FGR dicta prisión preventiva a suegro y cuñado de Ivan Archivaldo Guzmán, detenidos en Jalisco por narcotráfico, posesión de armas y lavado de dinero

ALMOLOYA DE JUÁREZ, Estado de México.- Un Juez federal con sede en el penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, decretó formalmente prisión preventiva oficiosa en contra de Mario Lindoro E. y Mario Alfredo Lindoro N., identificados por la Fiscalía General de la República (FGR) como operadores financieros clave y familiares directos de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, uno de los líderes de la facción de “Los Chapitos”, del Cártel de Sinaloa.

La medida judicial, obtenida por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), se dictó luego de que ambos individuos fueran detenidos el pasado martes en el estado de Jalisco, durante un operativo conjunto ejecutado por las instituciones del Gabinete de Seguridad federal.

Según informes de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la captura se realizó sin incidentes en una zona residencial de alto perfil.

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Los Lindoro, cuñado y suegro respectivamente de “El Chapito” Guzmán, enfrentarán el proceso penal en prisión luego de que el juez calificara de legal su detención y determinara que existía un riesgo fundado de fuga y de que pudieran obstruir la investigación.

La defensa de los imputados ha solicitado la duplicidad del término constitucional para integrar la investigación adicional.

Los cargos: Narcotráfico, armamento y lavado

De acuerdo con el auto de vinculación a proceso, a Mario Lindoro E. se le imputa la probable responsabilidad en delitos contra la salud en su modalidad de posesión con fines de comercio (venta de clorhidrato de metanfetamina), posesión de arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, y operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).

En el caso de Mario Alfredo Lindoro N., las acusaciones son aún más graves. La FGR lo señala como probable responsable de los mismos delitos, pero añadiendo la variante de venta de fentanilo, el opioide sintético que ha causado una crisis de salud pública en Estados Unidos y cuya producción y tráfico son una prioridad en la agenda de seguridad bilateral, según reiterados comunicados de la Drug Enforcement Administration (DEA).

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La FGR mantiene una investigación abierta para ampliar la red de colaboradores y desentrañar los métodos específicos de lavado utilizados por este grupo delictivo.