CIUDAD DE MÉXICO — El Gobierno de la Ciudad de México reforzó la aplicación de la prohibición de vapeadores con un operativo en el Centro Histórico, que derivó en el decomiso de más de 50 mil dispositivos y en el retiro de mercancía considerada ilegal de la vía pública.

Las acciones se realizaron un día después de que entrara en vigor a nivel nacional la prohibición constitucional de vapeadores, con el objetivo de cerrar espacios a su venta y distribución en zonas de alta afluencia.

En un acto a un costado de la Plaza de la Constitución, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, afirmó que no se permitirá la comercialización de productos ilegales en el primer cuadro de la ciudad.

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“El Centro Histórico debe estar libre de mercancía ilegal”, dijo.

Subrayó que el retiro de vapeadores responde a criterios de salud pública y de ordenamiento del espacio.

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Más de 50 mil dispositivos asegurados

De acuerdo con el gobierno capitalino, el operativo del 9 de enero permitió asegurar 50,376 vapeadores y cigarros electrónicos, tras el retiro de un puesto semifijo y el aseguramiento de una bodega ubicada en la calle de Peña y Peña, en el Primer Cuadro de la ciudad.

Estas acciones se suman al retiro previo de 24,572 productos considerados mercancía ilegal que se ofrecían en la zona.

Alrededor de 10 millones de pesos fuera del mercado

El secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, informó que la mercancía decomisada fue entregada a la Agencia de Protección Sanitaria (AGEPSA) para su destrucción.

Detalló que, con un precio estimado de entre 150 y 200 pesos por unidad, el aseguramiento representa alrededor de 10 millones de pesos fuera del mercado.

Durante el operativo también fue detenido un hombre de 26 años, a quien se le aseguraron dos armas y marihuana, por lo que fue remitido al Ministerio Público.

Cravioto hizo un llamado a comerciantes en vía pública a no vender artículos prohibidos, de contrabando o de posible procedencia ilícita, y advirtió que los operativos coordinados continuarán para impedir su ingreso al Centro Histórico.

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Salud pública y marco legal

La secretaria de Salud capitalina, Nadine Gasman Zylbermann, explicó que la reforma a la Ley General de Salud establece un marco claro frente a los vapeadores, al definirlos como dispositivos que vaporizan sustancias tóxicas, con o sin nicotina, que se inhalan directamente.

“No se trata de vapor inocuo”, enfatizó.

Alertó que estos productos generan adicción, son engañosos por sus sabores y presentaciones, y afectan de manera especial a niñas, niños y adolescentes, al interferir con su desarrollo neurológico y facilitar el inicio temprano de otras adicciones.

Gasman recordó que en México más de 14 millones de personas fuman, otras 14 millones están expuestas al humo de tabaco y 12 millones han usado alguna vez cigarrillos electrónicos. Cada año, añadió, el tabaco provoca 63,000 muertes prematuras, mientras que los padecimientos respiratorios se mantienen entre las principales cargas de enfermedad.

Enfoque penal: negocio, no consumo

La fiscal general de Justicia de la capital, Bertha Alcalde Luján, subrayó que la reforma no criminaliza a las personas ni persigue el consumo individual, pero sí prohíbe el negocio, el lucro y la comercialización de dispositivos con daños comprobables a la salud.

Señaló que retirar vapeadores de la vía pública es una acción preventiva para reducir su disponibilidad, evitar su normalización y cerrar espacios a mercados que lucran con vacíos regulatorios.

En el mismo sentido, el comisionado de Salud Mental y Adicciones, Francisco José Gutiérrez Rodríguez, afirmó que el gobierno no puede ser cómplice silencioso de este problema y respaldó el mensaje de cero tolerancia al consumo, distribución, comercialización y lucro de estas sustancias.

Continuarán los operativos

Las autoridades capitalinas reiteraron que los operativos continuarán como parte del proyecto de recuperación del Centro Histórico, con coordinación entre dependencias locales y federales, inspecciones sanitarias y acciones de seguridad para hacer cumplir la prohibición vigente y proteger la salud de la población.

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