UIF bloqueó en 2023 a Corporativo Zeg y Cajas Graf por sospechas de lavado de dinero; ambas fueron representadas por el actual director de Administración del INE, Jesús Octavio García González, y siguieron compitiendo por contratos de materiales electorales pese a los amparos
Aunque los bloqueos fueron levantados por resoluciones judiciales y no hubo un pronunciamiento sobre la licitud del dinero, el caso abre preguntas sobre los controles, la transparencia en las contrataciones públicas y los posibles conflictos de interés en la administración electoral.
La relación entre proveedores de materiales electorales y funcionarios públicos volvió a colocarse en el centro del debate luego de que se revelara que dos empresas del sector, bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2023 por sospechas de lavado de dinero, habían sido representadas por el actual Director de Administración del Instituto Nacional Electoral (INE), según información de Reforma.
La información fue publicada por el diario Reforma, que documentó los antecedentes de las compañías y el papel que jugó Jesús Octavio García González en distintos procesos de contratación pública.
De acuerdo con esa publicación, la UIF incluyó en su lista de personas y empresas bloqueadas a Corporativo Zeg y Cajas Graf, dos firmas que durante años han formado parte del grupo que controla la proveeduría de materiales electorales en distintos procesos en el país.
¿Quién es Jesús Octavio García González y cuál es su vínculo con las empresas?
Jesús Octavio García González es el actual encargado del despacho de la Dirección de Administración del INE desde septiembre. Antes de ocupar ese cargo, fue representante legal de Corporativo Zeg y de Cajas Graf, empresas dedicadas a la fabricación y venta de materiales electorales.
Según la información difundida por Reforma, García González continuó vinculado a estas compañías incluso mientras se encontraban bajo procesos legales derivados del bloqueo de cuentas ordenado por la UIF.
El bloqueo de la UIF en 2023: qué motivó la decisión
El 17 de noviembre de 2023, el entonces titular de la UIF, Pablo Gómez, emitió el acuerdo 401/2023 para incluir a Zeg y Cajas Graf en la lista de personas y empresas bloqueadas para realizar operaciones en el sistema financiero.
En ese mismo acuerdo también fueron incluidos Raymundo Francisco y José Alfredo Hernández Casillas, dueños de Cajas Graf, quienes en publicaciones periodísticas han sido vinculados también con Zeg.
Durante el trámite del amparo promovido por Zeg contra el bloqueo de sus cuentas, la UIF argumentó que la medida atendía a una solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR). En documentos judiciales, la Unidad sostuvo:
La inclusión a la lista de personas bloqueadas atendió a la solicitud de asistencia de la Fiscalía General de la República para la investigación en contra de diversas personas por la probable participación en la comisión de hechos delictivos que redundan en el menoscabo de la integridad del sistema financiero”.
La UIF añadió otro punto clave en su justificación:
“Es posible determinar que los recursos operados por las personas mencionadas (de Zeg), proceden o representan el producto de actividades ilícitas y estos han ingresado al sistema financiero con el objetivo de ocultar su origen, de ahí la urgencia en incluir a las personas sujetas a análisis en el presente acuerdo, en la lista de personas bloqueadas”.
Las actividades de las empresas mientras litigaban contra la UIF
Mientras Zeg y Graf impugnaban el bloqueo de sus cuentas, Jesús Octavio García González seguía actuando como su representante en distintos procesos de compra pública.
En marzo de 2024, por ejemplo, García fue el representante de Corporativo Zeg en las licitaciones de los institutos electorales de Campeche y Morelos para la adquisición de material electoral para procesos estatales.
México
Claudia Sheinbaum defendió a Manuel Bartlett, exdirector de la CFE, por su “defensa patriótica” a Pemex y la comisión de electricidad, aunque tuvo “temas en su vida”, como la caída del sistema en las elecciones del 88, casos de corrupción, enriquecimiento ilícito y posibles vínculos con el asesinato de “Kiki” Camarena
Más adelante, en enero de 2025, García González representó nuevamente a Zeg en una licitación del propio INE para la compra de urnas y mamparas destinadas a la elección judicial.
Ese concurso involucraba contratos por alrededor de 195 millones de pesos. Al final, el fallo favoreció a Cajas Graf, empresa del mismo grupo de proveedores.
Los amparos y el fallo de los tribunales
Tanto Zeg como Cajas Graf, así como sus dueños, obtuvieron sentencias favorables en los amparos promovidos contra la UIF. Las resoluciones se basaron en criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establecían que el bloqueo de cuentas solo era válido si derivaba de una petición expresa de alguna autoridad internacional.
Las sentencias definitivas fueron emitidas por distintos tribunales colegiados hacia mediados de 2024. En ninguno de esos fallos se hizo un pronunciamiento sobre si los recursos manejados por las empresas eran lícitos o no. Es decir, los jueces se enfocaron en el procedimiento del bloqueo, no en el origen del dinero.
En sus demandas de amparo, las empresas argumentaron que no existía una carpeta de investigación en la FGR en contra de las personas y compañías que habían sido incluidas en la lista de bloqueados por la UIF.
¿Por qué es relevante este caso para el INE y los procesos electorales?
El punto central de este caso es la coincidencia entre tres elementos: el papel de un alto funcionario administrativo del INE, su relación previa con empresas proveedoras de material electoral y el antecedente de que esas mismas empresas fueron bloqueadas por la UIF por sospechas de operaciones con recursos de origen ilícito.
Aunque los bloqueos fueron levantados por resoluciones judiciales y no hubo un pronunciamiento sobre la licitud del dinero, el caso abre preguntas sobre los controles, la transparencia en las contrataciones públicas y los posibles conflictos de interés en la administración electoral.
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