Funcionarios del gobierno de Felipe Calderón, Pemex, Aduanas y empresarios fueron señalados de estar ligados a una red que revendió petróleo venezolano para evadir sanciones que EEUU impuso al gobierno de Maduro, y el Departamento del Tesoro dictó castigos
Una investigación periodística publicada por EMEEQUIS documentó vínculos accionarios y operativos entre exservidores públicos mexicanos y empresas sancionadas por el Departamento del Tesoro por participar en un esquema de reventa de crudo venezolano.

Una investigación de EMEEQUIS reveló que exfuncionarios del área energética, de aduanas y de la Oficina de la Presidencia aparecen conectados a la estructura financiera de Joaquín Leal Jiménez, señalado por autoridades de Estados Unidos como operador de una red de reventa de petróleo venezolano creada para evadir sanciones impuestas a la administración de Nicolás Maduro.
De acuerdo con el reportaje, estas conexiones se establecieron a través de participaciones accionarias y cargos directivos en empresas que intervinieron en operaciones de reventa de crudo de PDVSA en al menos 30 países, con un valor estimado de 300 millones de dólares.
La información se apoya en actas notariales, registros mercantiles, así como en investigaciones del Departamento del Tesoro de EEUU, el FBI, y en reportajes conjuntos de El País México y Armando.info.
¿Quién es Joaquín Leal y qué papel jugó en estas operaciones?
Según investigaciones de autoridades estadounidenses, Joaquín Leal Jiménez representó los intereses de empresas mexicanas que firmaron acuerdos con el gobierno venezolano y que después participaron en la reventa de petróleo.
El esquema inició en 2019 bajo la figura de un intercambio humanitario, pero, de acuerdo con el Departamento del Tesoro, evolucionó rápidamente hacia un mecanismo para colocar crudo venezolano en el mercado internacional, eludiendo las sanciones impuestas desde enero de ese año.
En junio de 2020, el Tesoro de EEUU sancionó a Leal, a las empresas involucradas y a personas ligadas a su operación por “operar en el sector petrolero venezolano y asistir a PDVSA en la evasión de sanciones”.

¿Qué empresas mexicanas aparecen en el centro del caso?
Las dos razones sociales señaladas de forma central son:
- Schlager Business Group (SBG)
- Libre Abordo
Ambas firmaron en julio de 2019 un acuerdo con la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex), entidad del gobierno de Maduro.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro y reportes del FBI, el convenio se presentó como un trueque humanitario:
- México enviaría 210 mil toneladas de maíz
- y 1,000 camiones cisterna para agua potable
- a cambio de alrededor de 2 millones de barriles de crudo de PDVSA
Las investigaciones oficiales señalan que el mecanismo derivó en un esquema de reventa de petróleo.
¿Qué exfuncionarios aparecen vinculados a Schlager Business Group?
Entre accionistas y directivos fundadores de SBG destaca Azereth Sandate Kuri, quien, de acuerdo con su perfil profesional y actas constitutivas consultadas por EMEEQUIS:
- Fue Directora General Adjunta de Administración y Directora de Enlace de la Oficina de la Presidencia entre 2007 y 2010, durante el gobierno de Felipe Calderón.
- Posteriormente, fue Secretaria Particular y Secretaria Técnica del Órgano Interno de Control de Pemex (2011-2013).
- Más tarde se incorporó al sector privado como directora jurídica en una consultora.
SBG fue constituida el 15 de noviembre de 2016 en el Estado de México. En su acta notarial se definió originalmente como una empresa de servicios profesionales, legales, administrativos, logísticos y financieros, sin que en su objeto social inicial apareciera el comercio de hidrocarburos.
En mayo de 2019, fueron nombradas como intermediarias del acuerdo con Corpovex Verónica Esparza García y su hija Olga María Zepeda Esparza.
Esta última también aparecería después como administradora de Libre Abordo.
¿Qué se sabe de Libre Abordo y quiénes la integraban?
Libre Abordo fue constituida el 10 de agosto de 2010 en la entonces Ciudad de México. Su objeto social incluía actividades de:
- Compra, venta, importación y exportación de mercancías
- Servicios de comercio exterior
- Operaciones de trueque e intercambio compensado
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Sus copropietarios iniciales fueron:
- Karen Isabel Vergara Olvera
- Pedro Trejo Vargas
De acuerdo con perfiles profesionales citados por EMEEQUIS:
- Vergara Olvera fue funcionaria federal en áreas de Auditoría de Comercio Exterior y Aduanas del SAT y también trabajó en el Instituto Sonorense de la Mujer.
- Trejo Vargas fue coordinador de asesores y administrador en distintas áreas de la Administración General de Aduanas entre 1999 y 2006, además de ocupar cargos en la Secretaría de Economía.
En agosto de 2019, Olga María Zepeda Esparza fue designada administradora única de Libre Abordo, en fechas coincidentes con el rol de su madre como gerente en SBG.
¿Qué papel tuvieron autoridades mexicanas según otros reportajes?
Una investigación conjunta de El País México y Armando.info documentó que Joaquín Leal y las empresas involucradas habrían recibido el visto bueno del entonces subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes Zúñiga, integrante del equipo de Marcelo Ebrard en la Secretaría de Relaciones Exteriores y actual secretario de Economía.
El reportaje señala que “Leal y Reyes se reunieron al menos dos veces en restaurantes de Ciudad de México antes de que se cerrase el acuerdo entre Libre Abordo y Corpovex”.
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¿Qué sanciones impuso el gobierno de Estados Unidos?
En junio de 2020, el Departamento del Tesoro de EEUU sancionó a:
- Libre Abordo
- Schlager Business Group
- Joaquín Leal Jiménez
- Olga María Zepeda Esparza
- Verónica Esparza García
La medida se basó en que operaron en el sector petrolero venezolano y ayudaron a PDVSA a evadir sanciones vigentes desde enero de 2019.
Las sanciones implican bloqueo de bienes, prohibición de transacciones con personas estadounidenses y restricciones financieras internacionales.

¿Qué significa este caso para el lector y por qué importa?
Este caso muestra cómo estructuras empresariales creadas en México fueron utilizadas en esquemas internacionales para mover petróleo sancionado, y cómo exfuncionarios públicos aparecen vinculados a esas redes.
Para el lector, este tipo de investigaciones permite entender:
- Cómo operan los mecanismos financieros para evadir sanciones.
- Por qué las autoridades internacionales siguen el rastro de empresas y socios, no solo de gobiernos.
- Cómo los vínculos entre sector público y privado pueden tener consecuencias legales fuera de México.
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También deja claro que las sanciones económicas internacionales no se limitan a países, sino que alcanzan a personas físicas y morales que participen en estos esquemas.
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