Diputados aprueban por unanimidad reforma para sancionar acoso y hostigamiento sexual en el servicio público

México.- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de 448 votos un dictamen que reforma la Ley General de Responsabilidades Administrativas para establecer de forma expresa la responsabilidad por acoso sexual y hostigamiento dentro del servicio público.

El documento, turnado al Senado para su análisis, sostiene que estas conductas generan graves daños a las víctimas a nivel individual, social y laboral, además de violar derechos fundamentales, afectar la integridad física y psicológica y crear ambientes laborales hostiles.

¿Cuáles son las modificaciones?

La reforma adiciona los artículos 64 Quáter y 64 Quintus a la ley.

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Artículo 64 Quáter: acoso sexual

Se considerará responsable de acoso sexual la persona servidora pública que:

• Realice acciones o comportamientos de carácter sexual.
• Emita expresiones físicas o verbales de tipo sexual.
• Haga cuestionamientos con contenido sexual.
• Todo ello con el fin de causar perjuicio a otra persona.

Artículo 64 Quintus: hostigamiento sexual

Se configurará hostigamiento cuando una persona servidora pública:

• Se valga de su posición jerárquica.
• Realice acciones o expresiones reiteradas.
• Con fines sexuales, ofensivos o degradantes.
• En perjuicio de una persona bajo su subordinación.

El dictamen destaca la importancia de asegurar la congruencia del marco normativo que regula el comportamiento ético de los servidores públicos.

Será causa de despido en el servicio público

La diputada Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo (PT) y promovente de la reforma, explicó que el objetivo es clasificar el acoso y el hostigamiento como faltas administrativas graves.

Esto implica:

• Despido del servicio público.
• Inscripción de la persona sancionada en el Sistema Nacional de Servidores Públicos.
• Registro de la sanción en la Plataforma Digital Nacional.

La legisladora señaló que antes los agresores podían cambiar de dependencia y continuar en la función pública, situación que esta reforma busca impedir.

Aprueban sanciones contra violencia con inteligencia artificial generativa

En la misma sesión, el pleno aprobó por unanimidad de 442 votos una reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para sancionar la violencia digital mediante inteligencia artificial generativa.

La modificación adiciona un quinto párrafo al artículo 20 Quáter y establece sanciones para:

• La generación total o parcial de imágenes, videos o audios íntimos simulados sin consentimiento.
• La creación de material que represente actos sexuales o contenido pornográfico de una persona sin autorización.
• La divulgación, distribución o publicación de ese material, aunque haya sido creado con herramientas tecnológicas.

El dictamen señala que la violencia digital es una forma de discriminación de género y violación de derechos humanos, originada en desequilibrios de poder, el patriarcado y la misoginia.

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Además, advierte que este tipo de violencia provoca:

• Daños psicológicos, físicos, sexuales y económicos.
• Un efecto paralizador que limita la participación de las mujeres en la vida pública.
• Consecuencias sociales, sanitarias y económicas.

“La tecnología no debe destruir la libertad”

La diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas, del Partido Acción Nacional (PAN) y promovente de la iniciativa, señaló que cuando la inteligencia artificial se usa para crear imágenes falsas con fines de humillación o extorsión, deja de ser innovación y se convierte en violencia.

Subrayó que:

• La generación y difusión de contenido íntimo simulado sin consentimiento es violencia.
• Debe tener consecuencias jurídicas claras.

“No estamos legislando contra la tecnología, sino a favor de la persona. La libertad no es ausencia de límites. El ejercicio responsable del propio actuar debe ser la libertad”, afirmó.

Próximo paso

Ambos dictámenes fueron remitidos al Senado para su análisis y eventual aprobación. De ser avalados, se convertirían en ley tras su promulgación por el Ejecutivo federal.

Estas reformas buscan fortalecer la protección de las personas en el servicio público y en entornos digitales, ante conductas de violencia sexual y el uso indebido de nuevas tecnologías.

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