Exhiben a agentes de la Fiscalía de Chiapas presuntamente torturando a detenido

CHIAPAS. — La Fiscalía General del Estado de Chiapas abrió una investigación luego de que circularan videos en redes sociales en los que presuntos elementos de la Policía de Investigación aparecen junto a un hombre detenido, quien es sometido con bolsas de plástico en la cabeza.

Los hechos habrían ocurrido en la colonia Terán, en Tuxtla Gutiérrez, tras la detención de una persona señalada como presunto ladrón de vehículos.

De acuerdo con información publicada por El Universal y con las declaraciones posteriores del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y del fiscal Jorge Luis Llaven Abarca, las autoridades estatales reconocieron la existencia de los videos y anunciaron que se investigará el caso.

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Hasta ahora, no se ha informado públicamente la identidad, edad ni lugar de origen del detenido.

¿Qué muestran los videos difundidos en redes?

En los videos que circularon en redes sociales se observa a un hombre detenido en una silla, rodeado por agentes de seguridad. En una de las grabaciones, el detenido aparece con una bolsa de plástico negra en la cabeza y, cuando se la retiran, parece intentar respirar.

En otro video, se ve al hombre sentado frente a un espejo mientras varios elementos permanecen cerca de él. La bolsa le cubre totalmente el rostro.

Según la información difundida, entre los agentes que aparecen en las grabaciones estaría Pablo Custodio, identificado como comandante de la corporación. Sin embargo, hasta el momento, la Fiscalía no ha informado oficialmente si ya fue separado del cargo o si existe una medida administrativa en su contra.

Por la gravedad del caso, hay datos que deben manejarse con precisión:

• El detenido no ha sido identificado públicamente.
• No se ha informado si fue presentado ante un juez.
• No se conoce su estado de salud.
• La Fiscalía anunció investigación, pero no informó separación inmediata de mandos.
• Los videos son indicios públicos, pero la responsabilidad legal debe determinarse mediante una investigación formal.

¿Qué dijo el gobernador Eduardo Ramírez?

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, se pronunció después de la difusión de los videos y pidió a la Fiscalía actuar de manera inmediata.

Con respecto a los videos que han circulado en redes sociales sobre el actuar de algunos elementos de seguridad, respetando la autonomía de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, le he pedido al fiscal Jorge Luis Llaven Abarca que actúe de manera inmediata contra quienes resulten responsables”.

Ramírez Aguilar también señaló que las personas detenidas deben conservar sus derechos, incluso cuando sean acusadas de delitos.

En Chiapas, a los presuntos delincuentes bajo la acción de la justicia se les deben respetar sus derechos humanos, sin importar la gravedad de los delitos que se les imputen”.

La declaración del gobernador coloca el caso en un punto central: el combate al delito no elimina la obligación de respetar los derechos humanos de las personas detenidas.

¿Qué informó la Fiscalía de Chiapas?

El fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, anunció que ordenó iniciar una investigación por los hechos observados en los videos.

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Derivado de un video que circula en redes sociales donde se aprecia a un grupo de elementos de seguridad cometiendo actos de abuso de autoridad en agravio de una persona del sexo masculino, he ordenado de manera inmediata el inicio de una carpeta de investigación para recabar los datos de pruebas suficientes que nos permitan deslindar responsabilidades”.

El fiscal agregó que designó a un grupo especial del Ministerio Público para conducir las indagatorias.

Designé a un grupo especial del Ministerio Público para liderar la investigación y que este lamentable hecho sea esclarecido”.

Hasta el momento, según la información disponible, la Fiscalía no anunció la separación del jefe de la Policía de Investigación ni detalló si los elementos que aparecen en los videos fueron suspendidos mientras avanza la investigación.

¿Por qué este caso puede investigarse como tortura o abuso de autoridad?

La autoridad estatal habló de abuso de autoridad, pero los hechos también han sido señalados públicamente como posibles actos de tortura por la forma en que se observa al detenido en los videos.

En México, la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura establece que todas las autoridades deben proteger la integridad personal y garantizar que ninguna persona sea sometida a tortura ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. La ley también ordena prevenir, investigar, juzgar y sancionar estos delitos en los tres órdenes de gobierno.

Esto significa que, aun cuando una persona esté acusada de un delito, las autoridades no pueden usar violencia, asfixia, amenazas o tratos degradantes para obtener información, castigarla o presionarla.

En términos prácticos, la investigación deberá aclarar:

• Quiénes participaron en los hechos.
• Quién ordenó o permitió el trato contra el detenido.
• Si hubo mando responsable por acción u omisión.
• Si la persona fue revisada médicamente.
• Si hubo intento de obtener una confesión o información bajo presión.
• Qué medidas de protección se dieron a la víctima.
• Si las pruebas contra el detenido fueron obtenidas de forma legal.

¿Qué ha dicho el Frayba sobre la tortura en Chiapas?

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, conocido como Frayba, ha señalado en distintos momentos que la tortura sigue siendo una práctica usada por corporaciones de seguridad y procuración de justicia en Chiapas.

La organización ha documentado casos vinculados con detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones, desplazamiento forzado y violaciones a derechos humanos en el estado. De acuerdo con su perfil institucional, el Frayba acompaña a pueblos y comunidades en la defensa de sus derechos, además de denunciar públicamente violaciones graves.

En este caso, el señalamiento del Frayba es relevante porque ha insistido en que la tortura puede usarse para:

• Fabricar culpables.
• Obtener confesiones bajo coacción.
• Reprimir movimientos sociales.
• Construir investigaciones sin pruebas legales suficientes.

Por eso, el caso no solo implica la revisión de la conducta de algunos agentes. También abre una pregunta más amplia sobre los controles internos de la Fiscalía y de las corporaciones de seguridad en Chiapas.

¿Qué derechos tiene una persona detenida?

Aunque una persona sea acusada de robo de vehículos u otro delito, conserva derechos básicos desde el momento de su detención. Entre ellos:

• Ser tratada con dignidad.
• No ser golpeada, amenazada ni asfixiada.
• Conocer el motivo de su detención.
• Ser puesta a disposición de la autoridad competente.
• Contar con defensa legal.
• Recibir atención médica si presenta lesiones.
• No ser obligada a declarar bajo presión.
• Que cualquier investigación se realice conforme a la ley.

Estos derechos no dependen del delito que se le impute. Son obligaciones del Estado y forman parte del debido proceso.

¿Qué falta por aclarar en el caso?

La investigación apenas fue anunciada, por lo que todavía hay puntos pendientes. Entre los más importantes están:

• La identidad del detenido y su situación jurídica.
• El estado de salud de la persona agredida.
• La identidad completa de los agentes que aparecen en los videos.
• Si los elementos fueron suspendidos o separados del cargo.
• Si hubo mandos superiores involucrados.
• Si se dará intervención a organismos de derechos humanos.
• Si la carpeta se investigará solo como abuso de autoridad o también como posible tortura.

La respuesta institucional será clave. En casos de este tipo, no basta con abrir una carpeta de investigación. También se requiere preservar los videos, ubicar a la víctima, realizar dictámenes médicos y psicológicos, proteger a testigos y garantizar que los elementos señalados no interfieran en el proceso.

¿Por qué este caso importa más allá de Chiapas?

El caso expone una tensión de fondo: la seguridad pública exige investigar delitos, pero ninguna detención justifica la tortura ni los tratos degradantes. Cuando una autoridad violenta a una persona detenida, también pone en riesgo la validez de la investigación y la confianza pública en las instituciones.

La Fiscalía de Chiapas ya anunció una investigación. Ahora deberá demostrar si esa indagatoria será suficiente para deslindar responsabilidades, sancionar a quienes participaron y garantizar que el detenido reciba protección legal y médica.

Por ahora, el caso queda bajo observación pública por tres razones: los videos muestran un posible abuso grave, el gobernador pidió actuar contra los responsables y la Fiscalía reconoció que debe investigar a sus propios elementos.