Luego de que una jueza falló a favor de Farías Laguna, vinculado a la red de huachicol que se reveló tras la llegada del megabuque de EEUU con millones de litros de diésel ilegal, y ordenó a la FGR entregar completa la investigación en su contra, la defensa acusó que incumplieron la orden judicial
La jueza de control Mariana Vieyra Valdez ordenó a la FGR entregar de forma íntegra los 20 tomos que conforman la carpeta de investigación abierta contra el vicealmirante Farías Laguna, dentro de la causa penal 325/2025.
La defensa de dos altos mandos de la Secretaría de Marina acusados de presuntamente encabezar una red de huachicol fiscal en aduanas marítimas del país denunció que la Fiscalía General de la República (FGR) no ha cumplido en su totalidad con la orden de una jueza federal que le exigía entregar los 20 tomos completos y sin testaduras de la carpeta de investigación del caso.
De acuerdo con información publicada por El Universal y con lo expuesto por el despacho Epigmenio Mendieta & Asociados, representantes legales del contraalmirante Fernando y del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, actualmente interno en el penal federal del Altiplano, la Fiscalía entregó de manera parcial el expediente, pese a un mandato judicial expreso que buscaba garantizar el derecho a una defensa adecuada y el debido proceso.
¿Qué ordenó exactamente la jueza a la FGR sobre la carpeta de investigación?
La jueza de control Mariana Vieyra Valdez ordenó a la FGR entregar de forma íntegra los 20 tomos que conforman la carpeta de investigación abierta contra el vicealmirante Farías Laguna, dentro de la causa penal 325/2025.
La resolución se emitió durante una audiencia de tutela de derechos celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, luego de que la defensa denunciara que la Fiscalía había entregado información incompleta, con documentos testados y sin permitir el acceso al expediente original.
Durante la audiencia, la jueza fue clara al señalar que la Fiscalía no puede decidir de manera unilateral qué partes del expediente mostrar y cuáles ocultar, cuando se trata del derecho de defensa.
¿Cómo afirma la defensa que la FGR incumplió la orden judicial?
Según el despacho Epigmenio Mendieta & Asociados, la resolución judicial establecía que la FGR debía entregar los 20 tomos completos, sin testaduras y en su totalidad.
Sin embargo, la defensa aseguró que la Fiscalía solo entregó cuatro de los seis tomos que estaban pendientes, lo que, a su juicio, representa un incumplimiento directo a lo ordenado por la autoridad judicial.
Además, acusó que la FGR no ha fijado fecha ni hora para que la defensa pueda recabar las entrevistas de cinco analistas de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes hacen referencia a un supuesto video que hasta el momento no ha sido puesto a disposición de los abogados.
¿Por qué este incumplimiento afecta el derecho de defensa?
La defensa sostuvo que la actuación de la FGR vulnera diversas obligaciones procesales, al impedir que los imputados conozcan todas las pruebas y actuaciones en su contra.
En palabras del propio despacho legal:
La transparencia no es una concesión de la Fiscalía, es una obligación legal; el debido proceso no admite atajos, y la tutela de derechos sí funciona cuando existe control judicial efectivo”.
Para los abogados, no contar con el expediente completo limita la posibilidad de analizar pruebas, contrastar versiones y construir una defensa informada.
¿Qué debía entregar la FGR según la resolución judicial?
De acuerdo con lo resuelto por la jueza, la Fiscalía estaba obligada a:
- Entregar los 20 tomos completos de la investigación.
- Permitir el acceso a la carpeta original sin testaduras.
- Justificar cualquier intento de reserva de información ante un juez, mediante una audiencia privada.
- Aunque algunas copias podrían estar testadas, el expediente original debía ponerse a la vista sin ocultamientos.
La jueza fijó como plazo el próximo martes, cuando la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) debía permitir el acceso al expediente en sus instalaciones del centro del país.
¿Qué es el caso del megabuque Challenge Procyon y por qué es clave?
El caso del megabuque Challenge Procyon es considerado el punto de partida público de las investigaciones federales sobre huachicol fiscal.
El buque arribó a un puerto del Golfo de México con un cargamento declarado como “aditivos” o insumos industriales, productos que no pagan IEPS ni altos impuestos de importación. Sin embargo, análisis técnicos posteriores indicaron que en realidad se trataba de diésel.
Esta discrepancia permitió a las autoridades detectar que combustible estaba ingresando al país bajo clasificaciones falsas, lo que facilitaba la evasión fiscal y el movimiento de grandes volúmenes de hidrocarburos fuera del control normal.
¿Qué irregularidades se detectaron tras el arribo del buque?
Las investigaciones posteriores documentaron:
- Inconsistencias entre lo declarado y el producto real.
- Diferencias en los volúmenes reportados en pedimentos.
- Problemas en la trazabilidad del combustible asegurado.
A partir de este caso, la FGR amplió sus indagatorias hacia otras embarcaciones, empresas intermediarias, rutas marítimas y nodos logísticos, al considerar que no se trataba de un hecho aislado, sino de un posible esquema organizado de contrabando.
¿Qué es el huachicol fiscal y cómo opera?
El huachicol fiscal se diferencia del robo tradicional de combustible porque se basa en fraude documental y evasión de impuestos, no en tomas clandestinas.
Opera principalmente mediante:
- Clasificación falsa de hidrocarburos como otros productos.
- Uso de pedimentos irregulares.
- Evasión del IEPS y otros gravámenes.
- Participación de empresas fachada y rutas internacionales.
Este mecanismo permite que combustible importado se venda en el país sin pagar impuestos, lo que genera pérdidas fiscales, distorsiones en el mercado y riesgos en el control portuario y energético.
¿Cómo se relaciona este esquema con el vicealmirante Farías Laguna?
Tras el caso Challenge Procyon, la Fiscalía enfocó sus investigaciones en redes completas de operación y protección, no solo en cargamentos específicos.
En ese contexto, la FGR señala al vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna como presunto integrante de una estructura que habría facilitado el ingreso, traslado y manejo de cargamentos ligados al huachicol fiscal.
Por ello, la carpeta que la jueza ordenó transparentar incluye información sobre buques, cargamentos, análisis técnicos, actores involucrados y posibles rutas, considerados el núcleo de la investigación.
¿Por qué esta resolución es relevante para otros procesos penales?
Porque refuerza un principio central del sistema de justicia: nadie puede defenderse plenamente sin acceso total a la investigación en su contra.
En términos prácticos, el fallo subraya que:
- La FGR está obligada a compartir íntegramente las carpetas.
- La reserva de información debe ser excepcional y estar justificada ante un juez.
- La tutela de derechos es una vía efectiva para reclamar irregularidades durante una investigación penal.
La defensa de los hermanos Farías Laguna adelantó que continuará ejerciendo las acciones legales correspondientes para que se cumpla lo ordenado por la autoridad judicial y se garantice el debido proceso.
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