Donald Trump inició una demanda para expropiar terrenos sagrados de la Iglesia Católica en la frontera para construir el muro y la Diócesis de Las Cruces denunció una violación a la libertad religiosa tras rechazar una oferta de 183 mil dólares que pretende dividir el Monte Cristo Rey
El litigio federal busca confiscar hectáreas de alto valor cultural donde se realizan peregrinaciones masivas, mientras activistas advierten daños irreversibles a un ecosistema binacional compartido con Ciudad Juárez

La administración de Donald Trump inició un proceso legal para expropiar 5.6 hectáreas de terreno pertenecientes a la Diócesis Católica de Las Cruces, en Nuevo México, con el fin de extender la construcción del muro fronterizo. La zona en disputa es el Monte Cristo Rey, un sitio de peregrinación que alberga una estatua monumental de Jesús y que representa uno de los puntos con mayor carga simbólica y religiosa en la frontera entre Estados Unidos y México.
De acuerdo con información de Infobae, basada en reportes de The Texas Tribune y The New York Times, el Gobierno de Estados Unidos ofreció una compensación de 183,000 dólares por el predio. Sin embargo, las autoridades eclesiásticas rechazaron el pago y promovieron una defensa legal alegando que la instalación de barreras de acero y concreto viola la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, la cual protege la libertad religiosa.
¿Por qué el Monte Cristo Rey es un sitio sagrado en disputa?
El Monte Cristo Rey no es solo un terreno fronterizo; es el epicentro de una tradición que data de la década de 1930. En su cima se erige una estatua de 8.8 metros de altura diseñada por el escultor español Urbici Soler. Cada año, el sitio recibe a más de 40,000 peregrinos de las diócesis de Las Cruces y El Paso, quienes recorren cinco kilómetros de ascenso como acto de fe.
La diócesis argumenta que la construcción del muro obstaculizaría las rutas de fe y transformaría un espacio de encuentro binacional en un símbolo de división. “Cualquier acción federal para confiscar este terreno constituiría una infracción significativa a los derechos de culto”, señala la demanda interpuesta contra el Departamento de Justicia.
¿Qué argumentos utiliza el Gobierno para la expropiación?
El gobierno federal fundamentó la demanda en razones de seguridad nacional. Según la Patrulla Fronteriza, este tramo es un corredor utilizado por redes de tráfico de personas, por lo que consideran indispensable sellar el último espacio abierto en la zona de El Paso con vallas de acero de 9 metros de altura.
Para ejecutar la obra, la empresa SLSCO ya obtuvo un contrato de 95 millones de dólares. A pesar de que los cruces migratorios se han reducido drásticamente en el último año, la administración de Trump mantiene como prioridad el cierre total de la frontera física, incluso sobre terrenos que cuentan con protecciones culturales o religiosas previas.

¿Cuál es el riesgo ambiental en esta zona de la frontera?
Más allá del conflicto legal y religioso, expertos en conservación advirtieron que la obra afectará un corredor biológico vital. El Monte Cristo Rey conecta la Sierra de Juárez en México con las montañas Franklin en Texas. Biólogos de Ciudad Juárez señalaron que las especies locales no reconocen fronteras políticas y que una barrera física de tal magnitud agravaría el riesgo de extinción de la flora y fauna regional.
El impacto ambiental se suma a los antecedentes de 2025 en Arizona, donde la construcción de barreras similares dañó sitios arqueológicos indígenas con más de mil años de antigüedad. En el caso del Monte Cristo Rey, la pérdida de biodiversidad se considera un daño colateral que la administración federal parece dispuesta a asumir en aras de la vigilancia tecnológica y física.
¿Qué sigue en la batalla legal entre la Iglesia y Trump?
La decisión final sobre la expropiación recae en una corte federal. Si la Diócesis de Las Cruces logra demostrar que la seguridad fronteriza puede garantizarse por otros medios —como la vigilancia electrónica— sin destruir el sitio sagrado, el caso podría sentar un precedente histórico sobre los límites del poder ejecutivo frente a la libertad de culto.
Por el momento, las posturas en la comunidad están divididas. Mientras legisladores demócratas califican la acción como una destrucción del patrimonio, grupos de restauración locales creen que la seguridad no impedirá el acceso de los fieles. La resolución de este conflicto determinará si el acero del muro prevalecerá sobre el valor litúrgico de una de las montañas más emblemáticas del suroeste estadounidense.
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