Diputados buscan impulsar reforma a la Ley General de Salud para proteger a más de 40 mil médicos residentes y garantizar un pago mensual mentras realizan sus prácticas

La diputada federal Liliana Ortiz Pérez, del Partido Acción Nacional (PAN), presentó una iniciativa para garantizar una remuneración económica obligatoria y digna para todos los médicos residentes del país.

La propuesta busca modificar el artículo 95 de la Ley General de Salud, estableciendo el derecho de estos profesionales en formación a recibir un pago mensual por parte de las instituciones de salud donde realizan sus prácticas.

La iniciativa, turnada a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, plantea que todo médico en internado de pregrado o residente de especialización debe recibir una retribución mensual, “regular, suficiente y proporcional” a su carga horaria, que en ningún caso podrá ser inferior al salario mínimo mensual vigente.

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Este planteamiento confronta directamente una realidad ampliamente documentada por medios como El Universal: la precariedad económica en la que se forman miles de especialistas, quienes, a pesar de ser pieza clave en la operación de hospitales públicos, carecen de garantías laborales y económicas definidas.

En su exposición de motivos, Ortiz Pérez detalla que, si bien el artículo 4º constitucional consagra el derecho a la salud y a la educación, y existe un sistema nacional de becas, ninguna ley secundaria contempla de manera explícita y obligatoria a los médicos residentes como sujetos de este apoyo.

Asimismo, señala que la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, aunque promueve el apoyo al posgrado, no incluye específicamente a la residencia médica como un campo prioritario.

“La residencia médica no es un curso teórico. Es una modalidad intensiva de formación que implica una relación práctica, presencial y continua con los pacientes”, argumentó la legisladora.

Los residentes participan en turnos extenuantes de 24 a 36 horas continuas en urgencias, quirófanos y guardias, además de cargas administrativas y de investigación, siendo esenciales para el funcionamiento cotidiano de la red hospitalaria pública

De acuerdo con cifras oficiales citadas en la iniciativa, en México se forman anualmente más de 40 mil residentes en especialidades como medicina interna, pediatría, cirugía y ginecología, entre otras.

Sin embargo, la falta de un marco jurídico unificado ha derivado en esquemas de compensación desiguales e insuficientes entre instituciones, generando incertidumbre y, en muchos casos, la deserción por motivos económicos.

El Consejo de Salubridad General y la Asociación Nacional de Médicos Residentes han señalado en foros anteriores que la falta de remuneración justa es un desincentivo para la especialización y afecta la equidad en el acceso, pues solo quienes cuentan con respaldo económico familiar pueden afrontar los años de residencia.

La reforma, de aprobarse, otorgaría certeza jurídica a los residentes, buscando “dignificar la formación médica especializada y fomentar la equidad territorial e intergeneracional en el acceso a especialidades”.

Con esto, México se alinearía con estándares internacionales donde la residencia médica es reconocida como una etapa formativa con derechos laborales y económicos plenos.

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La discusión en la Comisión de Salud se anticipa crucial para el futuro de la formación de especialistas en el país y para la sostenibilidad del propio Sistema Nacional de Salud, que depende de su trabajo.

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La iniciativa puso sobre la mesa una deuda histórica con quienes, en palabras de la diputada Ortiz Pérez, “son el presente y el futuro de la salud pública en México”.