La incertidumbre laboral sacude a las maquiladoras de Juárez tras la quiebra de First Brands y la confirmación de que el Centro Federal de Conciliación ya vigila que las indemnizaciones a los trabajadores se cumplan bajo el estricto rigor de la ley

Juárez. — El ecosistema industrial de Ciudad Juárez enfrenta uno de sus desafíos más complejos en este inicio de año. La declaración de quiebra del corporativo First Brands Group ha puesto en jaque la estabilidad de miles de empleados que operan en las seis plantas del grupo en la región. Ante el temor de un cierre desordenado, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) ha tomado cartas en el asunto, estableciendo canales de comunicación directos con las empresas involucradas para asegurar que el fin de la relación laboral se realice con total transparencia.

¿Qué empresas están involucradas en el proceso de liquidación?

El impacto de la bancarrota alcanza a un espectro amplio de la manufactura automotriz en la frontera. Según los datos confirmados por el titular del CFCRL, Enrique Zertuche, y documentados por NetNoticias, las plantas que forman parte de este corporativo y que están bajo vigilancia son:

• Hopkins y Centric Parts.
• Break Parts (BPI) y Cardone.
• Autolight y Tridonex.

Hasta el momento, representantes de BPI han sido los primeros en entablar diálogo con la autoridad federal, confirmando que ya ha comenzado el proceso de indemnización de trabajadores, aunque aún no se ha precisado si el recorte será total o parcial para el resto de las unidades de negocio.

México

Mientras la mayoría de habitantes cumplen con el pago del predial, el PRI y PAN acumulan millonarios adeudos por sus edificios y la Tesorería de Ciudad Juárez ya los está presionando para liquidar sus deudas

¿Cómo pueden los trabajadores proteger su liquidación?

La autoridad federal ha sido enfática: ningún trabajador debe firmar convenios de terminación sin antes conocer el monto exacto que le corresponde por ley. El Centro Federal de Conciliación ha habilitado asesoría gratuita e imparcial para que cada empleado sepa cuánto debe recibir por concepto de prima de antigüedad, vacaciones, aguinaldo proporcional y la indemnización constitucional correspondiente. La recomendación oficial es acercarse a las oficinas ubicadas en la avenida Gómez Morín 7045, local 12, para recibir una orientación que evite acuerdos desventajosos frente a la empresa.

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¿Cuál es la postura de la autoridad ante la quiebra corporativa?

Enrique Zertuche, titular de la dependencia, ha señalado que el objetivo es evitar que la crisis financiera del corporativo en el extranjero se traduzca en una violación de derechos en suelo mexicano. La autoridad está actuando como mediadora para que los empleadores presenten sus convenios de terminación de manera legal y procedan al pago inmediato de lo que dicta la Ley Federal del Trabajo. La imparcialidad del Centro busca que, a pesar de la situación de bancarrota, el eslabón más débil de la cadena productiva no quede desprotegido ante la liquidación de activos.

¿Qué deben hacer los empleadores en este escenario de crisis?

El llamado no es solo para el personal, sino también para las gerencias de las maquiladoras. El CFCRL exhorta a las empresas de First Brands a no actuar de manera unilateral. La elaboración de convenios bajo la supervisión federal garantiza que la empresa cumpla con sus obligaciones y cierre sus ciclos operativos sin enfrentar futuras demandas laborales masivas que complicarían aún más su situación legal en México.

¿Qué futuro le espera al sector maquilador en Juárez tras este golpe?

Aunque la quiebra de un corporativo de este tamaño genera una onda de choque en la economía local, la intervención oportuna de la Secretaría del Trabajo y el CFCRL busca mitigar el impacto social. En este 2026, la vigilancia sobre el cumplimiento de los derechos laborales en las empresas de exportación es más estricta que nunca, especialmente bajo el marco de las cláusulas laborales del T-MEC. La resolución de este conflicto servirá como un termómetro para medir la capacidad de respuesta de las instituciones mexicanas ante crisis corporativas transnacionales que afectan directamente el sustento de las familias fronterizas.