Presión social obliga a la SCJN a frenar camionetas de lujo: qué dijeron los ministros y qué propone el Senado
La Suprema Corte decidió no usar las camionetas de lujo adquiridas tras la presión social y el debate público sobre austeridad. La senadora Laura Itzel Castillo reconoció que la inconformidad ciudadana fue clave en el cambio de postura.

México. — La decisión de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de no utilizar camionetas de lujo recientemente adquiridas no fue un acto aislado ni administrativo. De acuerdo con la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, esta medida ocurrió tras la presión social, las protestas ciudadanas y la reacción pública que generó la compra de estos vehículos en un contexto de política de austeridad.
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La postura fue expresada por la senadora de Morena en entrevista retomada por El Diario MX citando a Reforma, donde reconoció que la inconformidad social influyó directamente en el cambio de rumbo. La discusión abrió un nuevo debate público: cómo deben usarse los recursos en el Poder Judicial y quién debe decidirlo.
¿Por qué la Suprema Corte decidió no usar las camionetas?
Laura Itzel Castillo afirmó que la determinación de los ministros se dio después de que la compra se volviera tema de crítica pública, tanto en medios como entre la ciudadanía.
“Desde luego que hay presión con relación a las compras que se hicieron de estos vehículos y la protesta que se dio por parte de diferentes medios y de la población en torno a la política de austeridad”, declaró.
La senadora sostuvo que, aunque los ministros argumentaron que la compra representaba un ahorro frente a la renta de vehículos, la reacción social cambió el escenario.
Con relación a los vehículos adquiridos, ministras y ministros de esta #scjn informan su decisión de no utilizarlos; asimismo, solicitarán que se inicie el proceso correspondiente para su devolución o, en su caso, ponerlos a disposición de personas juzgadoras que enfrentan…
— Suprema Corte (@SCJN) January 25, 2026
¿Qué generó inconformidad entre la población?
La molestia pública se centró en dos puntos:
- La adquisición de camionetas de lujo por parte de ministros.
- El contraste con el discurso oficial de austeridad en el servicio público.
Castillo reconoció que el tema tocó directamente la percepción ciudadana sobre el uso del dinero público y la congruencia de los altos funcionarios.
“Me parece bien”, expresó al referirse a la decisión de no usarlas.
¿Qué propone el Senado que se haga con esos vehículos?
La presidenta del Senado señaló que lo deseable sería que las camionetas se devuelvan o se reasignen, especialmente para tareas que sí lo ameriten.
Planteó que podrían entregarse a: “algunos juzgadores que estuvieran haciendo las labores que tienen que ver con cuestiones delicadas”.
Con ello, abrió la posibilidad de que los vehículos no queden en desuso, sino que sean utilizados en funciones donde exista mayor justificación operativa o de seguridad.
Ahora resulta que el mártir de Tepoztlán @fernandeznorona por fin se dio cuenta que algunos funcionarios requieren de camionetas blindadas.
— Vicente Gálvez (@Vicente_Galvez) January 24, 2026
No es que no lo viera con los otros ministros, era por ser zalamero y agradar al mentirosillo de Macuspana… 👇 pic.twitter.com/ubcgSTG1l0
¿Los ministros argumentaron ahorro?
Sí. De acuerdo con lo mencionado por Castillo, uno de los planteamientos iniciales de la Corte fue que la compra resultaba más barata que la renta, y que incluso se hablaba de ahorros estimados por mil millones de pesos.
Sin embargo, la senadora subrayó que, más allá del argumento financiero, la decisión final fue política y social.
“Finalmente yo creo que la decisión que se tomó fue importante”, afirmó.
¿Por qué este tema es relevante para la ciudadanía?
Porque involucra:
- Uso de recursos públicos
- Congruencia con la política de austeridad
- Transparencia en el Poder Judicial
- Capacidad de la presión social para generar cambios
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El caso demuestra que las decisiones institucionales no ocurren en el vacío y que la reacción ciudadana puede modificar políticas internas, incluso en órganos autónomos como la Suprema Corte.
Llamado a la participación
Castillo reconoció que las manifestaciones y la discusión pública fueron determinantes, lo que refuerza la importancia de la vigilancia social sobre el ejercicio del poder.
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