Reforma por abuso sexual se discutirá en 2026: qué cambia en la ley y cómo se castigará el delito

La Cámara de Diputados alista para 2026 la discusión de una reforma al Código Penal Federal en materia de abuso sexual, una iniciativa que busca actualizar la definición del delito, reforzar el enfoque en el consentimiento y ampliar las sanciones y medidas de reparación para las víctimas. El dictamen, enviado por el Senado de la República, plantea cambios de fondo que responden a demandas sociales acumuladas y a compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano para prevenir y sancionar la violencia sexual.

De acuerdo con lo informado por el diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, el análisis legislativo se realizará durante el periodo ordinario de sesiones de 2026, una vez que la minuta remitida por el Senado sea incluida formalmente en la agenda de la Cámara baja. La información fue expuesta por el propio legislador y forma parte de la Agenda Legislativa 2026 de Morena, así como de los documentos enviados por la Cámara Alta.

¿Cuándo y por qué se discutirá la reforma por abuso sexual?

La minuta fue enviada a la Cámara de Diputados el 9 de diciembre de 2025 por el Senado de la República. Según explicó Monreal Ávila, el calendario legislativo establece que su discusión se lleve a cabo en 2026, como parte de los temas prioritarios relacionados con derechos humanos y seguridad.

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El objetivo central de la reforma es actualizar el marco legal para que el delito de abuso sexual esté claramente definido, sea perseguido con mayor eficacia y brinde mayor protección a las víctimas, en especial a mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Nueva definición de abuso sexual: el consentimiento como eje central

Uno de los cambios más relevantes está en la reforma al artículo 260 del Código Penal Federal, que propone una definición más amplia y clara del abuso sexual. La iniciativa fue presentada por las senadoras Laura Itzel Castillo Juárez y Martha Lucía Micher Camarena, así como por la diputada Anaís Miriam Burgos Hernández, todas integrantes de Morena.

El nuevo texto establece que el delito ocurre cuando no existe consentimiento, y precisa que:

El silencio, la pasividad o la falta de resistencia de la víctima no implicarán el consentimiento”.

Además, el consentimiento no podrá presumirse si la voluntad de la persona fue anulada o afectada por violencia, intimidación, engaño, amenazas, abuso de confianza, autoridad o situaciones de vulnerabilidad.

La propuesta también deja claro que cualquier acto sexual sin consentimiento constituye abuso, incluidos tocamientos, caricias o actos de contenido sexual explícito.

¿El abuso sexual puede ocurrir en espacios privados?

Sí. Uno de los puntos destacados de la reforma es que reconoce de forma expresa que el abuso sexual puede ocurrir tanto en el ámbito público como en el privado. Este cambio busca eliminar interpretaciones restrictivas que han dificultado la acreditación del delito cuando ocurre en entornos familiares, laborales o de confianza.

De acuerdo con Monreal Ávila, esta precisión evita cargas probatorias adicionales para las víctimas y amplía el alcance de la protección legal.

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Sanciones más severas y nuevas medidas obligatorias

La reforma también plantea modificaciones al artículo 266 Bis, que regula las agravantes del delito. Lejos de eliminarlas, el dictamen propone ampliarlas y clarificarlas.

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Las sanciones contempladas incluyen:

• Pena de prisión de tres a siete años
• Multa económica
• Talleres reeducativos con perspectiva de género y no violencia, o servicio social en beneficio del Estado
• Reparación integral del daño, conforme a la Ley General de Víctimas

La pena se agravará cuando el abuso sexual:

• Involucre violencia física, psicológica o moral
• Ocurra en lugares despoblados
• Exista una relación de parentesco, confianza, autoridad o dependencia, ya sea laboral, educativa, deportiva, artística o religiosa

Investigación sin denuncia previa de la víctima

Otro cambio relevante es que el delito de abuso sexual será perseguido de oficio, lo que significa que las autoridades podrán iniciar la investigación sin necesidad de una denuncia previa de la víctima.

Este punto busca reducir barreras para el acceso a la justicia, especialmente en casos donde las víctimas enfrentan miedo, presión social o dependencia del agresor.

Protección a personas en situación de vulnerabilidad

La iniciativa subraya la obligación del Estado mexicano de proteger a quienes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad o frente a relaciones de poder desiguales. El enfoque está alineado con estándares internacionales en materia de derechos humanos y violencia de género.

Según explicó Monreal Ávila, la reforma busca garantizar el respeto a la integridad corporal, la autodeterminación sexual y la dignidad humana, como bases de la convivencia social.

Alineación con estándares internacionales de derechos humanos

La propuesta legislativa también responde a compromisos internacionales asumidos por México para prevenir, sancionar y erradicar la violencia sexual. Al redefinir el delito y ampliar su alcance, se busca que la legislación nacional sea congruente con los derechos de libertad sexual, integridad personal y libre desarrollo de la personalidad.

De este modo, la iniciativa es congruente con los valores estructurales del Estado mexicano y contribuye a una mayor protección de las víctimas”, concluyó Monreal Ávila.

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Claves de la reforma al Código Penal Federal por abuso sexual

• El abuso sexual se define por la ausencia de consentimiento
• El silencio o la falta de resistencia no significan consentimiento
• El delito puede ocurrir en espacios públicos o privados
• Se establecen penas de tres a siete años de prisión, multa y reparación del daño
• Habrá agravantes por violencia o relación de confianza
• El delito será investigado sin denuncia previa
• La reforma busca proteger especialmente a mujeres, niñas, niños y adolescentes

La discusión en 2026 marcará un momento clave para evaluar si estos cambios logran traducirse en una protección más efectiva y en un acceso real a la justicia para las víctimas de violencia sexual en México.