Empresas tendrían prohibido exigir la carta de no antecedentes penales al momento de contratar trabajadores o darles un ascenso con este nuevo cambio a la Ley Federal del Trabajo que busca acabar con la discriminación laboral

Una iniciativa presentada en el Senado de la República propone modificar la Ley Federal del Trabajo (LFT) para impedir que empresas soliciten de manera general la carta de no antecedentes penales como requisito para contratar o promover a una persona.

El planteamiento busca frenar prácticas que, según especialistas y organismos públicos, pueden generar discriminación laboral.

De acuerdo con información difundida por El Economista y retomada en la propuesta legislativa , el proyecto fue impulsado por el senador Juan Carlos Loera de la Rosa y plantea cambios específicos al artículo 133 de la LFT para regular este tipo de solicitudes.

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Empresas tendrían prohibido exigir la carta de no antecedentes penales al momento de contratar trabajadores o darles un ascenso con este nuevo cambio a la Ley Federal del Trabajo que busca acabar con la discriminación laboral

La reforma no elimina completamente el uso de este documento, pero sí establece que solo podrá pedirse cuando la naturaleza del puesto lo haga estrictamente necesario.

¿Qué propone exactamente la reforma a la Ley Federal del Trabajo?

La iniciativa plantea adicionar la fracción XVII Ter al artículo 133 de la LFT. Con ello, se busca prohibir que empleadores o sus representantes soliciten información sobre antecedentes penales como requisito general en procesos de contratación o ascenso.

En términos prácticos, esto significa que:

• No se podrá exigir la carta de no antecedentes penales como filtro automático
• Solo podrá solicitarse en casos donde el puesto lo justifique
• Se busca convertir esta práctica en una conducta regulada y sancionable

El objetivo es evitar que este documento se utilice como una barrera laboral sin relación directa con las funciones del trabajo.

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¿Por qué se considera una práctica discriminatoria?

La iniciativa parte de un diagnóstico respaldado por organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que desde 2016 advirtió que exigir este documento sin justificación puede constituir discriminación.

El argumento central es que:

• Limita el acceso al empleo sin evaluar capacidades reales
• No siempre guarda relación con el desempeño laboral
• Puede afectar la dignidad de las personas

Además, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha señalado que este requisito fomenta exclusión laboral y desplaza a personas hacia empleos informales.

La propia iniciativa advierte:

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Empresas tendrían prohibido exigir la carta de no antecedentes penales al momento de contratar trabajadores o darles un ascenso con este nuevo cambio a la Ley Federal del Trabajo que busca acabar con la discriminación laboral

Imponer requisitos no estrictamente necesarios puede desplazar a sectores vulnerables hacia ocupaciones informales o precarias”.

¿Cómo afecta este requisito a la reinserción social?

Uno de los puntos clave del proyecto es su impacto en personas que ya cumplieron una condena.

El planteamiento señala que exigir la carta de no antecedentes penales:

• Dificulta el acceso a empleos formales
• Refuerza la estigmatización social
• Obstaculiza la reinserción

Esto contrasta con lo establecido en el artículo 18 constitucional, que señala que el sistema penitenciario debe promover la reinserción social.

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También se vincula con la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establece que la reinserción debe basarse en:

• Acceso al trabajo
• Educación
• Capacitación
• Salud
• Respeto a derechos humanos

Sin embargo, en la práctica, muchas personas enfrentan barreras laborales que impiden cumplir ese objetivo.

¿Qué ha dicho la Suprema Corte sobre este tema?

La iniciativa retoma criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ha cuestionado el uso de antecedentes penales como filtro laboral.

En un caso en Baja California, la Corte determinó que:

• Tener antecedentes no define la probidad de una persona
• El documento no distingue entre tipos de delitos
• Puede incluir procesos sin sentencia firme

En ese sentido, algunos ministros consideraron que exigirlo de forma general podría violar el derecho al trabajo establecido en el artículo 5º constitucional.

¿En qué casos sí se podría pedir la carta de antecedentes penales?

La propuesta no elimina totalmente este requisito. Permite su uso cuando exista una justificación clara relacionada con el puesto.

Por ejemplo, podría solicitarse en empleos vinculados con:

• Seguridad
• Manejo de recursos sensibles
• Funciones que impliquen riesgo específico

El cambio clave es que ya no sería un requisito automático, sino una excepción justificada.

¿Cómo se relaciona la reforma con el T-MEC?

El proyecto también se vincula con compromisos internacionales asumidos por México en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El capítulo laboral del acuerdo establece la obligación de:

• Eliminar la discriminación en el empleo
• Garantizar igualdad de oportunidades laborales

Por ello, la iniciativa sostiene que limitar el uso de antecedentes penales como filtro laboral ayuda a cumplir estos estándares.

¿Qué impacto tendría en el empleo si se aprueba?

De aprobarse, la reforma podría tener efectos directos en el acceso al empleo formal en México.

Entre los posibles impactos se encuentran:

• Reducción de barreras laborales
• Mayor inclusión de personas en situación vulnerable
• Procesos de contratación basados en mérito y capacidades

La iniciativa concluye que esta medida permitiría avanzar hacia un modelo laboral más incluyente, donde el acceso al trabajo no dependa de requisitos que no siempre están relacionados con el desempeño profesional.

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Lo clave para entender esta propuesta

• No elimina totalmente la carta de antecedentes penales
• Prohíbe su uso generalizado como requisito laboral
• Permite solicitarla solo en casos justificados
• Busca reducir discriminación y facilitar acceso al empleo

En el fondo, la reforma plantea un cambio en la forma en que se evalúa a las personas al buscar trabajo: priorizar habilidades y experiencia por encima de filtros que no siempre reflejan su capacidad laboral.