La Suprema Corte decidió ocultar por 5 años el costo, modelo y compra de 151 vehículos oficiales y justifica que revelar estos datos podría poner en riesgo la seguridad de ministros y funcionarios del Poder Judicial

CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió mantener en reserva durante cinco años información relacionada con su parque vehicular, incluyendo el modelo, costo y fecha de adquisición de 151 vehículos en uso.

La medida se justifica, según el propio tribunal, en la necesidad de proteger la seguridad de las personas servidoras públicas que integran el Poder Judicial. La información fue solicitada a través de mecanismos de transparencia tras darse a conocer la compra reciente de camionetas blindadas.

De acuerdo con la respuesta oficial del Comité de Transparencia de la SCJN, obtenida por El Universal, el máximo tribunal reconoció la existencia de 151 vehículos asignados a distintas áreas, pero clasificó los detalles técnicos y financieros bajo argumentos de seguridad institucional. La decisión se basa en la Ley General de Transparencia, específicamente en su artículo 112.

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¿Qué información fue reservada y por cuánto tiempo?

El Comité de Transparencia determinó que los siguientes datos permanecerán ocultos por cinco años:

• Modelo de los vehículos
• Costo de adquisición
• Fecha de compra
• Información sobre unidades con características especiales de seguridad

En su respuesta, la Corte argumentó que divulgar estos datos “podría poner en riesgo la vida, seguridad o salud de las personas titulares” del Poder Judicial.

Además, precisó que existen vehículos con características especiales bajo resguardo de la Dirección General de Seguridad y Facilitadores del Pueblo (DGSyFP), cuya información también fue clasificada.

¿Por qué la SCJN considera que esta información es sensible?

La Corte sostiene que revelar detalles del parque vehicular permitiría identificar patrones operativos, esquemas de protección y niveles de exposición al riesgo. En su resolución, el Comité de Transparencia indicó:

“Se garantiza la seguridad, salud y, en consecuencia, la vida de las personas servidoras públicas usuarias de este Alto Tribunal”.

También advirtió que hacer pública esta información podría afectar la capacidad de reacción ante posibles situaciones de riesgo y vulnerar estrategias de seguridad implementadas para funcionarios de alto nivel.

Solicitan saber qué ministros usaron los vehículos

La solicitud de información también incluyó conocer qué ministros han utilizado o adquirido los vehículos asignados a sus ponencias desde 1994. Esto surgió luego de que el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, mencionara que algunos integrantes anteriores del pleno utilizaron camionetas Grand Cherokee Limited.

Sin embargo, la SCJN también reservó estos datos. Argumentó que revelar esa información podría comprometer la seguridad incluso de exministros. En su respuesta, señaló que:

• No cuenta con información de 1994 a 2015
• De 2016 a 2025, no puede pronunciarse sin afectar estrategias de seguridad

La clasificación se fundamenta en el expediente CT-CUM/A-25-2023.

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Caso de las camionetas blindadas: información parcialmente pública

Uno de los puntos más relevantes del caso es la compra de nueve camionetas blindadas Jeep Grand Cherokee en enero. Aunque el Comité de Transparencia también clasificó el costo de estas unidades, se trata de información que ya había sido difundida públicamente, con estimaciones que van de entre uno y 4 millones de pesos por vehículo.

Sobre esta adquisición, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz explicó en conferencia que:

“La flotilla anterior no cumplía con los estándares de seguridad necesarios”.

No obstante, también señaló que las unidades serían devueltas, sin detallar el proceso ni las condiciones.

¿Qué implica esta decisión para la transparencia?

La resolución de la SCJN abre un debate sobre los límites entre seguridad institucional y acceso a la información pública. Por un lado, el tribunal argumenta la necesidad de proteger a sus integrantes; por otro, se restringe el acceso a datos relacionados con el uso de recursos públicos.

El caso también destaca un punto clave: incluso información previamente difundida puede ser reclasificada bajo criterios de seguridad, lo que complica su seguimiento y verificación por parte de la ciudadanía.

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