SCJN ordena revisar un documento firmado por Porfirio Díaz que la empresa Boca de la Salina utiliza para reclamar 584 hectáreas de terrenos en disputa con el ejido San Vicente de Los Planes en Baja California Sur

BAJA CALIFORNIA SUR — La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó reabrir el análisis de un título de propiedad emitido en 1893, durante el gobierno de Porfirio Díaz, al conceder un amparo al ejido de San Vicente de Los Planes, en el municipio de La Paz, Baja California Sur.

Con esta resolución, la Corte instruyó al Tribunal Superior Agrario a examinar la validez legal del documento histórico, el cual ha sido usado por una empresa privada para reclamar tierras que el ejido considera propias desde hace generaciones.

Un conflicto agrario que lleva 25 años en tribunales

El caso se originó en un juicio agrario iniciado hace más de 25 años entre el ejido y la empresa Boca de la Salina, señalada por los campesinos de intentar despojarlos de 584 hectáreas ubicadas cerca del Golfo de California.

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La empresa sostiene que esos terrenos le pertenecen con base en un título de propiedad expedido en el siglo XIX, mientras que el ejido argumenta que dicho documento debe considerarse inválido conforme a la Constitución vigente.

Por qué la Corte decidió intervenir

En resoluciones previas, tanto el tribunal agrario como un tribunal colegiado habían determinado que no era necesario analizar la validez del título porfirista, limitándose a otros aspectos del litigio.

Ante ello, el ejido promovió un amparo al señalar que nunca se estudió de fondo su argumento central: que el título podría ser nulo conforme al artículo 27 constitucional, el cual invalida ciertos actos de transmisión de tierras realizados entre 1876 y 1917 cuando afectaron de manera ilegal a pueblos o comunidades.

La Suprema Corte coincidió con esta postura.

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Votación y argumentos clave del fallo

Con siete votos a favor y dos en contra, el Pleno de la Corte aprobó el proyecto presentado por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, y revocó la sentencia del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito, emitida en julio de 2025, que había negado el amparo.

Durante la sesión, el ministro ponente subrayó que los actos de despojo durante el Porfiriato no pueden ser ignorados por los tribunales actuales.

La época de Porfirio Díaz fue una etapa en la que se agenciaron propiedades violando derechos de personas, sociedades y comunidades. La nulidad que establece la Constitución es categórica y no puede obviarse”, señaló.

Qué sigue en el proceso

Con esta resolución, el Tribunal Superior Agrario deberá analizar expresamente si el título expedido en 1893 es compatible o no con la Constitución, y si puede seguir siendo utilizado como base legal para reclamar las tierras en disputa.

El fallo no resuelve aún la propiedad definitiva del terreno, pero abre la puerta a revisar actos históricos que siguen teniendo efectos legales en el presente, un punto clave para comunidades agrarias que enfrentan conflictos similares en distintas regiones del país.