Fiscalía de Oaxaca investiga a directora del COBAO por falsificar firmas y huellas de al menos 20 trabajadores; podrían enfrentar cargos penales
La Fiscalía abrió una carpeta de investigación contra Angélica García Pérez, directora general del COBAO, por presunta falsificación de firmas y huellas dactilares.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca abrió una carpeta de investigación contra Angélica García Pérez, directora general del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (COBAO). Se indaga la presunta falsificación de firmas, huellas dactilares y documentos oficiales, que habría afectado a trabajadores de la institución.
Qué motivó la denuncia
La investigación se originó a partir de la denuncia de Juan Carlos Chávez Martínez, exdirector del plantel 39 en Nazareno Etla. Él afirma que su firma y huella fueron usadas para firmar una supuesta renuncia voluntaria que nunca autorizó, afectando su situación laboral.
Otros trabajadores han denunciado situaciones similares. La Fiscalía investiga posibles delitos de falsificación de firmas y uso de documento falso, incluyendo a:
- Angélica García Pérez, directora general del COBAO.
- Carmela Díaz Jiménez, directora jurídica de la institución.
Se estima que una veintena de trabajadores podría estar involucrada como víctimas de documentos alterados.
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Denuncias sobre guías escolares
Trabajadores y padres han reportado irregularidades en la entrega de guías de estudio, que se anunciaron como gratuitas pero fueron cobradas a los estudiantes.
En respuesta, la directora del COBAO difundió un video comprometiéndose a reembolsar los pagos y reiteró que colaborará con las autoridades para aclarar los hechos.
Posición de la directora
Angélica García ha negado cualquier irregularidad y asegura que:
- Está dispuesta a cooperar con la Fiscalía.
- Evalúa presentar su propia denuncia por acusaciones que considera infundadas.
- Cree que los casos deben resolverse mediante el debido proceso legal, respetando los derechos de todos los implicados.
Qué implica la carpeta de investigación
Abrir una carpeta de investigación significa que la Fiscalía analizará pruebas, documentos y testimonios para determinar si existió delito. Dependiendo de los hallazgos, podrían aplicarse cargos penales o sanciones administrativas.
Este procedimiento protege los derechos laborales y garantiza que cualquier irregularidad en la administración pública se investigue correctamente.
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