Luego de que Sheinbaum dijo que Gas Bienestar podría desaparecer, Pemex se negó a dar información del presupuesto anual público que se invirtió, cuántos empleados tiene y si opera con ganancias o pérdidas, en medio de una solicitud de transparencia

En una respuesta formal a una solicitud de transparencia, Petróleos Mexicanos (Pemex) se negó a informar cuánto dinero público se ha invertido en Gas Bienestar, cuál es su presupuesto anual, cuántos empleados tiene y si el programa opera con pérdidas o ganancias.

La negativa ocurre pese a que el proyecto fue presentado como un programa social, utiliza infraestructura federal y es supervisado por el Gobierno.

La información fue dada a conocer por Reforma, a partir de documentos oficiales entregados por la empresa productiva del Estado.

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La falta de datos se da en un momento en el que el futuro de Gas Bienestar está en revisión, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum señalara que se evalúa su posible desaparición, bajo el argumento de que ya cumplió su objetivo de estabilizar el precio del gas LP.

¿Qué información solicitó la ciudadanía a Pemex?

La solicitud de acceso a la información buscaba conocer elementos básicos para evaluar el desempeño de Gas Bienestar, entre ellos:

• Monto de inversión pública destinada al programa
• Presupuesto anual de operación
• Número total de trabajadores
• Resultados financieros, es decir, si genera pérdidas o utilidades

Estos datos permiten medir el impacto real de un programa financiado con recursos del Estado y valorar si su operación es eficiente.

¿Por qué Pemex se negó a entregar los datos?

En su respuesta, Petróleos Mexicanos argumentó que revelar esa información expondría “información patrimonial, financiera, comercial y fiscal” que podría afectar sus ventajas competitivas.

La empresa sostuvo que Gas Bienestar es una filial de derecho privado y, por ello, no está sujeta a la Ley General de Transparencia, aunque reconoció que el programa es supervisado por el Gobierno federal y opera en un mercado regulado.

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El argumento legal usado por Pemex

Pemex también se amparó en el artículo 63 de la Ley General de Transparencia, que excluye a las filiales del carácter de entes paraestatales.

Bajo esta interpretación, la petrolera considera que Gas Bienestar no está obligada a transparentar información financiera detallada.

Sin embargo, en su propia respuesta, Pemex admitió que los datos solicitados sí deberían estar documentados conforme a la normatividad interna que rige a la empresa, aunque decidió reservarlos sin explicar por qué un programa social debe operar bajo criterios de confidencialidad similares a los de una empresa privada.

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¿Qué aspectos de Gas Bienestar siguen sin aclararse?

La negativa deja sin respuesta preguntas centrales para la evaluación pública del programa, como:

• Si Gas Bienestar opera con pérdidas o con utilidades
• Cuál ha sido el costo real para el erario
• Cuántas rutas de distribución tiene activas
• Si el programa se encuentra en expansión, reducción o cierre

La respuesta oficial no ofrece datos sobre inventarios, cobertura territorial ni resultados económicos.

¿Cuál es el futuro de Gas Bienestar?

Este año, la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que su gobierno analiza la continuidad del programa.

La mandataria señaló que Gas Bienestar habría cumplido su función principal de estabilizar el precio del gas LP, por lo que su permanencia está bajo evaluación.

Sin información pública sobre su desempeño financiero y operativo, el balance del programa permanece incompleto, lo que limita una discusión informada sobre su utilidad, costo y viabilidad a largo plazo.

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¿Por qué importa la rendición de cuentas?

Cuando un programa opera con dinero público, la transparencia permite conocer si los recursos se usan de forma eficiente y si los objetivos planteados se cumplieron.

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En el caso de Gas Bienestar, la decisión de Pemex de reservar información básica refuerza el debate sobre los límites entre las filiales de derecho privado y la obligación de rendir cuentas cuando se trata de políticas públicas financiadas por el Estado.