Luego de que EEUU acusó a México de violar acuerdos comerciales y aprobó sanciones por la “confiscación” de una mina en Quintana Roo, Semarnat aseguró que no existe expropiación de activos de Vulcan Materials y que la restricción de actividades en Punta Venado es una medida legal para proteger el Área Natural Protegida “Felipe Carrillo Puerto

El conflicto entre el Gobierno de México y la empresa estadounidense Vulcan Materials ha escalado a nivel internacional.

Tras la reciente aprobación de sanciones por parte de la Cámara de Representantes de Estados Unidos —bajo el argumento de una supuesta “confiscación” de bienes—, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) emitió una postura oficial para precisar la situación jurídica de los terrenos en Quintana Roo.

A través de una nota informativa oficial con fecha del 29 de marzo de 2026, el Gobierno de México aseguró que no existe ninguna expropiación ni confiscación de activos.

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El origen de la disputa radica en la declaración de 53 mil hectáreas como Área Natural Protegida (ANP) “Felipe Carrillo Puerto”, una medida que restringe actividades extractivas por daños ambientales, pero que, según la autoridad mexicana, mantiene el respeto a la propiedad privada de la empresa.

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¿Se confiscó realmente la propiedad de Vulcan Materials?

De acuerdo con la información oficial de la Semarnat, la respuesta es no. El Gobierno de México puntualizó que “no existe expropiación ni confiscación de activos de Vulcan Materials en México”.

La autoridad aclara que los predios, incluyendo la terminal marítima de Punta Venado, “continúan siendo propiedad de la empresa”.

Lo que ocurrió fue una restricción de actividades. Al ser declarada la zona como Área Natural Protegida, Vulcan ya no puede realizar labores de extracción mineral.

Esta distinción es de gran importancia, pues la legislación estadounidense que promueve sanciones se basa específicamente en el supuesto de una “confiscación”, escenario que México rechaza categóricamente.

¿Por qué Estados Unidos impuso sanciones a México?

La Cámara de Representantes de EEUU aprobó la “Ley para Defender la Propiedad Estadounidense en el Extranjero”. Esta medida prohíbe que barcos que utilicen puertos considerados “confiscados” puedan ingresar a puertos estadounidenses.

El legislador republicano August Pfluger, impulsor de la medida, sostiene que México mantiene una “campaña coordinada” que pone en riesgo las inversiones de su país.

Con una votación de 247 votos a favor y 164 en contra, el Congreso estadounidense busca presionar para que se revierta la situación en Quintana Roo, argumentando violaciones al T-MEC.

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¿Cuál es el motivo ambiental detrás de esta decisión?

La postura histórica del Gobierno mexicano, reforzada en este comunicado, es que la extracción de roca caliza por parte de Vulcan (a través de su subsidiaria Sac-Tun, antes Calica) causó daños irreversibles. Se señala la destrucción de cenotes y la contaminación del acuífero maya.

En la nota informativa, el Estado mexicano reitera que busca soluciones que “brinden certeza jurídica y garanticen la protección ambiental”.

El mensaje principal es que, si bien México es un país abierto a la inversión, se hará valer el marco jurídico ambiental para proteger sus recursos naturales.

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¿Qué pasará con la terminal marítima de Punta Venado?

Aunque actualmente la mina y el muelle no están operando, el destino de esta infraestructura ha sido punto de fricción.

En versiones previas, el Gobierno Federal sugirió convertir la terminal en un puerto de carga o de cruceros.

Sin embargo, en su reciente precisión, la Semarnat insiste en que la terminal sigue siendo propiedad de la empresa y que el Gobierno “mantiene un diálogo abierto y de buena fe” para encontrar una salida legal que no vulnere los acuerdos internacionales.

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¿En qué estado se encuentra la demanda internacional?

Este conflicto no es nuevo. Desde 2018, Vulcan Materials mantiene una demanda contra el Estado mexicano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial.

La empresa busca una compensación económica por la afectación a sus operaciones bajo las reglas del antiguo TLCAN.

Hasta el momento, el proceso se encuentra en etapas avanzadas de arbitraje, pero no se ha emitido un laudo o sentencia final.

Este artículo se redactó con información oficial de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y reportes sobre la actividad legislativa en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.