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“Si hay un centavo de Rocha Moya en la campaña de Sheinbaum, puede haber un problema grande y entenderíamos por qué esa defensa”, PAN acusa que ya no es sostenible frenar acciones contra Rocha Moya y cuestiona la postura de Sheinbaum; abre señalamientos sobre posible financiamiento a Morena

La oposición pide investigaciones más amplias mientras el Gobierno federal insiste en actuar solo con pruebas verificables.

“Si hay un centavo de Rocha Moya en la campaña de Sheinbaum, puede haber un problema grande y entenderíamos por qué esa defensa”, PAN acusa que ya no es sostenible frenar acciones contra Rocha Moya y cuestiona la postura de Sheinbaum; abre señalamientos sobre posible financiamiento a Morena

CIUDAD DE MÉXICO.- El debate político en torno al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, volvió a escalar luego de que el Partido Acción Nacional (PAN) cuestionó la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la necesidad de pruebas para avanzar en su caso. La discusión se centra en señalamientos de presuntos vínculos con el crimen organizado y en la situación legal de exfuncionarios estatales que se han entregado a autoridades de Estados Unidos.

La información proviene de declaraciones del vocero del PAN, Jorge Triana, así como de posicionamientos de legisladores como la senadora Paloma Sánchez (PRI), difundidos en medios de circulación nacional. También fue difundida por el medio Reforma.

En este contexto, el PAN sostiene que la estrategia del Gobierno federal ya no es sostenible, mientras que la Presidencia ha reiterado públicamente que cualquier acción debe estar sustentada en pruebas verificables.

Sheinbaum responde a Maru Campos y asegura que “a nadie se le persigue sin pruebas”; defiende investigaciones de la FGR tras operativo de la CIA en Chihuahua, mientras crece tensión con Estados Unidos por presunta violación a la soberanía y acusaciones ligadas al caso Rubén Rocha Moya

PAN: “Ya no es sostenible exigir pruebas” en el caso Rocha

El vocero del PAN, Jorge Triana, afirmó que el argumento de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la necesidad de pruebas para detener al gobernador con licencia de Sinaloa ya no se sostiene frente a los acontecimientos recientes.

De acuerdo con su postura, la situación cambió luego de que dos excolaboradores del gobierno estatal señalados por autoridades de Estados Unidos decidieron entregarse para colaborar en sus procesos.

De entrada, en los hechos, se desmorona el sonsonete de la Presidenta.”

“Pruebas, todos los días exigiendo pruebas palpables. ¿Y qué mayor prueba puede haber si dos funcionarios están reconociendo implícitamente, por lo menos de forma parcial, su culpabilidad, entregándose a las autoridades de Estados Unidos? Que claramente se estarán sujetos a un proceso de testigo protegido o de informante”, dijo.

Los exfuncionarios mencionados son el exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida, y el exsecretario de Finanzas, Enrique Díaz Vega, quienes —según el PAN— podrían obtener beneficios legales al participar como testigos o informantes en procesos judiciales en Estados Unidos.

Las exigencias de pruebas de la Presidenta, lo único que hacen es perfeccionar la hipótesis que todos sabíamos, el que está protegiendo a un impresentable y poniendo en riesgo la relación bilateral con Estados Unidos, por cuidar su libertad o por cuidar algo que aún no conocemos. (...) ¿Va a haber algún acuerdo inconfesable de por medio, que del cual no tenemos conocimiento todavía?"

Críticas a la postura del Gobierno federal

Según lo expuesto por Jorge Triana, la colaboración de exfuncionarios con autoridades estadounidenses abre la posibilidad de que reciban beneficios procesales, lo que, a su juicio, debilita la posición del resto de los implicados.

El vocero del PAN advirtió además que este tipo de acuerdos podría generar un efecto de presión sobre otros señalados en la investigación, lo que incluso podría derivar en riesgos de fuga o pérdida de localización.

Triana sostuvo que este escenario incrementa las dudas sobre la actuación del Gobierno mexicano en torno al caso.

El dirigente panista cuestionó la insistencia del Gobierno de Claudia Sheinbaum en que no se puede actuar sin pruebas suficientes. En su lectura, la situación actual mostraría contradicciones en la estrategia oficial, especialmente respecto a solicitudes de detención con fines de extradición.

También cuestionó la falta de acción inmediata frente a los señalamientos internacionales, al considerar que la decisión de no detener a los implicados podría tener implicaciones en la relación bilateral con Estados Unidos.

Debe haber algo de por medio muy fuerte, como para arriesgar la relación bilateral con Estados Unidos, la propia imagen de su partido, su propia Presidencia, desgastar su investidura a este grado para proteger a Rocha Moya"

”Puede ser que haya recibido dinero directamente de este personaje. Habrá que analizar quiénes son las personas físicas registradas como donantes a su campaña, pero, bueno, de manera fáctica pudo haberlo hecho. (...) Se tiene que hacer una investigación amplia, si nos ponemos a buscarle, porque son de la misma facción política, y si hay un centavo de Rocha Moya en esa campaña de Sheinbaum, puede haber un problema grande y entenderíamos por qué esa defensa obcecada, donde pone en riesgo todo por Rocha Moya”, respondió Triana.

Señalamientos políticos: presuntas redes y alcance nacional

En su posicionamiento, Jorge Triana amplió sus críticas al señalar que podrían existir más investigaciones en curso contra otros gobernadores y figuras políticas de Morena, incluyendo a:

  • Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California
  • Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas
  • Adán Augusto López, en relación con Tabasco

Estas afirmaciones forman parte de un discurso político del PAN que plantea la posibilidad de una red más amplia de investigación, aunque no han sido confirmadas por autoridades judiciales mexicanas o estadounidenses.

Triana también cuestionó si existen posibles vínculos financieros o donaciones relacionadas con campañas políticas, señalando que esto debería ser investigado de forma amplia.

“Ya entendimos por qué tiene carácter de urgente. Tiene carácter de urgente porque estos funcionarios tienen tanto dinero, tantos contactos, tantos vínculos criminales, que cabe la posibilidad de que se desaparezcan en cualquier momento, y es lo que está sucediendo.

”Por eso la urgencia, hasta eso está respondiendo ya lo que estamos viendo en este momento. El tema que tanto les preocupaba de la urgencia está resuelto también, por eso se pide su captura provisional. Primero, arraigarlos, así dice la ley de extradición y una vez arraigados, empezamos el proceso", detalló.

Sin embargo, la Presidenta Claudia Sheinbaum no quiso ni siquiera tocarlos, los dejó sueltos y con ello se generó el riesgo de que hubiera un “soplón”, remató.

“Ruptura del pacto criminal”: postura del PAN

El vocero panista sostuvo que la presidenta Sheinbaum debería actuar para romper lo que calificó como un “pacto criminal heredado”.

En su mensaje, insistió en que la única salida viable sería la detención de Rubén Rocha Moya y la continuidad de investigaciones en distintos niveles de gobierno.

De acuerdo con su planteamiento, este caso podría derivar en una cadena de nuevas imputaciones que afectarían al proyecto político de Morena.

La Presidenta tiene que romper el pacto criminal que le heredó Andrés Manuel López Obrador. Estamos ciertos de eso. No se pueden entender estos hechos de otra manera (...) Hay algo superior que se está cuidando, que no se nos quiere informar a los mexicanos. Entregar a Rocha Moya, capturarlo, extraditarlo solucionaría parcialmente a su punto"

“Ahí está Baja California con Marina del Pilar, ahí está Tamaulipas con Américo Villarreal, ahí está la Barredora en Tabasco, con Adán Augusto López. Ahí está Vector, con Alfonso Romo.Es decir, esto puede ser una cascada de imputaciones hacia narcopolíticos mexicanos y le puede costar carísimo al proyecto político de Claudia Sheinbaum y de López Obrador”, expuso.

Críticas desde el PRI: reclamo por víctimas en Sinaloa

La discusión también incluyó posicionamientos de la senadora Paloma Sánchez (PRI), quien acusó al Gobierno federal de priorizar la defensa política sobre la atención a las víctimas de violencia en Sinaloa.

Sánchez afirmó que la presidenta Sheinbaum ha mantenido silencio frente a los homicidios y desapariciones en la entidad, mientras defiende a funcionarios señalados por autoridades extranjeras.

“La presidenta Sheinbaum eligió y no eligió a las víctimas. Mientras el narcogobierno de Rocha Moya se derrumba ante la justicia de Estados Unidos, la Presidenta mantiene su postura: silencio sobre los homicidios, defensa y encubrimiento de los responsables”, dijo.

Cifras de violencia en Sinaloa y contexto social

La senadora también expuso cifras sobre la situación de seguridad en el estado, al señalar:

  • 2,707 víctimas de homicidio
  • 3,722 personas desaparecidas
  • 614 días de violencia vinculada a disputas criminales

Estas cifras, dijo, reflejan el impacto social del conflicto y la falta de acompañamiento a las víctimas por parte del Gobierno.

“El gobierno de Morena ha pasado estas semanas defendiendo esta narrativa, sin pronunciar una sola palabra de solidaridad con las víctimas de Sinaloa, y en su lugar, protegiendo a un narcogobernador. Sheinbaum defendió a funcionarios que hoy están entregándose por sus vínculos con criminales ante un tribunal federal en Nueva York”, agrego, según Reforma.

Sheinbaum confirma que la UIF bloqueó cuentas de Rubén Rocha Moya tras acusaciones de Estados Unidos y asegura que el congelamiento fue activado de manera automática por mecanismos financieros

Qué sigue en el caso Rocha Moya

Hasta el momento, la presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido que cualquier acción debe estar sustentada en pruebas legales verificables, en línea con el principio de debido proceso.

El caso sigue en desarrollo y depende de la evolución de las investigaciones internacionales y de las decisiones que puedan tomar las autoridades mexicanas en materia de cooperación judicial con Estados Unidos.

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