¡Adiós a la carta de no antecedentes penales! Proponen cambiar la LFT para prohibir que las empresas pidan este documento al contratar o ascender de puesto con el fin de acabar con la discriminación laboral
Una iniciativa presentada en el Senado plantea reformar la Ley Federal del Trabajo para impedir que empresas soliciten la constancia de no antecedentes penales como requisito general para conseguir empleo o ascender, salvo en casos donde el puesto realmente lo justifique.

Una iniciativa presentada en el Senado de la República propone prohibir que empresas y empleadores exijan de forma general la constancia o carta de no antecedentes penales como requisito para contratar a una persona o permitirle ascender dentro de una organización.
La propuesta fue impulsada por el senador Juan Carlos Loera de la Rosa, de Morena, y busca reformar la Ley Federal del Trabajo (LFT) para evitar que este documento sea utilizado como filtro laboral injustificado.
De acuerdo con información publicada por El Economista, el proyecto plantea adicionar la fracción XVII Ter al artículo 133 de la LFT, con el objetivo de establecer que los empleadores o sus representantes no podrán solicitar documentos que contengan información sobre antecedentes penales, salvo cuando la naturaleza del puesto lo haga indispensable.

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La iniciativa parte del reconocimiento de que este requisito es común en procesos de contratación, tanto en el sector público como privado.
¿Por qué se quiere prohibir la solicitud de este documento?
La propuesta sostiene que exigir esta constancia puede convertirse en una forma de discriminación laboral, ya que limita el acceso al empleo sin que necesariamente exista relación entre los antecedentes de una persona y las funciones del puesto.
Desde 2016, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) advirtió que solicitar este documento sin justificación puede constituir un acto discriminatorio porque restringe oportunidades laborales y vulnera la dignidad de las personas.
Además, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) también se ha pronunciado en contra de esta práctica, al considerar que genera exclusión laboral y evita que el acceso al trabajo se base en el mérito profesional.
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La exposición de motivos de la iniciativa señala:
Imponer requisitos no estrictamente necesarios puede desplazar a sectores vulnerables hacia ocupaciones informales o precarias, debilitando la inclusión productiva y la cohesión social”.
El documento añade que la afectación puede ser mayor cuando los antecedentes no tienen ninguna relación con el trabajo solicitado.

¿Cómo afecta este requisito a la reinserción social?
Uno de los argumentos centrales de la propuesta es que exigir esta constancia dificulta la reinserción social de personas que ya cumplieron una condena.
El senador Loera de la Rosa recuerda que la Constitución mexicana prohíbe la discriminación y protege el derecho de las personas a dedicarse a la profesión, industria o actividad que elijan.

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Además, el artículo 18 constitucional establece que el sistema penitenciario debe promover la reinserción social, objetivo que puede verse obstaculizado cuando existen barreras laborales.
La Ley Nacional de Ejecución Penal, en su artículo 72, señala que la reinserción social debe basarse en:
- Respeto a los derechos humanos
- Acceso al trabajo
- Capacitación laboral
- Educación
- Salud
- Deporte
Asimismo, el artículo 207 establece que el Estado debe fomentar en la sociedad la cultura de aceptación de las personas liberadas.
Sin embargo, en la práctica muchas de estas personas enfrentan obstáculos para conseguir empleo.
La iniciativa reconoce que:
La estigmatización y las barreras laborales dificultan el cumplimiento de dicho objetivo”.
¿Qué ha dicho la Suprema Corte sobre los antecedentes penales como requisito?
El documento también menciona criterios judiciales que cuestionan el uso de antecedentes penales como filtro laboral.
En un caso ocurrido en Baja California, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que tener o no antecedentes penales no es una base objetiva para evaluar la rectitud o probidad de una persona en relación con un empleo.
La Corte explicó que este tipo de documentos no distingue entre delitos dolosos o culposos, ni siempre aclara si existe una sentencia firme o un proceso en curso.
En ese contexto, algunos ministros consideraron que exigir este requisito podría violar el artículo 5º constitucional, al impedir el acceso a una profesión lícita mediante una restricción general.
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La exposición de motivos señala:
La exigencia general es una barrera laboral indebida”.
¿Qué cambios concretos habría en la Ley Federal del Trabajo?
Si la reforma se aprueba, las empresas ya no podrían solicitar de forma automática la carta de no antecedentes penales en procesos de contratación o ascenso.
Solo sería posible pedirla cuando la naturaleza del puesto lo justifique, por ejemplo en actividades relacionadas con seguridad, manejo de recursos sensibles o funciones donde exista un riesgo específico.
La iniciativa también plantea que la medida permitiría supervisar y sancionar prácticas discriminatorias en el acceso al empleo, ya que actualmente muchas empresas manejan este requisito como una política interna.
El legislador señaló que esto ayudaría a convertir el problema en una regla laboral verificable y exigible.
¿Cómo se relaciona la propuesta con el T-MEC?
El proyecto también indica que esta reforma está alineada con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
En su capítulo laboral, el acuerdo establece la obligación de eliminar la discriminación en el empleo y la ocupación, lo que incluye evitar prácticas que limiten injustificadamente el acceso al trabajo.
Por ello, el senador argumenta que prohibir filtros generalizados relacionados con antecedentes penales ayuda a elevar los estándares laborales en el país.

¿Qué impacto podría tener esta reforma en el empleo?
De aprobarse, la reforma buscaría reducir barreras laborales para miles de personas que enfrentan dificultades para acceder a un trabajo formal.
El planteamiento señala que las personas con antecedentes penales, especialmente aquellas que ya cumplieron su condena, se encuentran en un patrón de vulnerabilidad frente a la estigmatización social.
La iniciativa concluye que limitar el uso de este documento a casos estrictamente necesarios podría contribuir a una política laboral más incluyente y compatible con los derechos humanos.
En términos generales, la propuesta busca que el acceso al empleo se base en la capacidad y el mérito profesional, y no en filtros que no necesariamente están relacionados con el desempeño laboral.
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