$300 millones de pesos desviados mediante una empresa de alquiler en Campeche provocaron la captura de dos personas tras operativos simultáneos de la FGR en Querétaro y la Ciudad de México este miércoles para desarticular una red de lavado de dinero de alta escala

En una operación coordinada de inteligencia, agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron a un hombre y una mujer presuntamente implicados en una red de lavado de dinero. Las capturas se realizaron mediante cateos simultáneos ejecutados en el estado de Querétaro y la Ciudad de México.

De acuerdo con la información publicada por Infobae, las investigaciones federales vinculan a los ahora detenidos con el movimiento irregular de $300 millones de pesos. El esquema financiero operaba a través de una empresa con sede en Ciudad del Carmen, Campeche, la cual declaraba formalmente dedicarse al alquiler de artículos personales y para el hogar para ocultar el origen de los recursos.

¿Cómo operaba la red de lavado de dinero en Campeche?

Las autoridades federales detectaron que la organización criminal utilizaba una razón social en Ciudad del Carmen como pieza central de su engranaje financiero. Esta empresa servía como fachada para realizar operaciones financieras irregulares y dar apariencia de legalidad al flujo de capital.

Según la SSPC, los recursos eran canalizados a través de este negocio de alquiler bajo esquemas de triangulación de fondos. Hasta el momento, el Gabinete de Seguridad no ha confirmado si esta célula de delitos financieros tiene vínculos con algún cártel de la droga, aunque la investigación continúa abierta para determinar si existen más empresas fantasma bajo este mismo esquema operativo.

¿Qué cargos enfrentan los detenidos tras el operativo?

Tras el cumplimiento de las órdenes de aprehensión simultáneas, los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal de la FGR, instancia que determinará su situación jurídica en las próximas horas. Los cargos que se les imputan son:

• Delincuencia organizada.
• Operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).

Durante los operativos en Querétaro y la capital del país, se les informaron sus derechos constitucionales antes de ser trasladados a las instalaciones ministeriales. Las autoridades buscan ahora rastrear el destino final de los $300 millones de pesos para identificar posibles prestanombres o cuentas bancarias adicionales que formen parte de la misma red.

¿Cuál es el nuevo convenio para detectar lavado de dinero en México?

La desarticulación de esta célula ocurre en un contexto de endurecimiento en la vigilancia del sistema financiero. El pasado 16 de marzo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) firmaron un convenio de colaboración técnica para fortalecer la detección de operaciones sospechosas.

El titular de la Secretaría de Hacienda, Édgar Amador Zamora, explicó que el acuerdo establece:

• Mecanismos de supervisión basados en riesgos específicos.
• Uso de herramientas tecnológicas para el rastreo de capitales en tiempo real.
• Fortalecimiento de la Lista de Personas Bloqueadas para frenar el flujo de dinero ilícito en los bancos mexicanos.

Esta nueva infraestructura de inteligencia financiera fue clave para identificar los movimientos inusuales de la empresa en Campeche, lo que permitió a la FGR obtener las órdenes de aprehensión ejecutadas este miércoles.

¿Qué sigue en la investigación del fraude millonario?

La FGR mantiene bajo resguardo la documentación asegurada durante los cateos para determinar el alcance total de la red criminal. El objetivo de las autoridades es debilitar las estructuras financieras de la delincuencia, que a menudo operan bajo perfiles empresariales de bajo riesgo, como el alquiler de muebles o servicios personales.

La acción coordinada entre la AIC y la SSPC busca avanzar en el combate a la impunidad en delitos financieros de alta escala. En los próximos días se determinará si los detenidos serán vinculados a proceso y si se dictarán medidas cautelares mientras se desahoga el juicio por el desvío de los $300 millones de pesos.