Jueza falló a favor del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, vinculado a la red de huachicol que se reveló tras la llegada del megabuque de EEUU con millones de litros de diésel ilegal, y ordenó a la FGR entregar completa la investigación en su contra

La jueza de control Mariana Vieyra Valdez ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) entregar de forma íntegra los 20 tomos de la carpeta de investigación iniciada contra el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, señalado por su presunta participación en una red de huachicol fiscal.

La resolución se emitió durante una audiencia de tutela de derechos celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, donde la juzgadora concluyó que la Fiscalía había entregado a la defensa información incompleta, con documentos testados y sin permitir el acceso a la carpeta original.

La información fue dada a conocer por El Universal y por el despacho Epigmenio Mendieta & Asociados, que encabeza la defensa del exmando naval, actualmente interno en el penal federal del Altiplano.

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¿Por qué la jueza ordenó transparentar todo el expediente?

Durante la audiencia, la jueza sostuvo que la actuación de la Fiscalía limitó el derecho de defensa, al entregar solo partes del expediente y negar el acceso a los documentos originales.

Por ello, ordenó a la FGR, a través de su Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), transparentar por completo la indagatoria dentro de la causa penal 325/2025, para que el imputado pueda conocer todas las pruebas y actuaciones en su contra.

La jueza estableció que la Fiscalía no puede decidir de forma unilateral qué información mostrar y cuál ocultar cuando se trata del debido proceso.

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¿Qué tendrá que entregar ahora la FGR?

De acuerdo con lo resuelto en audiencia, la FGR deberá:

• Entregar a la defensa los 20 tomos completos de la investigación.
• Permitir el acceso a la carpeta original sin testaduras.
• Justificar ante un juez cualquier intento de reservar información, mediante audiencia privada.

Aunque las copias podrán ser testadas en algunos casos, el expediente original deberá ponerse a la vista sin ocultamientos.

La jueza fijó que será el próximo martes cuando la FEMDO deba dar acceso a la carpeta en sus instalaciones del centro del país.

¿Qué más se revisará en la próxima audiencia?

Ese mismo día, la autoridad deberá pronunciarse sobre los analistas cuyas entrevistas fueron solicitadas por la defensa, un punto que forma parte de las solicitudes para ampliar el conocimiento del expediente.

Esta etapa será clave para definir cómo continúa la estrategia legal y qué información podrá ser utilizada en los siguientes actos del proceso.

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¿Qué dijo la defensa del vicealmirante?

En un comunicado, el despacho Epigmenio Mendieta & Asociados afirmó que la carpeta de investigación no puede seguir oculta y que cualquier reserva deberá pasar por control judicial.

“El fallo deja un mensaje inequívoco: la transparencia no es una concesión de la Fiscalía, es una obligación legal; el debido proceso no admite atajos, y la tutela de derechos sí funciona cuando existe control judicial efectivo”, indicó la defensa.

¿Qué fue el caso del megabuque Challenge Procyon y por qué es importante en esta investigación?

El caso del megabuque Challenge Procyon es considerado el punto de partida público de las investigaciones federales sobre huachicol fiscal.

Su llegada a un puerto del Golfo de México encendió las alertas cuando autoridades detectaron que el buque transportaba un cargamento declarado como “aditivos” o insumos industriales, productos que no pagan IEPS ni altos impuestos de importación. Sin embargo, análisis técnicos posteriores indicaron que en realidad se trataba de diésel.

Esa discrepancia reveló que combustible estaba ingresando al país bajo clasificaciones falsas, lo que permitía evadir impuestos y mover grandes volúmenes de hidrocarburos fuera del control fiscal normal.

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¿Qué irregularidades se detectaron tras el arribo del buque?

Las revisiones posteriores al arribo del Challenge Procyon permitieron a las autoridades documentar:

• Inconsistencias entre lo declarado y el producto real.
• Diferencias en volúmenes reportados en pedimentos.
• Problemas en la trazabilidad del combustible asegurado.

A partir de este caso, la FGR amplió sus indagatorias hacia otras embarcaciones, empresas intermediarias, rutas marítimas y nodos logísticos, al considerar que el buque no representaba un hecho aislado, sino una posible parte de un esquema organizado de contrabando.

¿Qué es el huachicol fiscal y cómo opera?

A diferencia del huachicol tradicional —asociado al robo de combustible de ductos—, el huachicol fiscal se basa en fraude documental y evasión de impuestos.

Opera principalmente mediante:

• Clasificación falsa de hidrocarburos como otros productos.
• Uso de pedimentos irregulares.
• Evasión del IEPS y otros gravámenes.
• Participación de empresas fachada y rutas internacionales.

Este mecanismo permite que combustible importado se venda en el país sin pagar los impuestos correspondientes, lo que genera pérdidas fiscales, distorsiones en el mercado y riesgos en materia de control portuario y energético.

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¿Cómo se relaciona este esquema con el vicealmirante Farías Laguna?

Las indagatorias abiertas tras el caso del Challenge Procyon llevaron a la FGR a investigar redes completas de operación y protección, no sólo cargamentos aislados.

Dentro de esa línea, la Fiscalía señala al vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna como presunto integrante de una estructura que habría facilitado ingresos, traslados y manejo de cargamentos ligados al huachicol fiscal.

Por ello, la carpeta que hoy la jueza ordenó transparentar incluye información sobre buques, cargamentos, análisis técnicos, actores involucrados y posibles rutas, que forman el núcleo del caso.

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¿Por qué esta resolución es relevante para otros procesos penales?

Porque refuerza un principio central del sistema de justicia: ninguna persona puede defenderse plenamente si no tiene acceso completo a la investigación en su contra.

En términos prácticos, el fallo subraya que:

• La FGR está obligada a compartir íntegramente las carpetas.
• La reserva de información debe ser excepcional y justificada ante un juez.
• La tutela de derechos es una vía efectiva para reclamar irregularidades durante una investigación.