista disponibilidad.
• Pedir acompañamiento psicológico y legal.

Las autoridades sugieren guardar la evidencia en dispositivos externos como memorias USB o discos duros para facilitar futuras investigaciones.

¿Qué revelan las cifras sobre la violencia digital contra las mujeres?

Datos del Inegi muestran la dimensión del fenómeno.

Durante 2024, cerca de 90 millones de personas utilizaron internet en México, equivalente al 83% de la población.

De ellas, 47.6 millones fueron mujeres y aproximadamente 10.6 millones reportaron haber sufrido alguna forma de ciberacoso.

Entre las afectaciones más frecuentes destacan:

• Insinuaciones o propuestas sexuales no deseadas.
• Recepción de contenido sexual.
• Suplantación de identidad.
• Hostigamiento en plataformas digitales.

Autoridades de la Secretaría de las Mujeres consideran que estos datos reflejan una vulnerabilidad diferenciada que requiere políticas públicas específicas.

¿Qué acciones prepara el gobierno para fortalecer los derechos digitales?

La Secretaría de las Mujeres informó que trabaja en una futura Cartilla de Derechos Digitales.

El objetivo es establecer principios claros sobre convivencia digital, prevención de violencia, protección de derechos y educación tecnológica.

La propuesta podría presentarse el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, o bien el 8 de marzo de 2027.

Mientras tanto, especialistas, activistas y autoridades coinciden en un punto: la violencia digital avanza a una velocidad que exige respuestas más rápidas, mejores investigaciones y mayor acompañamiento para las víctimas, quienes muchas veces enfrentan no sólo la difusión de contenido íntimo, sino también el impacto emocional, social y legal que permanece mucho después de que una publicación desaparece de internet.