Mientras el vicealmirante Roberto Farías Laguna está buscando seguir en la Armada a pesar de estar preso por operar una red de huachicol fiscal ligada a 31 buques de combustible ilegal desde EEUU, se reveló que él y su hermano, también acusado, siguieron activos y cobrando en la Marina
A Farías Laguna se le acusa de encabezar una red de corrupción dentro de la Secretaría de Marina que facilitaba la entrada a México de combustibles importados desde Estados Unidos sin pagar los impuestos correspondientes, en un esquema conocido como huachicol fiscal.
A Farías Laguna se le acusa de encabezar una red de corrupción dentro de la Secretaría de Marina que facilitaba la entrada a México de combustibles importados desde Estados Unidos sin pagar los impuestos correspondientes, en un esquema conocido como huachicol fiscal. — El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, preso desde septiembre de 2025 por su presunta participación en una red de contrabando de combustibles y “huachicol fiscal”, está actualmente en tribunales para impedir que la Secretaría de Marina (Semar) lo dé de baja del servicio activo.
La situación ha generado múltiples procesos legales y pone en el centro del debate un esquema de tráfico de combustible a gran escala que involucró a altos mandos de la Marina, aduanas federales y empresas privadas.
Información oficial de la Semar y reportes de medios como Reforma y LatinUs muestran que el caso combina procesos penales, administrativos y recursos de amparo, en medio de un contexto más amplio de huachicol fiscal que ha sido investigado por varias autoridades en México.
¿Qué se le imputa a Manuel Roberto Farías Laguna?
A Farías Laguna se le acusa de encabezar una red de corrupción dentro de la Secretaría de Marina que facilitaba la entrada a México de combustibles importados desde Estados Unidos sin pagar los impuestos correspondientes, en un esquema conocido como huachicol fiscal.
Este delito no solo implica contrabando, sino la evasión de impuestos como el IEPS mediante la manipulación de los documentos de importación para declarar gasolina o diésel como productos con menor gravamen, como aditivos para lubricantes.
Según investigaciones periodísticas y judiciales, esta organización habría permitido la descarga de decenas de buques con combustible ilegal en aduanas como Altamira y Tampico entre 2024 y 2025, implicando operaciones que suman millones de litros de hidrocarburo.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha señalado que la red permitió la introducción ilegal de 31 buques cargados de combustible, y persigue penas de entre 30 y 60 años de prisión para los implicados.
¿Qué es el huachicol fiscal y por qué es relevante en este caso?
El término huachicol fiscal se refiere al tráfico ilegal de combustibles importados que evaden el pago de impuestos, a diferencia del huachicol tradicional que consiste en el robo directo de gasolina o diésel de ductos.
Este esquema se aprovecha de manipular registros aduanales, fracciones arancelarias y declaraciones de mercancía, para hacer pasar combustible por otro producto, reduciendo impuestos como el IEPS y generando importantes pérdidas fiscales.
El caso del vicealmirante Farías Laguna está directamente relacionado con este tipo de ilícito, pues el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) confirmaron que, por ejemplo, el buque Challenge Procyon, decomisado en marzo de 2025, ingresó con más de 20 millones de litros de diésel que se declaró falsamente como aditivo para lubricantes, lo que habría generado una evasión fiscal calculada en más de 190 millones de pesos.
¿Cuál es la situación judicial actual de Farías Laguna?
Después de ser detenido y recluido en el penal del Altiplano desde septiembre de 2025, la Semar inició en octubre de ese año un procedimiento administrativo para darlo de baja del servicio activo.
Farías Laguna, sin embargo, no aceptó la decisión y sus abogados presentaron una demanda de amparo primero en noviembre, la cual fue desechada por “notoria improcedencia”, y luego un nuevo amparo en enero de 2026 específicamente para impugnar su baja.
El caso está en manos de jueces federales que deberán determinar si procede mantenerlo en activo mientras se resuelven los procesos penales y administrativos.
La defensa también ha cuestionado aspectos administrativos sobre su situación laboral, mientras que la Semar continúa con sus procedimientos internos.
¿Qué otros implicados están relacionados con la red?
La investigación no se limita a Farías Laguna. Su hermano, el contraalmirante Fernando Farías Laguna, también está señalado por los mismos delitos, pero permanece prófugo desde septiembre de 2025.
Además, en la trama han sido detenidos otros marinos, funcionarios aduanales y empresarios implicados en facilitar la entrada y descarga de combustible ilegal.
Diversas autoridades han señalado que esta red operó en múltiples puertos, presuntamente colocando a personal de confianza en posiciones clave para asegurar la salida de la mercancía sin revisión exhaustiva, y gestionando sobornos para evitar controles aduanales estrictos.
¿Cómo se vinculó el caso con el buque Challenge Procyon?
El Challenge Procyon es considerado el primer caso mediático que permitió destapar la red de huachicol fiscal. En marzo de 2025, este buque llegó al puerto de Tampico con una carga declarada como aditivos para lubricantes, pero tras una revisión se determinó que transportaba diésel.
Posteriormente, elementos de la Marina, la FGR y la Secretaría de Seguridad decomisaron aproximadamente 10 millones de litros en predios cercanos en Altamira.
Investigaciones fiscales posteriores revelaron que en realidad la embarcación había ingresado hasta 20.9 millones de litros, es decir, la mitad del combustible declarado se perdió sin que se estableciera oficialmente su destino, aumentando las dudas y la gravedad del esquema ilegal.
¿Qué impacto tiene este caso en México?
El desmantelamiento de esta red es considerado uno de los golpes más importantes contra la corrupción y el huachicol fiscal en el país en los últimos años.
El número de buques implicados, la escala de la evasión fiscal y la participación de altos mandos de la Marina y funcionarios aduanales han generado un debate sobre la integridad de las instituciones que regulan el comercio exterior y la seguridad nacional.
Además, el caso ha llevado a la FGR y otras autoridades a ampliar sus investigaciones en aduanas y puertos a nivel nacional, con el objetivo de evitar que este tipo de prácticas continúe afectando las finanzas públicas y la seguridad energética del país.
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