¿Y Rocha? Harfuch respondió dónde está el gobernador y aclaró que su escolta es estatal y no federal

CIUDAD DE MÉXICO — El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se encuentra en esa entidad y que no cuenta con escolta federal, sino con seguridad a cargo del gobierno estatal.

La declaración se dio durante una conferencia de prensa en la que también se informó sobre la detención del alcalde de Atlatlahucan, Morelos, Agustín Toledano, señalado por presunta extorsión contra comerciantes, productores y transportistas.

El tema ocurre en medio de un caso de mayor alcance. El Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, informó el pasado 29 de abril de 2026 una acusación formal contra Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y armas. Entre los señalados aparecen también Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán, y Enrique Inzunza Cázarez, senador y exfuncionario estatal.

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¿Dónde está Rubén Rocha Moya, según Omar García Harfuch?

García Harfuch aseguró que Rubén Rocha Moya está en Sinaloa y que su ubicación no se ha manejado como información reservada.

“Al momento está ahí en su estado. No cuenta con servicio de escolta de ninguna institución de protección del gobierno de México. Tiene policía estatal, según tenemos entendido. La escolta corre a cargo del estado”, explicó.

Con esta declaración, el funcionario federal buscó precisar dos puntos:

• Rocha Moya permanece en Sinaloa, de acuerdo con la información del gabinete de seguridad.
• No tiene protección federal, según García Harfuch.
• La seguridad que lo acompaña sería estatal, no del Gobierno de México.
• Su localización no ha sido reservada, según el secretario.

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La aclaración es relevante porque el gobernador con licencia fue incluido en la acusación estadounidense contra diez personas vinculadas al gobierno de Sinaloa, caso que ha generado presión política y preguntas sobre su situación legal.

¿Qué dijo Harfuch sobre la estrategia contra la delincuencia organizada?

Durante la misma conferencia, García Harfuch defendió la estrategia de seguridad del gobierno federal y afirmó que, desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, el combate a la delincuencia organizada ha sido “claro y contundente”.

El secretario explicó que uno de los ejes centrales ha sido el fortalecimiento de las capacidades del Estado mexicano para investigar y coordinar acciones entre instituciones.

Uno de los ejes es el fortalecimiento de las capacidades de investigación y de inteligencia del Estado mexicano, la coordinación entre las instituciones del gabinete de seguridad y las entidades federativas, que ha derivado en un sinnúmero de operativos, en una cantidad muy importante de detenidos, de aseguramientos de droga”, declaró.

El mensaje de Harfuch busca colocar el caso dentro de una narrativa más amplia: la coordinación entre federación y estados, los operativos contra grupos criminales y el uso de inteligencia para sostener investigaciones.

¿De qué acusa Estados Unidos a Rocha Moya y a otros funcionarios de Sinaloa?

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York informó que Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega, Gerardo Mérida Sánchez, Juan de Dios Gámez Mendívil y otros funcionarios o exfuncionarios fueron acusados de presuntamente colaborar con líderes del Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, a cambio de apoyo político y sobornos.

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Según el comunicado oficial de Estados Unidos, los cargos incluyen presuntos delitos de:

• Tráfico de drogas.
• Conspiración para importar narcóticos a Estados Unidos.
• Delitos relacionados con armas de fuego.
• Presunta colaboración con integrantes del Cártel de Sinaloa.

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La acusación no equivale a una sentencia. En términos legales, los señalados son acusados formalmente, pero cualquier responsabilidad penal tendría que resolverse ante tribunales.

¿Qué pasó con Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega?

El caso tomó otro rumbo después de que dos exfuncionarios de Sinaloa quedaron bajo custodia en Estados Unidos.

Reuters reportó que autoridades estadounidenses tomaron bajo custodia a Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, y a Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas estatal. La agencia detalló que Mérida fue arrestado en Arizona y compareció ante una corte federal en Manhattan, mientras que Díaz se entregó de manera voluntaria.

Por eso, para mantener precisión, conviene distinguir los términos:

• Gerardo Mérida Sánchez fue reportado como detenido en Arizona.
• Enrique Díaz Vega fue reportado como entregado voluntariamente.
• Ambos forman parte de la acusación estadounidense relacionada con presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa.
• La acusación también menciona a Rocha Moya, aunque no ha sido detenido.

¿Qué ha pasado en México con este caso?

El caso también tuvo efectos en México. Reuters informó que México congeló cuentas bancarias de varios exfuncionarios investigados por Estados Unidos, entre ellos Rocha Moya y otras personas señaladas en la acusación. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la medida fue preventiva y derivada de las órdenes de arresto estadounidenses, no de una investigación nacional propia.

Sheinbaum también ha sostenido que su gobierno no protegerá a ningún delincuente, pero ha pedido que Estados Unidos presente pruebas suficientes para sustentar sus señalamientos.

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Esa postura coloca al caso en una zona de tensión jurídica y política entre ambos países.

¿Qué se debe tener claro sobre la situación de Rocha Moya?

Hasta ahora, hay varios puntos que deben leerse con cuidado para evitar confusiones:

• Rocha Moya fue acusado formalmente en Estados Unidos, según el Departamento de Justicia.
• No se ha informado que esté detenido.
• García Harfuch dijo que está en Sinaloa.
• El secretario afirmó que no tiene escolta federal.
• La seguridad que tendría sería estatal, según lo dicho por Harfuch.
• Una acusación no es una condena.

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El caso sigue abierto y puede tener nuevos movimientos tanto en México como en Estados Unidos. Por ahora, el gobierno federal mexicano mantiene dos mensajes: por un lado, asegura que no habrá protección para quien cometa delitos; por otro, exige que las acusaciones presentadas por autoridades estadounidenses estén respaldadas con pruebas.