Maru Campos entregó al FBI el acceso total a las 4 mil cámaras de videovigilancia de Chihuahua y las bases de datos de licencias con inteligencia artificial tras firmar un pacto secreto con Texas que permite a agencias de Estados Unidos monitorear el territorio mexicano desde la plataforma Centinela
El memorando firmado con Greg Abbott abrió la puerta al uso de cámaras, drones y datos estatales para vigilancia fronteriza y control de vehículos, migración y carga comercial en Ciudad Juárez
El gobierno de María Eugenia Campos Galván permitió desde 2023 que agencias de seguridad de Estados Unidos accedan a la plataforma Centinela, el sistema estatal de videovigilancia de Chihuahua, y a bases de datos con inteligencia artificial asociadas a licencias de conducir y monitoreo vehicular.
De acuerdo con información publicada por La Jornada, ese acceso quedó asentado en un memorando de entendimiento firmado por la gobernadora con el mandatario de Texas, Greg Abbott, así como en convenios de capacitación y asesoría suscritos con agencias como el FBI y la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de Estados Unidos.
¿Qué reveló el memorando firmado entre Chihuahua y Texas?
El documento establece que Texas y Chihuahua trabajarán de manera coordinada para revisar que los vehículos que crucen por un puerto internacional cumplan normas de seguridad, reducir el tráfico de personas, combatir el contrabando de fentanilo y otros narcóticos, y detener el flujo de migrantes que llegan a Texas a través de territorio chihuahuense.
El texto también señala que ambas partes responderán a las áreas de conflicto que identifique el Departamento de Seguridad Pública de Texas, un punto especialmente sensible porque coloca a una autoridad estadounidense en posición de marcar prioridades operativas sobre la frontera del lado mexicano.
En ese acuerdo, Chihuahua ofreció usar la plataforma Centinela como una de sus principales herramientas de apoyo. El propio memorando describe ese sistema como una inversión tecnológica cercana a 200 millones de dólares.
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¿Qué acceso obtuvo el FBI a la plataforma Centinela?
La revelación central del documento es que agencias estadounidenses pueden acceder a la infraestructura de Centinela, que integra alrededor de 4 mil cámaras de videovigilancia operadas por la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
Ese acceso no se limita a puntos fijos de revisión. También incluye capacidades de monitoreo de movilidad, seguimiento de rutas de carga y análisis de información en tiempo real en una franja clave de la frontera norte.
En términos prácticos, el sistema permite observar el desplazamiento de vehículos, vigilar corredores carreteros y reforzar tareas de inspección en los cruces internacionales. En el cuerpo del convenio, la administración de Maru Campos presenta este esquema como parte de una estrategia de seguridad compartida con Texas.
¿Qué otros recursos ofreció Chihuahua a las agencias de Estados Unidos?
Además de las cámaras, el gobierno estatal puso a disposición de la cooperación binacional otros componentes de la plataforma Centinela.
Entre ellos destacan:
- La Torre Centinela, para monitorear camiones de carga desde parques industriales de Ciudad Juárez hasta el cruce fronterizo con Texas.
- Drones para vigilar el muro fronterizo y zonas de tránsito irregular.
- La base de datos del registro de licencias de conducir del estado con herramientas de inteligencia artificial.
- Mecanismos de intercambio de información para identificar posibles cruces ilegales de migrantes y operaciones de tráfico de personas.
El acuerdo también contempla revisar los llamados “vehículos no seguros” que se aproximan a la frontera. Esa formulación fue usada por el propio gobierno de Chihuahua para justificar el uso de la tecnología estatal en tareas de control fronterizo.
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¿Cómo encaja este convenio en la estrategia de seguridad de Maru Campos?
La administración estatal ha presentado Centinela como el eje de su modelo de seguridad pública. El proyecto combina cámaras, lectores de placas, centros de monitoreo, drones y herramientas de procesamiento de datos para detectar riesgos y rastrear movimientos de vehículos y personas.
Ese enfoque no quedó limitado al ámbito local. En agosto pasado, el secretario de Seguridad Pública estatal, Gilberto Loya Chávez, viajó a Bogotá, Colombia, para conocer un centro de fusión de datos en el que operan agencias de seguridad de Estados Unidos.
Según declaró el propio funcionario, la invitación respondió a la “confianza” del gobierno estadounidense en Chihuahua y en la gobernadora. El objetivo, añadió, era estudiar un modelo similar para instalar un centro de inteligencia de ese tipo en la Torre Centinela de Ciudad Juárez.
¿Por qué el convenio genera dudas legales y de soberanía?
El caso abre preguntas directas sobre el alcance de la colaboración entre un gobierno estatal mexicano y agencias extranjeras en materias vinculadas con seguridad nacional, inteligencia y control fronterizo.
La Constitución mexicana reserva al Ejecutivo Federal la conducción de la política exterior. Además, la Ley de Seguridad Nacional establece límites a la actuación de autoridades extranjeras y al intercambio de información sensible en territorio mexicano.
Por eso, el hecho de que un memorando estatal contemple acceso a herramientas de videovigilancia, drones y bases de datos locales para agencias de Estados Unidos puede ser interpretado como un punto de fricción institucional entre Chihuahua y la federación.
La revelación también cobra mayor peso por el contexto reciente de Chihuahua, luego del debate público sobre la presencia de presuntos agentes estadounidenses en operativos de seguridad dentro del estado.
¿Qué respondió el gobierno de Chihuahua?
Lejos de anunciar una revisión, la Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua reiteró que mantendrá la colaboración con agencias estadounidenses en temas de intercambio de información, capacitación y estrategias operativas.
Entre los programas mencionados por la dependencia están:
- Se busca información
- El Protocolo Binacional de Violencia Fronteriza
- Convenios de capacitación con agencias de Estados Unidos
- Asesorías técnicas y de inteligencia
Hasta ahora, el gobierno estatal no ha informado públicamente si el acceso de agencias estadounidenses a Centinela tiene controles externos, auditorías independientes o restricciones específicas sobre el uso de los datos recabados en Chihuahua.
¿Cómo afecta esto a los ciudadanos de Chihuahua y al lector mexicano?
El tema no es solo diplomático. También implica preguntas sobre privacidad, resguardo de datos personales y control de infraestructura pública financiada con recursos estatales.
Si una red de 4 mil cámaras, drones y bases de datos de licencias puede ser usada por agencias extranjeras, el debate ya no se limita al combate al crimen o a la migración. También alcanza el tratamiento de información de personas que viven, trabajan o circulan por la frontera.
Para el lector mexicano, el punto central es claro: la discusión no se reduce a la cooperación con Texas, sino a quién puede observar, procesar y utilizar la información captada dentro del territorio nacional, bajo qué reglas y con qué supervisión institucional.
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