El cuerpo de José Pablo fue hallado en 2019 a cinco días de su desaparición, pero permaneció 6 años en la fosa común por descoordinación interinstitucional

TORREÓN, Coahuila.- Durante casi seis años, Olga Lidia Núñez Muñoz recorrió caminos, participó en marchas y revisó anexos, buscando a su hijo José Pablo Torres Núñez, desaparecido desde el 26 de noviembre de 2019.

Lo que ella ignoraba, mientras las autoridades de Coahuila le aseguraban no tener avances, era que la Fiscalía de Zacatecas había encontrado el cuerpo de su hijo cinco días después de su desaparición.

José Pablo había permanecido todo ese tiempo, sin nombre ni identidad, en una fosa común, víctima de la descoordinación y la negligencia institucional, tal como declaró su madre durante una entrevista a MILENIO.

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El hallazgo no llegó por un cruce de bases de datos oficiales, sino por un acto de solidaridad digital: familiares vieron una publicación del Servicio Médico Forense (Semefo) de Zacatecas en redes sociales con fotografías de personas no identificadas.

Allí, entre los rostros del olvido, estaba José Pablo. “No es posible que haya estado buscando por casi seis años y lo encontraron al quinto día... Fue algo que me dolió como no tiene idea”, expresó Olga Núñez, cuyo caso destapa la cruda realidad de la crisis forense nacional, donde más de 72 mil cuerpos aguardan identificación, según el informe “Crisis Forense en México” de IDHEAS Litigio Estratégico.

“En el expediente no había absolutamente nada”: El calvario burocrático

La odisea de Olga comenzó con la revictimización. Al denunciar en la Fiscalía de Coahuila, le insinuaron que su hijo “andaba en malos pasos”.

No obtuvo una copia de su propia denuncia hasta tres años después, con asesoría del Centro de Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”.

Al revisarla, el vacío fue atroz: “Para mi sorpresa, no había absolutamente nada de investigación”. La petición de una muestra de ADN fue atendida dos años tarde, y las pistas sobre su hijo en Zacatecas nunca fueron cruzadas, pese a que la distancia entre Coahuila y el municipio de Chalchihuites, donde fue hallado, es relativamente corta.

Ante el abandono institucional, Olga encontró refugio en el colectivo “Voz que Clama Justicia por Personas Desaparecidas”, liderado por Lucy López Castruita.

Fue en una de sus jornadas de la “Búsqueda Nacional en Vida”, revisando anexos y servicios forenses, donde comenzó a tejer la red de apoyo que culminaría con el amargo descubrimiento.

“Si hubiera coordinación entre Fiscalías o Semefos, no estaríamos sufriendo muchas personas y no habría tanta gente sin identificar”, sentenció.

El caso de José Pablo no es aislado. Lucy López Castruita confirmó que en lo que va del año, su colectivo ha logrado identificar a tres personas que llevaban años en fosas comunes de distintos Semefos, descubiertas por canales no oficiales.

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Esta situación evidencia el colapso del sistema forense y la falta de voluntad para implementar protocolos de búsqueda e identificación homologados, como los previstos en la Ley General en Materia de Desaparición.

La creación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense ha avanzado a paso mínimo, mientras miles de familias siguen buscando entre un mar de expedientes inertes y fosas saturadas.

Olga Núñez, hoy, ha renunciado a la justicia. “Si no lo pudieron encontrar, no van a encontrar a los culpables”, afirma con desgaste. Sin embargo, no renuncia a la solidaridad.

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Decide permanecer en el colectivo para apoyar a otras madres. Su mensaje es claro y surge de su propia experiencia: “He ahí la importancia de compartir las fotos. Sigan siendo nuestros ojos”.

José Pablo descansa finalmente en un lugar con nombre, tras un viaje de seis años por el infierno de la indiferencia estatal. Su historia es un epitafio vivo para las más de 72 mil almas que aún esperan, en el silencio de las fosas comunes, a que el sistema recuerde que alguna vez tuvieron un nombre.