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AMLO dejó a México con retroceso democrático, más de 130 mil personas desaparecidas y una de las tasas de homicidio más altas del mundo mientras que la CNDH no realizó escrutinio sólido sobre su gobierno, acusa Human Rights Watch

El informe de HRW señala que durante el gobierno de AMLO se debilitó la independencia judicial, se incrementó la violencia y se omitieron acciones cruciales en derechos humanos. Sheinbaum heredó estos problemas al asumir la presidencia en 2024.

AMLO dejó a México con retroceso democrático, más de 130 mil personas desaparecidas y una de las tasas de homicidio más altas del mundo mientras que la CNDH no realizó escrutinio sólido sobre su gobierno, acusa Human Rights Watch

CIUDAD DE MÉXICO.- México enfrenta un escenario complejo en materia de derechos humanos, seguridad y fortalecimiento democrático tras el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Según lo documenta el Informe Mundial 2026 de Human Rights Watch (HRW), hubo un retroceso democrático durante su administración y cuestionó el papel de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), encabezada por Rosario Piedra, por no haber realizado un escrutinio sólido e independiente del poder Ejecutivo.

El informe, difundido por la organización internacional con sede en Estados Unidos, advierte que la actual presidenta Claudia Sheinbaum asumió el cargo en octubre de 2024 heredando problemas estructurales graves, entre ellos altos niveles de violencia criminal, desapariciones, abusos por parte de fuerzas armadas y un debilitamiento de instituciones clave del Estado.

HRW sustenta sus señalamientos en datos oficiales, reportes de organismos internacionales y documentación de organizaciones civiles, como Artículo 19 y comités de la ONU.

CNDH bajo la lupa: falta de contrapeso al poder

Uno de los puntos centrales del informe es la actuación de la CNDH durante el sexenio de López Obrador. HRW sostiene que, bajo la presidencia de Rosario Piedra, el organismo no ejerció un control efectivo ni crítico frente a las decisiones del gobierno federal.

Rosario Piedra Ibarra. Foto: Archivo/Especial

De acuerdo con el documento, esta falta de vigilancia contribuyó a debilitar la rendición de cuentas, la transparencia institucional y la protección de los derechos fundamentales, elementos considerados esenciales para el funcionamiento democrático.

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Reforma judicial y riesgos para la independencia de jueces

Human Rights Watch también alerta sobre la reforma judicial aprobada en septiembre de 2024 por el Congreso, con el respaldo tanto de López Obrador como de Claudia Sheinbaum.

La modificación constitucional obliga a todos los jueces del país a someterse a elecciones populares, cuyas primeras votaciones se realizaron el 1 de junio.

Para HRW, esta medida “podría socavar gravemente la independencia judicial”, al exponer a jueces y magistrados a presiones políticas y electorales, lo que pone en riesgo el Estado de derecho y la imparcialidad en la impartición de justicia.

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Violencia homicida: cifras que mantienen en alerta

En materia de seguridad, el informe precisa que la tasa oficial de homicidios en 2024 superó los 25 asesinatos por cada 100 mil habitantes, una de las más altas a nivel mundial.

El caso de Sinaloa es señalado de forma específica. Según cifras oficiales citadas por HRW, más de mil 800 personas fueron asesinadas en ese estado desde julio de 2024, tras el traslado y detención en Estados Unidos de un líder del Cártel de Sinaloa, hecho que detonó enfrentamientos internos entre facciones criminales.

ARCHIVO. El gobierno de Rubén Rocha detalla su estrategia ante la crisis de violencia que atraviesa Sinaloa. | Especial GH

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Desapariciones en México: un problema persistente y sin contención

El informe subraya que miles de personas continúan desapareciendo cada año en México. Para 2025, el registro oficial supera las 130 mil personas desaparecidas, cifra que incluye casos denunciados desde 1952.

HRW señala que, pese a la magnitud del problema, las autoridades no han adoptado medidas suficientes para prevenir las desapariciones ni para garantizar que los responsables enfrenten la justicia.

Un hallazgo ocurrido en 2025 en Jalisco refuerza la preocupación. Un grupo local de voluntarios reportó el descubrimiento de cientos de zapatos, prendas, restos humanos calcinados y presuntos hornos subterráneos en un rancho cercano a la ciudad de Guadalajara, un hecho que evidenció la dimensión del fenómeno.

El fiscal General, Alejandro Gertz Manero, presentó el primer informe  sobre el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco. | Especial GH

Observación inédita de la ONU y respuesta del gobierno

Por primera vez en su historia, el Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas inició un procedimiento especial bajo el artículo 34 de la Convención Internacional correspondiente, para analizar si la desaparición forzada en México es “generalizada o sistemática”.

Ante esta acción, la presidenta Claudia Sheinbaum negó que exista “desaparición forzada desde el Estado”, mientras que el presidente del Senado declaró que solicitaría a la ONU una “sanción” contra el titular del comité, postura que HRW considera preocupante por su impacto en la cooperación internacional.

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Periodistas y defensores, entre los grupos más vulnerables

El informe también documenta que México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. De acuerdo con datos de Artículo 19, siete periodistas fueron asesinados en 2025.

Además, entre enero y agosto de ese año, se registraron 51 casos de acoso judicial contra periodistas y críticos, iniciados por autoridades o personas vinculadas a ellas.

La situación de los defensores de derechos humanos tampoco mostró mejoras. En abril, fue localizado en Oaxaca el cuerpo de Sandra Domínguez, abogada indígena y defensora de derechos humanos que había sido reportada como desaparecida meses antes.

Un panorama que exige atención y seguimiento

El Informe Mundial 2026 de Human Rights Watch concluye que México enfrenta desafíos profundos que requieren atención urgente, voluntad política y fortalecimiento institucional.

La organización insiste en que garantizar derechos humanos, seguridad, justicia independiente y libertad de expresión no es solo una obligación internacional, sino una condición básica para la estabilidad democrática del país.

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