Diputados locales acusan a la gobernadora Maru Campos de permitir la participación de agentes de Estados Unidos en un operativo en Chihuahua donde murieron cuatro personas y presentaron una demanda formal de juicio político en San Lázaro

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, enfrenta uno de los señalamientos políticos más graves de su gestión. Un grupo de 11 diputados locales presentó este martes una demanda de juicio político en su contra ante la Cámara de Diputados en San Lázaro, al acusarla de haber permitido, tolerado o encubierto la presencia de agentes de Estados Unidos durante un operativo antinarco realizado en el estado, en el que murieron cuatro personas.

De acuerdo con la información publicada por Milenio, la denuncia, contenida en un documento de 104 cuartillas, plantea presuntas violaciones a la Constitución y “omisiones graves con incidencia en la soberanía nacional, la seguridad nacional y el orden federal”. La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López, confirmó que el escrito fue recibido en la Secretaría General del Palacio de San Lázaro a las 09:51 horas.

En paralelo, la defensa de la gobernadora, encabezada por el abogado y exsenador Roberto Gil Zuarth, rechazó las acusaciones y aseguró que se trata de una persecución política, además de denunciar irregularidades en una citación de la Fiscalía General de la República (FGR) a la mandataria.

México

Maru Campos responde a la marcha convocada por Morena para exigir un juicio político en su contra y asegura que su gobierno seguirá trabajando por “la paz y la libertad de las familias de Chihuahua”

¿De qué se acusa a la gobernadora Maru Campos?

La denuncia se centra en un hecho específico: la presunta participación de agentes extranjeros en un operativo de seguridad en territorio mexicano, sin el marco legal que lo permita.

El documento presentado por los legisladores señala que el objetivo de la denuncia es que la Cámara de Diputados “admita, sustancie y, en su caso, formule acusación ante la Cámara de Senadores respecto de la probable responsabilidad política de la persona titular del Poder Ejecutivo del estado de Chihuahua por hechos vinculados con la presunta presencia, colaboración, tolerancia u ocultamiento de agentes extranjeros en territorio nacional dentro de un contexto operativo de seguridad”.

Los diputados también acusan una posible “invasión de competencias reservadas a la federación en materia de seguridad nacional y política exterior”. Es decir, sostienen que el gobierno estatal habría asumido facultades que corresponden únicamente al Gobierno federal.

El operativo señalado dejó cuatro personas muertas, hecho que ha intensificado el cuestionamiento sobre la forma en que se desarrolló y sobre quiénes participaron en él.

También puede interesarte: Maru Campos demandará a la FGR tras ser llamada a declarar por el Caso CIA, al considerar que el citatorio vulnera su fuero constitucional como gobernadora de Chihuahua en funciones

¿En qué planos se formula la imputación?

Según los 11 legisladores firmantes, la imputación contra Maru Campos se construye en dos planos alternativos y concurrentes. Es decir, no se descarta uno u otro, sino que ambos podrían acreditarse.

1. Por acción.Se imputaría si las pruebas demuestran que la gobernadora “solicitó, autorizó, consintió o encubrió mecanismos de colaboración operativa directa con agentes extranjeros al margen del marco constitucional federal, o bien llevó a cabo actos de acuerdos, tratados, entendimientos con gobiernos extranjeros reservados a una esfera de gobierno diversa”.

En términos sencillos: que haya participado de manera directa en permitir la presencia de los agentes extranjeros o que haya cerrado acuerdos que solo le corresponden al Gobierno federal.

2. Por omisión grave.La segunda vía aplicaría si se acredita que, como titular del Poder Ejecutivo estatal, “permitió un funcionamiento institucional carente de control y reportes, así como de supervisión suficiente, con el consecuente quebranto al orden constitucional y a la soberanía nacional”.

México

Maru Campos responde a la marcha convocada por Morena para exigir un juicio político en su contra y asegura que su gobierno seguirá trabajando por “la paz y la libertad de las familias de Chihuahua”

Aquí el señalamiento no es por una acción directa, sino por no haber controlado ni supervisado a las instituciones a su cargo.

¿Qué sigue después de presentada la demanda en San Lázaro?

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López, explicó que la denuncia debe pasar por varios pasos formales antes de avanzar.

“En términos procedimentales se necesita ratificar; se presentó hoy, tendría que ser el 29 para su ratificación y, una vez que se ratifique, pues irá, en caso de que se ratifique, se va a la Subcomisión de Examen Previo”, detalló.

Esto significa que la denuncia aún tiene que ser ratificada formalmente por los promoventes para poder avanzar. Solo después de ese paso, la Subcomisión de Examen Previo revisará si el caso cumple con los requisitos para iniciar el procedimiento de juicio político.

También puede interesarte: Maru Campos tendrá nueva cita en la FGR, ahora por presunto secuestro denunciado por Javier Corral

¿Qué dice la defensa de Maru Campos?

En una entrevista para MILENIO Televisión con Carlos Zúñiga, el abogado Roberto Gil Zuarth, encargado de la defensa de la gobernadora, rechazó los señalamientos y los enmarcó como parte de una estrategia de sus opositores.

Aseguró que se trata de una persecución política y que, en el caso de la citación de la FGR, existen irregularidades graves. Según explicó, en el citatorio se aclara que la comparecencia de Campos era en calidad de testigo, pero los fundamentos legales utilizados son los mismos que se aplican cuando se cita a un inculpado.

“Por un lado le dicen que debe comparecer personalmente, pero por el otro le advierten que vaya acompañada de un abogado por si las dudas”, señaló Gil Zuarth.

El abogado sostuvo que la actuación de la Fiscalía cae en la ambigüedad porque no se ha especificado qué información requiere de la gobernadora. Además, planteó que existe un hecho inusual: la funcionaria fue citada como testigo pero con la posibilidad de ser inculpada, aun cuando cuenta con fuero.

¿Maru Campos comparecerá ante la FGR?

Sí. Pese a los cuestionamientos planteados por la defensa, Gil Zuarth confirmó que la gobernadora sí se presentará a comparecer y seguirá el proceso conforme a la ley.

El abogado también informó que se presentó una denuncia penal contra el personal de la Fiscalía que elaboró el comunicado relacionado con la citación. Argumentó que el código penal establece que ningún Ministerio Público puede abrir un procedimiento de esta naturaleza contra un funcionario protegido por fuero.

“La gobernadora no tiene nada que esconder, ha aclarado puntualmente su posición, el gobierno de Chihuahua ha colaborado activamente con las investigaciones. Simplemente lo que vimos es un hostigamiento procesal”, expresó.

También puede interesarte: Maru Campos firmó con Texas una inversión de 200 millones de dólares para vigilancia fronteriza con drones, control del Río Bravo y cooperación directa en migración y narcotráfico, una decisión que hoy la coloca en la mira de la FGR

¿Por qué la presencia de agentes extranjeros es un punto tan sensible?

Porque en México la seguridad nacional y la política exterior son facultades reservadas al Gobierno federal. Eso significa que los gobiernos estatales no pueden, por sí mismos, autorizar la participación de agentes de otro país en operativos dentro de su territorio.

Cualquier colaboración con autoridades extranjeras en materia de seguridad debe pasar por canales formales: tratados, acuerdos o mecanismos avalados por la federación. Si un gobierno estatal interviene en ese terreno sin autorización, se entra en un escenario de posible invasión de competencias y de afectación a la soberanía nacional.

Ese es justamente el núcleo de la denuncia presentada por los 11 diputados locales de Chihuahua: que la gobernadora habría participado, tolerado o encubierto una operación que involucró a agentes de Estados Unidos sin el marco legal federal correspondiente.

¿Qué está en juego con este proceso?

El juicio político no es un proceso penal. No busca encarcelar a la persona acusada, sino determinar si cometió faltas graves en el ejercicio de sus funciones y, en su caso, inhabilitarla o destituirla del cargo.

En este caso, la denuncia contra Maru Campos plantea afectaciones a la soberanía nacional, a la seguridad nacional y al orden federal, temas considerados de máxima gravedad institucional. Por eso el procedimiento, en caso de avanzar, sería revisado tanto por la Cámara de Diputados como, eventualmente, por la Cámara de Senadores.

Mientras tanto, el proceso se desarrolla en paralelo al frente abierto con la FGR, donde la gobernadora deberá comparecer en medio de un debate jurídico sobre los alcances de su fuero y la forma en que fue citada.

El caso, tal como lo documenta Milenio, marca uno de los episodios políticos y jurídicos más delicados para la administración estatal de Chihuahua y abre una discusión más amplia sobre los límites de la colaboración entre autoridades locales y agencias extranjeras en operativos de seguridad en México.