Tras 80 años de conflicto por tierras indígenas en Guanajuato, la disputa llega a su fin: Sheinbaum entrega el reconocimiento legal al ejido Nuevo Cruz del Palmar y habla del perdón histórico a pueblos originarios

GUANAJUATO — La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo puso fin este domingo a un conflicto agrario histórico que se prolongó por más de 80 años entre comunidades indígenas, al encabezar la entrega de la documentación oficial que da vida jurídica al ejido Nuevo Cruz del Palmar, en el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato.

El acto se realizó en esta nueva comunidad, ubicada a 12 kilómetros del centro histórico de San Miguel de Allende, y marcó el cumplimiento de uno de los compromisos del Plan de Justicia para los Pueblos Chichimeca y Otomí del Noreste de Guanajuato y del Semidesierto de Querétaro.

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Reconocimiento del Estado y pedido de perdón a los pueblos indígenas

Durante el evento, la mandataria subrayó que este paso representa un avance en el reconocimiento del Estado mexicano y en la petición de perdón a los pueblos indígenas por siglos de despojo, exclusión y opresión, en el marco de la Cuarta Transformación (4T).

“Es la resolución pacífica de un conflicto histórico y el reconocimiento de las tierras (indígenas). Así inició en su momento el presidente Andrés Manuel López Obrador… Inició con el Plan de Justicia del pueblo Yaqui. Inició pidiendo perdón no porque él hubiera cometido alguna atrocidad, sino por las atrocidades del pasar que se cometieron durante muchos años contra el pueblo yaqui. Y ese perdón se amplía a todos los pueblos originarios. Hay algunos que deben reconocer que deben pedir perdón. Y vamos a seguir insistiendo en ello”, dijo.

El nuevo ejido y la entrega de documentos oficiales

El ejido Nuevo Cruz del Palmar, con una extensión de 569 hectáreas, puso fin al conflicto histórico entre el ejido La Petaca y la comunidad de La Cruz del Palmar.

Durante el acto, la presidenta entregó el expediente agrario y el padrón vigente de ejidatarios del nuevo núcleo agrario, que ahora forma parte legalmente del municipio de San Miguel de Allende.

Un nuevo marco constitucional para los pueblos indígenas

La mandataria explicó que el Plan de Justicia se desarrolla en el contexto de la Cuarta Transformación, un momento histórico en el que, por primera vez desde la Independencia de México, la Constitución reconoce de manera plena a los pueblos indígenas y afrodescendientes como sujetos de derechos, con autonomía y capacidad de decisión sobre su territorio y su desarrollo.

Destacó que la reforma constitucional de 2024 incorpora de forma expresa estos derechos, como resultado de la lucha histórica de los pueblos y de una visión de Estado basada en el humanismo mexicano.

“Nunca se reconoció en esas tres constituciones a los pueblos indígenas…. Es ahora en la 4T, en el 2024, que en la Constitución están con todos sus derechos los pueblos indígenas, por primera vez en toda la historia, ahí se reconocen la autonomía de los pueblos, los derechos plenos de las comunidades indígenas”, dijo.

Avances del Plan de Justicia en la región

Entre los avances más relevantes, la presidenta destacó la resolución pacífica del conflicto agrario y la creación del ejido Nuevo Cruz del Palmar. A ello sumó la recuperación de la capilla del Puerto de Calderón, como parte del rescate del patrimonio cultural y espiritual de las comunidades.

En materia de bienestar social, señaló la construcción de cinco comedores escolares, la realización de un encuentro de parteras y la puesta en marcha del Centro de Excelencia en Partería y Bienestar en San Miguel de Allende, respaldado por una nueva normativa que reconoce el valor histórico y social del trabajo de las parteras.

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Apoyos sociales y presupuesto directo a comunidades

La mandataria informó que se han otorgado apoyos a 712 jóvenes a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, además de 1,123 apoyos de vivienda, y la incorporación de las comunidades a los programas de bienestar existentes y a los nuevos programas federales.

También destacó como avance estructural la implementación del Fondo para el Bienestar de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (FAISPIAM), un nuevo derecho ya reconocido en la Constitución, mediante el cual todas las comunidades indígenas y afrodescendientes reciben un presupuesto directo anual.

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