Cárteles se apoderan del negocio de los vapeadores en México tras la prohibición total con amenazas secuestros y un mercado negro que sigue creciendo, según AP

México. — En enero de 2025, con la reforma constitucional que incluyó a los vapeadores en el mismo párrafo que el fentanilo, México consumó la prohibición absoluta de su venta, importación, distribución y fabricación. La medida, defendida por el gobierno como una acción para proteger a la juventud, ha tenido un efecto inmediato: el crimen organizado se ha consolidado como el principal proveedor de estos dispositivos, desplazando a comerciantes legales y generando un mercado negro cada vez más violento, según AP.

Secuestros, amenazas y extorsiones

Desde 2022, los cárteles comenzaron a presionar a los dueños de tiendas de vapeadores en el norte del país. En algunos casos, trabajadores fueron secuestrados y obligados a entregar sus negocios, bajo la amenaza de represalias contra sus familias. Con la entrada en vigor de la prohibición, la situación se agravó: comerciantes que antes operaban en la legalidad ahora enfrentan el dilema de cerrar sus negocios o someterse al control del narco.

Un abogado que representa a empresarios del sector relató casos de intimidaciones y golpizas en estados como Sonora y Sinaloa, donde los comerciantes terminaron vendiendo mercancía suministrada por los cárteles para evitar problemas con las autoridades.

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Un mercado millonario en manos del narco

El negocio de los vapeadores, valuado en 1,500 millones de dólares anuales, se ha convertido en una fuente estratégica de ingresos para los grupos criminales. Según un informe de la ONG Defensors, el Cártel de Jalisco Nueva Generación ya cuenta con empresas dedicadas al reempaque de vapeadores asiáticos, mientras que el Cártel de Sinaloa y la Unión Tepito también participan en el mercado negro.

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Los dispositivos desechables, por su popularidad y bajo costo, son los favoritos de la delincuencia. Expertos advierten que, ante la falta de regulación, los productos pueden ser adulterados, aumentando el riesgo para los consumidores.

Corrupción y ambigüedades legales

La nueva ley establece penas de hasta ocho años de prisión para quienes comercialicen vapeadores, pero no especifica límites claros sobre la posesión para consumo personal. Esto abre la puerta a la extorsión policial, ya que las autoridades pueden interpretar la norma de manera discrecional.

Organizaciones civiles y abogados han denunciado que la prohibición “regala el mercado a grupos no estatales” en un país marcado por la corrupción y la violencia. Para muchos comerciantes, el temor no solo proviene del narco, sino también de las autoridades que podrían “plantar” dispositivos para incriminarlos.

Resultados y perspectivas

Un día después de la entrada en vigor de la prohibición, más de 50,000 vapeadores decomisados fueron exhibidos en el Zócalo de Ciudad de México como símbolo de la nueva política. Sin embargo, especialistas consideran que la medida es un retroceso, pues elimina una alternativa menos dañina frente al tabaquismo y fortalece el poder del crimen organizado.

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Mientras tanto, algunos consumidores realizan compras de pánico y otros vendedores intentan sobrevivir en la clandestinidad, operando únicamente por teléfono o mensajes, con la esperanza de pasar desapercibidos.