ONG exigen respeto a la libertad de expresión tras imputación contra reportero en Veracruz

La detención y judicialización del reportero Rafael León Segovia en Veracruz generó una reacción inmediata de organizaciones de comunicadores y defensores de derechos humanos, quienes pidieron a las autoridades garantizar el respeto a la libertad de expresión, el debido proceso y la transparencia en el caso.

El comunicador, especializado en la fuente policial, fue detenido el 24 de diciembre en Coatzacoalcos y enfrenta cargos graves, lo que encendió alertas entre ONG nacionales e internacionales.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz confirmó que formuló imputación en su contra, mientras que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que ya da seguimiento al caso.

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Qué cargos enfrenta el periodista Rafael León Segovia

De acuerdo con la FGE de Veracruz, se formuló una imputación ante un juez de control del Distrito Judicial de Coatzacoalcos contra Rafael “N”, con base en el artículo 311 del Código Penal del estado.

Aunque la fiscalía no precisó el delito en su comunicado oficial, dicho artículo corresponde al delito de “terrorismo”, el cual contempla penas de hasta 30 años de prisión cuando se considera que una conducta produce “alarma, temor o terror en la población”.

Además, al comunicador se le imputan los delitos de encubrimiento por favorecimiento y contra las instituciones de seguridad pública. Tras su detención, se le impuso la medida de prisión preventiva oficiosa. La audiencia de continuación fue programada para este 26 de diciembre.

Qué piden las ONG y organizaciones de periodistas

Tras conocerse el arresto, diversas organizaciones de comunicadores hicieron un llamado público para que el proceso judicial:

• Respete el ejercicio periodístico
• Garantice la libertad de expresión
• Sea transparente y apegado a la ley

Las organizaciones subrayaron que la imputación de delitos graves contra un reportero puede generar un efecto inhibidor en la cobertura informativa, especialmente en temas de seguridad, por lo que pidieron a las autoridades actuar con cautela y claridad.

En este contexto, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH informó que se mantiene al tanto del caso, lo que coloca el proceso bajo observación internacional.

Qué dice la Fiscalía de Veracruz sobre la imputación

La FGE de Veracruz indicó que la imputación fue presentada conforme a derecho ante el juez de control correspondiente. En su comunicado, precisó que el procedimiento se basa en lo previsto por el Código Penal del estado, sin detallar públicamente los hechos que sustentan la acusación.

Hasta el momento, la fiscalía no ha difundido información adicional sobre las pruebas que sostienen los señalamientos contra el comunicador.

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La postura de la gobernadora Rocío Nahle

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, aseguró que el proceso penal no está relacionado con la libertad de expresión ni con el trabajo periodístico de Rafael León Segovia.

La mandataria sostuvo que en la entidad existe respeto al trabajo de los medios y afirmó que su administración ha permitido incluso “excesos” en la forma en que se publican algunas noticias sobre Veracruz.

Insistió en que el caso no guarda relación con la labor informativa del reportero y señaló que tanto la FGE como la Fiscalía General de la República (FGR) realizan investigaciones de manera conjunta y con apego a la ley.

“Para la ley todos somos iguales. No importa que sea periodista, reportero, profesionistas, carpinteros, para la ley todos somos iguales. Entonces la FGE junto con la FGR llevan investigaciones serias y quien tenga alguna prueba o evidencias, es donde se va a actuar”, declaró.

Un caso bajo observación nacional e internacional

El proceso contra Rafael León Segovia ocurre en un contexto en el que organizaciones civiles han advertido sobre los riesgos que enfrentan periodistas en México, especialmente aquellos que cubren temas de seguridad y violencia.

Mientras avanza el procedimiento judicial, ONG y colectivos de comunicadores reiteraron su exigencia de que las autoridades garanticen el debido proceso, eviten la criminalización del ejercicio periodístico y permitan que el caso se desarrolle con máxima transparencia, debido a sus posibles implicaciones para la libertad de prensa en Veracruz y en el país.