OFICIAL: La Suprema Corte falló a favor de los consumidores mexicanos y validó que la COFECE puede imponer multas diarias indefinidas a las empresas que se nieguen a colaborar en investigaciones contra los monopolios que encarecen productos de uso cotidiano

¿Qué resolvió la Suprema Corte y por qué le importa al consumidor mexicano?

Cuando una empresa domina un mercado y abusa de esa posición, los precios suben, la competencia desaparece y el consumidor termina pagando más por productos que no tienen alternativa real. Ese es el problema que combate la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), el organismo del Estado mexicano encargado de investigar y sancionar las prácticas monopólicas.

Pero para investigar, la COFECE necesita información. Y algunas empresas se niegan a entregarla.

El 27 de abril de 2026, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que la COFECE tiene una herramienta constitucional para enfrentar esa resistencia: multas diarias sin límite de tiempo, que se acumulan todos los días hasta que la empresa cumpla con la obligación de entregar la información solicitada.

El fallo, identificado como Amparo en Revisión 38/2026 y publicado por la propia SCJN, valida el artículo 126, fracción II, de la Ley Federal de Competencia Económica y establece un precedente que refuerza la capacidad del Estado mexicano para combatir los monopolios que afectan directamente los precios que pagan los consumidores.

¿Qué caso originó este fallo?

La investigación que llevó a este precedente comenzó en el mercado de insecticidas domésticos, uno de los productos de uso cotidiano en millones de hogares mexicanos.

La autoridad investigadora de la COFECE inició una investigación por posibles prácticas monopólicas relativas en ese mercado. Como parte de las diligencias, requirió a una empresa el suministro de cierta información y documentos necesarios para avanzar en la investigación.

La empresa no cumplió de forma completa con el requerimiento. Ante esas respuestas incompletas, la COFECE impuso una multa como medida de apremio con base en el artículo 126 de la Ley Federal de Competencia Económica.

La empresa impugnó esa multa argumentando que una sanción diaria sin límite temporal era inconstitucional. El caso llegó hasta la Suprema Corte.

¿Cómo funcionan estas multas exactamente?

El artículo 126, fracción II, de la Ley Federal de Competencia Económica establece que la COFECE puede imponer multas diarias como medida de apremio cuando una empresa no cumple con sus requerimientos de información.

Lo que distingue a estas multas de otras sanciones es que no tienen un límite temporal fijo. Se acumulan día a día hasta que la empresa entregue la información solicitada. En otras palabras, la empresa tiene el control de cuándo dejan de crecer: basta con cumplir el requerimiento para que las multas se detengan.

Sin embargo, las multas sí tienen límites en su monto diario, están sujetas a control judicial y solo pueden imponerse bajo criterios de razonabilidad y respeto al debido proceso.

¿Por qué la Suprema Corte consideró que esto es constitucional?

El Pleno analizó la norma bajo tres criterios fundamentales.

El primero es que persigue un fin constitucionalmente legítimo: garantizar la eficacia de las investigaciones en materia de competencia económica, que a su vez protege los derechos de los consumidores y el funcionamiento del mercado.

El segundo es que es una herramienta adecuada y necesaria: sin mecanismos efectivos de apremio, las empresas investigadas podrían simplemente negarse a colaborar y obstaculizar indefinidamente las investigaciones de la COFECE sin consecuencias reales.

El tercero es que es proporcional: las multas están acotadas por topes legales, están sujetas a revisión judicial y la propia empresa puede detener su incremento en cualquier momento cumpliendo con el requerimiento. No se trata de una sanción arbitraria sino de un incentivo para el cumplimiento.

Con esos tres elementos, la Corte concluyó que la norma es compatible con los principios de proporcionalidad, seguridad jurídica y progresividad.

¿Qué son las prácticas monopólicas y cómo afectan los precios?

Las prácticas monopólicas relativas son conductas que realizan empresas con poder de mercado para desplazar a sus competidores, impedir su acceso al mercado o establecer ventajas exclusivas. Incluyen acuerdos de exclusividad, precios predatorios, negativa de trato y otras estrategias que distorsionan la competencia.

Cuando estas prácticas no se investigan y sancionan de forma efectiva, el resultado es siempre el mismo para el consumidor: menos opciones, peores productos y precios más altos en bienes de uso cotidiano como alimentos, medicamentos, productos de limpieza e insecticidas.

La capacidad de la COFECE para investigar estas conductas depende directamente de que las empresas cooperen con sus requerimientos de información. Este fallo refuerza esa capacidad de forma significativa.

¿Qué significa este fallo para las empresas en México?

El mensaje del fallo para el sector empresarial es claro: negarse a colaborar con una investigación de la COFECE tiene un costo económico que crece todos los días sin fecha de vencimiento.

Una empresa que recibe un requerimiento de información de la COFECE y decide no cumplirlo puede enfrentar multas que se acumulan de forma indefinida hasta que entregue lo solicitado. La única forma de detenerlas es cumplir con el requerimiento.

Eso no significa que las empresas no puedan impugnar los requerimientos que consideren ilegales o excesivos. Pueden hacerlo y la COFECE está sujeta a control judicial en todo momento. Pero mientras dura ese proceso de impugnación, las multas pueden seguir corriendo.

¿Qué sigue ahora?

Con este precedente, la COFECE cuenta con una herramienta jurídicamente validada por la Suprema Corte para hacer cumplir sus requerimientos de información en investigaciones antimonopolio.

Eso no resuelve por sí solo el problema de la concentración de mercados en México, que afecta sectores tan diversos como telecomunicaciones, banca, alimentos y farmacéuticos. Pero sí refuerza de forma significativa la capacidad del Estado para investigar esas concentraciones y, en su caso, sancionarlas.

Para el consumidor mexicano, el mensaje es que el organismo encargado de proteger la competencia en el mercado ahora tiene más dientes para hacer su trabajo.