INE diseña reforma electoral para corregir fallas en listas, campañas y cómputos de la elección judicial; plantea cambios a la Constitución y leyes vigentes

La primera elección para integrar al Poder Judicial dejó problemas operativos, legales y logísticos que el Instituto Nacional Electoral (INE) busca corregir antes de que se repita el proceso en 2027. Para ello, el organismo redactó una propuesta de mejora normativa que plantea cambios a la Constitución y a distintas leyes electorales.

El objetivo es resolver errores detectados en la organización, el registro de candidaturas, el periodo de campañas y el conteo de votos, de acuerdo con el documento enviado al Consejo General y citado por el portal de noticias Milenio.

El proyecto será discutido y ajustado en el seno del Consejo General y, posteriormente, entregado en enero a la Comisión Presidencial de la Reforma Electoral.

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INE pide mover la elección judicial de 2027 por riesgos logísticos y conflictos legales

Con ello se busca que el próximo proceso judicial federal ocurra sin los vacíos legales, restricciones y confusiones que marcaron la jornada pasada.

¿Qué problemas detectó el INE en la primera elección judicial?

El instituto detectó tres grupos principales de complicaciones:

• Listas de candidaturas con errores enviadas por el Senado, sin posibilidad legal de regresarlas para correcciones.
• Falta de herramientas para verificar antecedentes de aspirantes o para garantizar la paridad antes de la jornada electoral.
• Restricciones de campaña que limitaron el derecho de las candidaturas a darse a conocer.
• Topes de gastos mal definidos, que tuvieron que ajustarse horas antes de iniciar campañas.
• Un calendario de cómputos saturado, incompatible con elecciones simultáneas de todos los cargos.

El entonces presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, reconoció públicamente los errores en la entrega de listas al afirmar que “somos humanos y nos podemos equivocar”.

Nuevos requisitos para aspirantes: antecedentes penales y deudores alimentarios

Para la etapa de convocatoria, el INE plantea agregar requisitos básicos para evitar que avancen perfiles con impedimentos legales. La propuesta incluye:

• Constancia de no antecedentes penales.
• Certificado de no adeudo alimentario.

Estos documentos permitirían al INE asegurar desde el inicio que todas las personas postuladas cumplen condiciones mínimas para competir.

Listas con errores: facultad para regresarlas al Senado

Una de las modificaciones más relevantes es que el INE pueda devolver las listas de candidaturas al Senado cuando contengan errores, inconsistencias o cuando no respeten la paridad.

En la elección reciente, la lista enviada llegó con fallas y sin paridad. La ley actual impedía que el INE la regresara, lo que obligó a corregir resultados después de la jornada electoral para cumplir con el principio constitucional.

Con el cambio propuesto, los ajustes se harían antes del día de la votación.

Paridad: evitar cambios de última hora

El INE pide que se establezca con claridad que los Comités de Evaluación deben entregar listas equilibradas entre mujeres y hombres. De no hacerlo, la autoridad electoral tendría la facultad legal de corregir o regresar los listados.

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INE propone mover la elección judicial a septiembre y sancionar a autoridades que frenen la fiscalización de campañas

Esto evitaría repetir el escenario en el que, tras la votación, el Consejo General tuvo que modificar triunfos para restituir la paridad constitucional.

Organización del proceso: INE busca recuperar funciones

El instituto también propone que ya no se le excluya de tareas esenciales de organización, como la definición del marco geográfico electoral, necesaria para que cada persona vote por el juez que le corresponde.

En el proceso pasado, el Consejo de la Judicatura decidió no colaborar y ello complicó la distribución de casillas y listas nominales.

La propuesta busca que estas funciones queden explícitamente en manos del INE para evitar depender de otras instituciones.

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¿Qué cambiaría en las campañas?

El documento plantea ajustes para que las candidaturas sí puedan hacer actividades básicas de proselitismo. Entre los puntos principales:

Reuniones presenciales permitidas

El INE pide que la ley establezca de forma clara que se pueden realizar encuentros en calles y espacios públicos, siempre y cuando:

• no sean eventos masivos,
• se respete la austeridad, y
• el INE pueda supervisarlos.

Esto corregiría restricciones que, en la primera elección judicial, limitaron el contacto directo entre candidaturas y ciudadanía.

Topes de gastos de campaña adecuados al cargo

El INE propone reglas claras para topes de gasto específicos para cada puesto judicial, en lugar de usar el monto mínimo de candidaturas independientes a diputaciones, que es lo que marca la ley actual.

El Tribunal Electoral tuvo que aprobar nuevos topes horas antes del inicio del periodo de campañas, lo que generó incertidumbre.

Tiempos en medios: distribución centralizada por el Consejo General

Otro ajuste plantea que sea el Consejo General, y no cada candidatura individual, quien distribuya los tiempos de radio y televisión.

El marco vigente permite interpretar que cada aspirante tiene derecho a tiempos propios, lo que resulta impracticable ante la cantidad de perfiles participantes. El cambio permitiría una distribución ordenada y equivalente.

¿Cómo serían los cómputos distritales?

El documento recomienda posponer los cómputos distritales hasta 15 días después de la jornada electoral.

Si en 2027 se mantienen las elecciones simultáneas del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, se dará prioridad a:

1. elección presidencial,
2. elección legislativa,
3. elección judicial.

El INE advierte que, con el sistema actual, sería imposible contar todas las boletas en los tiempos vigentes.

¿Qué pasará si una candidatura ganadora renuncia?

La propuesta plantea que, cuando una persona ganadora renuncie, el INE pueda nombrar al segundo lugar para evitar vacantes y garantizar continuidad en los cargos.

¿Cuándo se discutirá esta propuesta?

La iniciativa se encuentra en proceso de análisis dentro del Consejo General. Con las observaciones de consejeras y consejeros, el documento será ajustado y entregado en enero a la Comisión Presidencial de la Reforma Electoral, donde se determinará si se incorporan los cambios a la legislación.