Guadalupe Taddei encabeza propuesta para actualizar delitos y sanciones electorales rumbo a una reforma integral; esto se sabe hasta ahora

Ciudad de México. La presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, encabeza una iniciativa para fortalecer el marco legal electoral en México que será presentada a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral y previsiblemente al Poder Legislativo con la intención de actualizar y ampliar el catálogo de delitos y sanciones electorales, así como redefinir funciones de órganos clave como el propio INE y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), según el medio web Tiempo.com.mx.

En el documento, que según fuentes periodísticas está en poder del medio Excélsior, se enfatiza la necesidad de regular con mayor precisión fenómenos que han cobrado relevancia en los procesos democráticos modernos, entre ellos la violencia política —tanto física como digital— y la coacción al voto.

Objetivos y alcance de la propuesta

La iniciativa se plantea como un complemento a la reforma electoral en discusión, con varias materias clave:

México

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1. Catálogo ampliado de delitos electorales

Uno de los ejes centrales es perseguir y sancionar más conductas que atenten contra el proceso democrático, como la violencia política en redes sociales, la manipulación de propaganda digital y la coacción del voto. Esto incluye manifestaciones de violencia que no están claramente tipificadas en las leyes actuales y que, según especialistas, afectan la autenticidad de la voluntad ciudadana.

2. Regulación de violencia política digital

La nueva propuesta busca incorporar expresamente en la normativa la violencia política ejercida en espacios digitales, un fenómeno que ha crecido con el uso generalizado de redes sociales y plataformas electrónicas para influir en la opinión pública y en las decisiones de votantes.

3. Uso de Inteligencia Artificial (IA)

Dentro de la discusión también se contempla cómo integrar y regular el uso de tecnologías avanzadas, incluida la inteligencia artificial, tanto para facilitar los procesos electorales como para protegerlos de usos indebidos que puedan distorsionar la competencia o la transparencia.

4. Paridad en cargos ejecutivos y gubernaturas

Otra materia relevante es la ampliación de la paridad de género para que no solo se aplique a legislaturas, sino también a gubernaturas y otros cargos ejecutivos, con el objetivo de garantizar mayor igualdad política entre mujeres y hombres.

5. Protocolos de protección e indemnización de víctimas

El documento considera protocolos para protección de quienes son víctimas de ataques o violencia política, así como mecanismos de indemnización cuando se demuestre que dichos actos afectaron sus derechos políticos.

Redefinición de funciones de INE y OPLES

Además de actualizar el catálogo de delitos, la propuesta contempla evaluar y redefinir el modelo electoral actual, lo que incluye revisar con mayor claridad las funciones del INE y de los OPLES para asegurar que su acción sea más efectiva, coordinada y pertinente a las necesidades del contexto político actual.

Este análisis se da en un momento en que diversos actores han planteado la necesidad de modernizar el sistema electoral mexicano no solo en lo normativo, sino también en su funcionamiento y en la colaboración entre órganos electorales locales y nacionales.

Propuestas ciudadanas y académicas complementarias

El INE también ha recibido propuestas de distintos actores técnicos y sectoriales para enriquecer el proceso de reforma. Entre estas iniciativas destacan:

• Documentos de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana y de la Asociación Mexicana de Fiscalías Electorales, que plantean la actualización del catálogo de delitos electorales, fortalecimiento de fiscalías especializadas y mayor autonomía técnica para sancionar conductas que afectan los procesos democráticos.
• Propuestas de la Asociación Mexicana de Consejeras y Ex Consejeras Estatales Electorales (AMCEE), enfocadas en la participación política de las mujeres, la violencia política en razón de género, la paridad en gubernaturas y la incorporación de medidas específicas para pueblos originarios.
• Documentos técnicos entregados por el Colegio de Ejecutivos Electorales de México, que sugieren fortalecer a los OPLES, clarificar financiamiento y evitar barreras administrativas que puedan obstaculizar procesos democráticos eficientes.

Opinión pública sobre la reforma

Encuestas recientes muestran que la ciudadanía está atenta a la discusión. Por ejemplo, una encuesta de El Financiero indicó que una mayoría de mexicanos ve como objetivo prioritario de la reforma electoral garantizar elecciones libres y equitativas, por encima de otros objetivos como reducir costos.

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Esto refleja que el debate no solo se limita a tecnicismos legales, sino también a la percepción social sobre la confianza en las instituciones y la calidad democrática del país.

Contexto político y debate actual

La discusión sobre la reforma electoral ha sido tema recurrente entre autoridades y sociedad civil. Aunque algunos sectores defienden una actualización profunda del marco normativo para fortalecer la democracia participativa, otros advierten sobre posibles riesgos de concentración de poder o afectación a la autonomía del INE.

En 2025, diversas voces políticas, incluyendo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, han planteado la necesidad de una reforma electoral, aunque la mandataria ha recibido críticas por su enfoque y por acusar al INE de “extralimitarse” en funciones en algunos procesos de escrutinio,

Próximos pasos en la agenda legislativa

Una vez que el documento sea entregado a Pablo Gómez, titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, se espera que sirva como base técnica para el debate legislativo en el Congreso de la Unión.

El debate sobre la reforma electoral continuará en 2026 como parte del proceso legislativo ordinario y extraordinario, y podría incluir audiencias públicas, consultas técnicas entre autoridades electorales, partidos políticos y sociedad civil, así como sesiones conjuntas de comisiones legislativas antes de ser dictaminado y, eventualmente, enviado al pleno para su votación.

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