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Enfrenta México una crisis forense, señala organismo

El CED documentó la existencia de más de 4 mil 500 fosas clandestinas, donde se han localizado miles de restos humanos.

Enfrenta México una crisis forense, señala organismo

CIUDAD DE MÉXICO.- Con al menos 72 mil cuerpos sin identificar, México enfrenta una crisis forense sin precedentes que ha rebasado a las instituciones.

No sólo se trata de la gravedad de las desapariciones, sino que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) advirtió también sobre la acumulación de cuerpos y restos sin identificar.

Pese a las medidas adoptadas desde 2021, no hay avances sustanciales, por lo que el organismo decidió escalar el caso a la Asamblea General, colocando al país bajo un escrutinio internacional inédito.

El CED documentó la existencia de más de 4 mil 500 fosas clandestinas, donde se han localizado miles de restos humanos.

“Las autoridades siguen desbordadas y son urgentes reformas estructurales para prevenir las desapariciones y garantizar la rendición de cuentas”, alertó el Comité, subrayando que el problema no sólo persiste, sino que se agrava en un contexto de impunidad.

El diagnóstico coincide con el informe Cuerpos bajo el resguardo del Estado, elaborado por Artículo 19, Data Cívica y la Universidad Iberoamericana, que describe un sistema forense colapsado.

Foto: Archivo

REFLEJA FRACASO, DICEN

Para Adalberto Méndez López, ex integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, este escenario refleja un fracaso estructural.

“La tensión forense en el tema de la desaparición forzada en México ha sido un gran fracaso”, señaló, al advertir que las instituciones creadas para atender el problema no han logrado revertirlo.

El especialista subraya que el eslabón más débil es la investigación penal.

“De nada sirve contar con mecanismos forenses si la Fiscalía General de la República no hace su trabajo”, afirma.

La impunidad sigue siendo el principal obstáculo: menos del 10% de los delitos denunciados llegan a sentencia, lo que evidencia la incapacidad del sistema para sancionar a los responsables.

En ese contexto, plantea la necesidad de revisar cuántos casos de desaparición forzada se investigan realmente y cuántos derivan en condenas.

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