Luego de que la SCJN falló a favor de los inquilinos con la ley que fija el aumento de rentas en la CDMX al nivel de la inflación, se reabrió el debate por el sello de la familia Batres en la reforma: la iniciativa fue de Martí, Valentina dio su voto en el Congreso y Lenia avaló en la Corte el límite anual
El tema ha generado debate público por la coincidencia de que tres miembros de la misma familia participaron en su impulso, aprobación y validación.
La reforma que pone un tope al aumento de rentas en la Ciudad de México, equivalente a la inflación anual, ya fue declarada constitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La medida surgió en 2024 como una iniciativa del entonces Jefe de Gobierno, Martí Batres, fue aprobada semanas después por el Congreso local y finalmente validada por el máximo tribunal del país, donde la ministra Lenia Batres votó a favor.
La información fue reportada por el diario Reforma, que también señaló la participación de distintos integrantes de la familia Batres en las distintas etapas del proceso.
El tema ha generado debate público por la coincidencia de que tres miembros de la misma familia participaron en su impulso, aprobación y validación.
Al mismo tiempo, la reforma mantiene un impacto directo para inquilinos y propietarios, ya que fija reglas claras sobre cuánto puede subir la renta cada año en la capital del país.
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¿Qué establece la reforma sobre el aumento de rentas en la CDMX?
La modificación al Código Civil de la Ciudad de México establece que los incrementos de renta en contratos de vivienda no podrán ser mayores al porcentaje de inflación anual.
Esto significa que, si la inflación de un año es de un 5 %, el aumento máximo permitido en la renta al renovar contrato será de ese mismo porcentaje.
La medida busca evitar incrementos abruptos en zonas con alta demanda de vivienda.
El objetivo central es dar previsibilidad a los inquilinos y limitar aumentos que superen el crecimiento general de los precios en la economía.
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¿Quién propuso la reforma y cómo se aprobó?
De acuerdo con el reporte periodístico de Reforma, la iniciativa fue presentada a mediados de 2024 por Martí Batres, entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.
La propuesta avanzó rápidamente. En aproximadamente tres semanas fue aprobada por el pleno del Congreso capitalino. En esa votación participó la diputada local de Morena Valentina Batres, hermana del entonces mandatario, quien respaldó la reforma.
Tras su aprobación legislativa, la norma fue impugnada y llegó a la Suprema Corte, que debía determinar si era constitucional.
¿Qué resolvió la Suprema Corte y quién votó?
La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional la reforma que limita los aumentos de renta a la inflación.
En esa votación participó la ministra Lenia Batres, también integrante de la familia Batres, quien votó a favor de validar la norma. Con ello, la reforma quedó firme y aplicable en la Ciudad de México.
Luego del fallo, Martí Batres celebró la resolución en redes sociales y compartió una imagen del pleno de la Corte en la que aparece la ministra.
¿Por qué se habla de la familia Batres en el proceso?
El tema ha llamado la atención pública porque tres integrantes de la misma familia tuvieron participación en distintas etapas:
- Martí Batres: impulsó la iniciativa como Jefe de Gobierno.
- Valentina Batres: votó a favor en el Congreso local.
- Lenia Batres: votó en la Suprema Corte para declararla constitucional.
El hecho no invalida por sí mismo la legalidad de la reforma, pero ha sido señalado como un elemento relevante en el debate político y público.
¿Cómo afecta esta medida a inquilinos y propietarios?
Para quienes rentan vivienda en la Ciudad de México, la reforma significa que los incrementos anuales tendrán un límite claro y predecible: la inflación oficial.
Para propietarios, la norma establece un marco legal que restringe aumentos mayores a ese indicador. Sin embargo, no impide negociar nuevas rentas al firmar contratos distintos, siempre dentro de lo permitido por la ley.
¿La reforma ya está vigente?
Sí. Tras el fallo de la Suprema Corte que la declaró constitucional, la disposición se mantiene vigente en la Ciudad de México y debe aplicarse en los contratos de arrendamiento habitacional.
El tema sigue generando discusión en el ámbito político y jurídico, tanto por su impacto en el mercado inmobiliario como por el contexto en que fue impulsada y validada.
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