¿Gertz Manero sabía de las facturas falsas de ‘El Caballito’? FGR reveló su modus operandi y desde cuándo se conocían las denuncias contre el grupo
La Fiscalía informó que la red operaba con empresas y asociaciones civiles usadas como fachada en varios estados; ocho personas fueron detenidas y podrían enfrentar más delitos conforme avance la investigación.
MÉXICO. — La red de presunto lavado de dinero conocida como “El Caballito” emitió facturas falsas por más de 12 mil millones de pesos, de acuerdo con información dada a conocer por la Fiscalía General de la República (FGR) y retomada por el portal Proceso.
El caso tomó relevancia porque la propia FGR reconoció que existían denuncias dispersas sobre esta red desde hace al menos tres años, es decir, desde la administración de Alejandro Gertz Manero. La investigación fue integrada en la actual etapa de la Fiscalía y derivó en la detención de ocho personas.
El pasado 29 de mayo, la FGR informó el desmantelamiento de la red y la captura de ocho presuntos integrantes. Entre ellos se encuentran dos señalados como líderes, quienes ya comparecieron ante un juez en el Centro de Justicia Penal Federal de Michoacán.
Los detenidos fueron imputados por expedición de comprobantes fiscales falsos. También se les impuso prisión preventiva oficiosa y su situación jurídica será definida el próximo miércoles.
¿Qué es la red “El Caballito” y de qué la acusa la FGR?
La FGR identifica a “El Caballito” como una red que presuntamente operaba un esquema de facturación falsa y evasión fiscal.
Según lo explicado por Ulises Lara, titular de la Fiscalía Especial de Asuntos Relevantes de la FGR, la agrupación habría usado empresas y asociaciones civiles para aparentar operaciones legales.
La red habría operado en distintos estados, entre ellos:
- Jalisco
- Colima
- Quintana Roo
- Sonora
- Aguascalientes
- Michoacán
El fiscal señaló que el daño a la Hacienda pública por la evasión fiscal fue equivalente a casi la mitad del presupuesto autorizado para Tlaxcala en 2026.
Las estimaciones hechas por la Secretaría de Hacienda del monto de las facturas generadas por la red del Caballito, ascendería a más de 12 mil millones de pesos que, para ponerlo en perspectiva, equivaldría a casi la mitad del presupuesto autorizado para el ejercicio Fiscal 2026, para el estado de Tlaxcala”, dijo Lara.
¿Cómo operaba la red de facturas falsas?
De acuerdo con la FGR, la red no funcionaba como una estructura improvisada. Su operación presuntamente tenía un esquema organizado, con empresas y asociaciones civiles que servían como fachada.
Ulises Lara explicó que la investigación permitió identificar que la agrupación posiblemente operaba con 15 empresas y asociaciones civiles.
Nuestra investigación nos permitió identificar que la agrupación delictiva posiblemente operaba con 15 empresas y asociaciones civiles, utilizadas como fachadas e identificadas cuyos domicilios fiscales se ubican principalmente en los estados de Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo y esto evidenció el esquema estructurado y alcance interestatal”, señaló.
El esquema descrito por la Fiscalía funcionaba de la siguiente manera:
- La red se acercaba a empresas reales.
- Les ofrecía supuestos servicios de planeación laboral.
- Usaba una asociación civil para operar el esquema de facturación.
- Emitía comprobantes por supuestas asesorías.
- Inyectaba dinero en empresas fantasma.
- Luego distribuía recursos como supuestos incentivos.
- Con ello buscaba generar actos libres del pago de ISR.
- También reportaba pagos de nómina con retenciones de ISR.
En términos simples, la acusación apunta a que la red habría disfrazado movimientos de dinero como operaciones legales para reducir o evadir obligaciones fiscales.
¿Cuánto dinero habría facturado “El Caballito”?
La FGR estimó que la red emitió comprobantes fiscales falsos por más de 12 mil millones de pesos.
Este monto fue calculado a partir de facturas acumuladas dentro de distintas denuncias que estaban en poder de la Fiscalía.
El dato es relevante porque muestra la dimensión del caso y permite entender por qué la investigación no se limita a una sola empresa ni a un solo estado.
La Fiscalía presentó el monto como una referencia del impacto económico que este tipo de operaciones puede tener para la Hacienda pública.
¿Desde cuándo sabía la FGR de esta red?
Uno de los puntos más importantes del caso es que la FGR reconoció que había información sobre esta red desde hace al menos tres años.
Ulises Lara explicó que las denuncias estaban dispersas y que fue necesario integrarlas para identificar vínculos entre los distintos actores.
“Estamos hablando de que hace al menos tres años que veníamos teniendo información y que se fue integrando, cuando nosotros entramos ya a la administración actual es que se puede hacer toda esta integración”, explicó.
El fiscal dijo que las denuncias no estaban concentradas en un solo expediente, por lo que se tuvo que reconstruir la relación entre las empresas, las operaciones y las personas involucradas.
También señaló que el propio SAT había detectado operaciones ilícitas, pero que la red buscaba presentarlas como actos legales.
“Eran denuncias que estaban dispersas que había que estar integrando, se fueron señalando claramente cuáles eran estos vínculos que aparecían entre los diferentes actores y había detectado también operaciones ilícitas el propio SAT”, indicó.
¿Por qué no se había desmantelado antes la red?
La FGR sostuvo que la red operaba “en la sombra” y que sus integrantes realizaban acciones para no ser detectados.
Según Lara, no se trataba de operaciones abiertamente ilegales a simple vista, sino de actos que buscaban parecer legales ante autoridades, empresas y registros fiscales.
El funcionario explicó que el esquema se construyó precisamente para simular legalidad.
No es que pudiéramos detectarlos porque estaban haciendo lo posible para que no fueran detectados, sino muy, por el contrario, hacían todo lo necesario para aparecer como actos legales, los que vienen desarrollando”, señaló.
La explicación de la Fiscalía apunta a que el caso requería cruzar denuncias, facturas, domicilios fiscales, empresas y vínculos entre personas para poder integrar una investigación más amplia.
¿Qué pasó con las ocho personas detenidas?
La FGR informó el 29 de mayo sobre la detención de ocho personas presuntamente relacionadas con la red.
Entre los detenidos se encuentran dos personas señaladas como líderes de “El Caballito”.
Los imputados ya comparecieron ante un juez en el Centro de Justicia Penal Federal de Michoacán.
Hasta ahora, la acusación formal presentada contra ellos es por expedición de comprobantes fiscales falsos.
Como parte del proceso:
- Fueron imputados ante un juez federal.
- Se les impuso prisión preventiva oficiosa.
- Su situación jurídica será definida el próximo miércoles.
- La FGR no descarta ampliar los delitos investigados.
¿Qué penas podrían enfrentar los detenidos?
El delito por el que fueron imputados contempla una pena máxima de hasta nueve años de prisión, según explicó Ulises Lara.
Sin embargo, el fiscal adelantó que la investigación podría ampliarse conforme avance la etapa complementaria.
Entre los delitos que podrían sumarse están:
- Operación con recursos de procedencia ilícita
- Delincuencia organizada
- Otros delitos relacionados con el esquema de facturación
Lara explicó que la pena podría cambiar si se encuentran más elementos durante la investigación.
Es una investigación que estamos iniciando por el tema que hemos señalado claramente que es estas operaciones con comprobantes fiscales falsos, tal y como lo señala el Código Fiscal de la Federación tenemos la posibilidad de una pena de hasta nueve años, pero se continuará con la investigación y ya en la parte complementaria, seguramente encontraremos más elementos, como por ejemplo, la operación con recursos de procedencia ilícita o elementos que puede relacionarlo con delincuencia organizada por toda la práctica llevada a cabo, así es que la pena puede cambiar y lo mismo ocurriría con las empresas”, dijo.
¿Qué papel tuvieron las empresas fachada?
De acuerdo con la FGR, las empresas y asociaciones civiles identificadas habrían sido usadas para dar apariencia legal a las operaciones.
Estas entidades tenían domicilios fiscales principalmente en:
- Jalisco
- Michoacán
- Sinaloa
- Sonora
- Quintana Roo
La Fiscalía considera que esta distribución muestra un alcance interestatal y un esquema estructurado.
En este tipo de casos, las empresas fachada suelen ser usadas para emitir facturas por servicios que no se realizaron o para mover recursos con una apariencia contable legal.
En el caso de “El Caballito”, la FGR sostiene que el mecanismo se apoyaba en supuestas asesorías, planeación laboral y pagos de incentivos para generar beneficios fiscales indebidos.
¿Qué falta por resolver en el caso “El Caballito”?
El caso aún se encuentra en desarrollo.
Aunque ocho personas ya fueron detenidas e imputadas, la FGR dejó claro que la investigación continúa.
Los puntos que faltan por definirse son:
- Si el juez vincula o no a proceso a los detenidos.
- Si se agregan delitos como lavado de dinero o delincuencia organizada.
- Qué responsabilidad podrían tener las empresas involucradas.
- Si hay más personas relacionadas con la red.
- Cómo se recuperará o reclamará el daño causado a la Hacienda pública.
También lee: SAT multará con más de 100 mil pesos por pedir Constancias Fiscales obligatoriamente para poder facturar
La situación jurídica de los detenidos será definida el próximo miércoles, por lo que ese momento será clave para conocer el rumbo judicial del caso.
¿Por qué este caso importa para los contribuyentes?
El caso “El Caballito” importa porque muestra cómo una red de facturación falsa puede afectar directamente los recursos públicos.
Cuando una estructura evade impuestos mediante comprobantes falsos, el daño no se queda solo en una empresa o en una operación contable. También impacta en la recaudación que sostiene servicios, programas y presupuestos públicos.
La FGR sostiene que el monto de las facturas generadas por esta red supera los 12 mil millones de pesos, una cifra que comparó con casi la mitad del presupuesto de Tlaxcala para 2026.
Por ahora, el caso seguirá en tribunales y dependerá de las pruebas que la Fiscalía presente en la etapa complementaria. Lo confirmado hasta este momento es que la red fue desmantelada, ocho personas fueron detenidas y la investigación podría ampliarse hacia delitos de mayor gravedad.
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